12 Marzo 2013
EN CONTRA. Los pequeños supermercadistas consideran que la tarjeta del Gobierno provocará distorsiones. LA GACETA / FOTO DE HECTOR PERALTA
BUENOS AIRES.- Las principales cadenas de electrodomésticos "se sumaron" ayer a la posibilidad de implementar una tarjeta "oficial" para realizar compras, que impulsa la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno, según informaron fuentes oficiales. "Las cadenas de electrodomésticos se sumaron a la tarjeta", indicaron desde Comercio Interior, aunque que no aclararon si se tratará de una tarjeta única excluyente.
La posibilidad de instrumentar una obligatoriedad de operar con una sola tarjeta de crédito en los hipermercados y supermercados sigue generando reacciones a favor y en contra. La tarjeta de crédito serviría como una inmensa base de datos en tiempo real para monitorear el cumplimiento del congelamiento de precios. La intención es que su uso se extienda también a las principales cadenas de electrodomésticos, e inclusive a las estaciones de servicio de YPF. La tarjeta única, también conocida como "Súper Card", estaría fondeada por el Banco Nación, y se armaría un fideicomiso con aporte de los propios supermercados para lanzar el plástico.
La Federación de Almaceneros, Autoservicios y Polirrubros de Buenos Aires (FABA) rechazó esta opción y pidió que se baje el gasto público y la presión fiscal. "Esta imposición, además de ser excesiva en cuanto a la facultad reglamentaria que otorga la Constitución para el ejercicio del comercio, traería como consecuencia distorsiones perjudiciales a distintos sectores económicos y sociales", observó la entidad. Destacó que este mecanismo "implica una violación a la Ley de la Competencia, ya que el empleo de una única tarjeta para ese sector y la eliminación de las demás, implicaría un direccionamiento de los consumidores para que concreten sus compras en las grandes superficies comerciales en detrimento de los demás comercios minoristas, lo cual es injusto y contrario a disposiciones legales vigentes".
Sin embargo, el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, apoyó la iniciativa. "Creo que el Estado debe ser una empresa testigo en una cantidad de aspectos", subrayó. "Hay que buscar un mecanismo para que bajen las comisiones de las tarjetas hacia el sector productivo, porque sino hay una transferencia del sector productivo al sector financiero", opinó Cornide.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, consideró que el proyecto impulsado por el Gobierno es visto "con mucho interés" en el sector de los grandes comercios. (DyN-Especial)
La posibilidad de instrumentar una obligatoriedad de operar con una sola tarjeta de crédito en los hipermercados y supermercados sigue generando reacciones a favor y en contra. La tarjeta de crédito serviría como una inmensa base de datos en tiempo real para monitorear el cumplimiento del congelamiento de precios. La intención es que su uso se extienda también a las principales cadenas de electrodomésticos, e inclusive a las estaciones de servicio de YPF. La tarjeta única, también conocida como "Súper Card", estaría fondeada por el Banco Nación, y se armaría un fideicomiso con aporte de los propios supermercados para lanzar el plástico.
La Federación de Almaceneros, Autoservicios y Polirrubros de Buenos Aires (FABA) rechazó esta opción y pidió que se baje el gasto público y la presión fiscal. "Esta imposición, además de ser excesiva en cuanto a la facultad reglamentaria que otorga la Constitución para el ejercicio del comercio, traería como consecuencia distorsiones perjudiciales a distintos sectores económicos y sociales", observó la entidad. Destacó que este mecanismo "implica una violación a la Ley de la Competencia, ya que el empleo de una única tarjeta para ese sector y la eliminación de las demás, implicaría un direccionamiento de los consumidores para que concreten sus compras en las grandes superficies comerciales en detrimento de los demás comercios minoristas, lo cual es injusto y contrario a disposiciones legales vigentes".
Sin embargo, el presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, apoyó la iniciativa. "Creo que el Estado debe ser una empresa testigo en una cantidad de aspectos", subrayó. "Hay que buscar un mecanismo para que bajen las comisiones de las tarjetas hacia el sector productivo, porque sino hay una transferencia del sector productivo al sector financiero", opinó Cornide.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, consideró que el proyecto impulsado por el Gobierno es visto "con mucho interés" en el sector de los grandes comercios. (DyN-Especial)
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