Por Jorge Figueroa
11 Marzo 2013
Taxativas fueron las instrucciones que, desde el Gobierno, se bajaron para la realización de algunos espectáculos artísticos. El director Oli Alonso lo puso de relieve cuando le contó a LA GACETA de qué manera se eligió a la obra "Esperando la carroza" para el comienzo de la temporada del Teatro Estable. "La propuesta fue una búsqueda conjunta en base a varios requerimientos hechos por la Dirección de Teatro del Ente Cultural. La obra elegida debía contener a casi todos los actores del Elenco Estable, debía ser un texto de autor y raigambre nacional y debía ser una comedia".
Pero no se trata únicamente del teatro. Entre los objetivos del Salón Nacional Tucumán se puede leer: "apoyar la actividad de los artistas de todo el país, a través de un certamen abierto y gratuito que estimule la creación, desarrollo y producción basados en la apropiación, recreación y representación del imaginario local, regional y nacional; contribuir al desarrollo de una identidad, que sometida de manera permanente a un proceso de cuestionamiento y reconstrucción es motivo de producción artística".
Queda claro, pues, que tanto en un caso como en otro existe una verdadera bajada de línea, con la que se puede estar o no de acuerdo, pero que abre la discusión sobre la legitimidad del Gobierno para condicionar fuertemente la producción artística.
¿Qué sucedería si una pintura o un grabado no representaran el imaginario local, regional o nacional? ¿Quién dispone y en base a qué ley o vara se mide ese imaginario, esa identidad? ¿Y qué si el director invitado por el Ente Cultural decidiera llevar al escenario un drama, supongamos, o una obra de autor extranjero?
Posiciones
El debate está planteado y no es una nimiedad, porque afecta a una de las áreas más sensibles de una comunidad.
Por un lado, puede parecer legítimo que un Estado, que dirige la cultura y el arte, tenga su propia política de exposición. En otras palabras, decidir qué se quiere mostrar y qué representar en un momento dado y de qué manera. Pero por el otro, ¿no afectan estas directivas la libertad en la creación artística que todos dicen defender?
Si se tratara de un teatro o de un museo privado otros serían los problemas, porque sus dueños o directores tienen el derecho de apostar a determinada estética o prácticas artísticas.
De lo que hablamos es, ni más ni menos, de la poderosa estructura de representación simbólica que posee el Gobierno y que dirige a través del Ente Cultural, que, además, es solventada con los recursos de todos los ciudadanos. Un Ente que, se supone, debería respetar aquello de la libertad artística, y no limitarla o predeterminarla.
Lo expuesto, es una peligrosa incursión en los territorios del arte que no pueden ser invadidos por la propaganda, a menos que sean los propios artistas los que elijan ese camino.
Pero no se trata únicamente del teatro. Entre los objetivos del Salón Nacional Tucumán se puede leer: "apoyar la actividad de los artistas de todo el país, a través de un certamen abierto y gratuito que estimule la creación, desarrollo y producción basados en la apropiación, recreación y representación del imaginario local, regional y nacional; contribuir al desarrollo de una identidad, que sometida de manera permanente a un proceso de cuestionamiento y reconstrucción es motivo de producción artística".
Queda claro, pues, que tanto en un caso como en otro existe una verdadera bajada de línea, con la que se puede estar o no de acuerdo, pero que abre la discusión sobre la legitimidad del Gobierno para condicionar fuertemente la producción artística.
¿Qué sucedería si una pintura o un grabado no representaran el imaginario local, regional o nacional? ¿Quién dispone y en base a qué ley o vara se mide ese imaginario, esa identidad? ¿Y qué si el director invitado por el Ente Cultural decidiera llevar al escenario un drama, supongamos, o una obra de autor extranjero?
Posiciones
El debate está planteado y no es una nimiedad, porque afecta a una de las áreas más sensibles de una comunidad.
Por un lado, puede parecer legítimo que un Estado, que dirige la cultura y el arte, tenga su propia política de exposición. En otras palabras, decidir qué se quiere mostrar y qué representar en un momento dado y de qué manera. Pero por el otro, ¿no afectan estas directivas la libertad en la creación artística que todos dicen defender?
Si se tratara de un teatro o de un museo privado otros serían los problemas, porque sus dueños o directores tienen el derecho de apostar a determinada estética o prácticas artísticas.
De lo que hablamos es, ni más ni menos, de la poderosa estructura de representación simbólica que posee el Gobierno y que dirige a través del Ente Cultural, que, además, es solventada con los recursos de todos los ciudadanos. Un Ente que, se supone, debería respetar aquello de la libertad artística, y no limitarla o predeterminarla.
Lo expuesto, es una peligrosa incursión en los territorios del arte que no pueden ser invadidos por la propaganda, a menos que sean los propios artistas los que elijan ese camino.
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