La defensa solicitará que se filmen las sesiones

La batalla judicial entre el Poder Ejecutivo (PE) y los tres vocales de la Sala II de la Cámara Penal -que dejaron en libertad a los 13 imputados por el secuestro y promoción a la prostitución de María de Los Ángeles Verón- promete dejar pilas de escritos con presentaciones y pedidos de uno y otro lado. Arnaldo Ramón Ahumada, defensor del juez Alberto Piedrabuena que, junto con Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, integró el tribunal contra el que se lleva adelante un juicio político que podría derivar la destitución de los tres vocales, adelantó ayer que mañana presentará un escrito para solicitar la grabación televisiva de las audiencias.

La presentación de Ahumada surge luego de que -el jueves- la comisión de Juicio Político de la Legislatura, presidida por el alperovichista Sisto Terán, rechazó en forma unánime el pedido de la defensa para que las audiencias fueran públicas. Ese día, la comisión argumentó que tomaron esa decisión para evitar "politizar" el proceso.

El defensor de Piedrabuena también remarcó ayer que aún no recibieron ninguna notificación oficial por la decisión que se tomó en la Cámara. "Todavía no hemos sido notificados, salvo la información publicada por LA GACETA el día de ayer (viernes), sobre la suerte corrida por nuestro pedido acerca de que las audiencias de la comisión de Juicio Político debían realizarse con la presencia de la prensa y de las defensas. Pero sí se nos ha notificado formalmente que a partir del próximo martes comenzará el comparendo de los testigos propuestos por las partes", señaló.

En este sentido, también desestimó los fundamentos que dieron desde la comisión para no hacer lugar al pedido de que las audiencias fueran públicas. "No deja de sorprender el pueril argumento esgrimido por el secretario de la Comisión (el legislador Guillermo Gassenbauer) en el sentido de que la publicidad podría "politizar" el juicio político", agregó.

Luego Ahumada expuso los motivos por los que considera que se le debería haber dado lugar a la presentación que realizó el jueves junto con el abogado José Roberto Toledo. "Nuestra petición bajo ninguna circunstancia puede ser catalogada de molesta, impracticable, antojadiza y menos aún de novedosa, habida cuenta que: el nuevo edificio de la Legislatura cuenta con instalaciones más que suficientes para albergar la cantidad de personas que quisieran concurrir", subrayó.

Sumado a esto, explicó que la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, en el proceso que juzgó a los miembros de la llamada "Corte de la mayoría automática", dispuso que todas sus audiencias fueran públicas. Además, señaló que muchas de las audiencias del plenario del Consejo Asesor de la Magistratura nacional también son públicas.

La presentación de la defensa de los magistrados de la Sala II, según sostienen los letrados, busca garantizar un proceso lo más transparente posible. "Ante el grado de expectación que -hasta el cansancio- repitió Terán que tiene este caso; es mucho más transparente que la ciudadanía se entere de lo que ocurre tras esas paredes", analizó.