07 Marzo 2013
Afirman que Trimarco usó una denuncia inexistente
Según un informe judicial que exhibió el juez Romero Lascano, en el escrito presentado ante la Legislatura se menciona una prueba falsa. El titular de la sala II de la Cámara Penal advirtió que la madre de la joven desaparecida nunca denunció la presunta "compra de los jueces", como expuso ante la Cámara.
El juez Eduardo Romero Lascano, uno de los tres acusados por Susana Trimarco ante la Legislatura, sumó un nuevo elemento al ya enredado proceso de destitución en su contra. Según el magistrado, una de las pruebas aportadas por la madre de Marita Verón ante la comisión de Juicio Político de la legislatura, es inexistente.
El presidente de la sala II de la Cámara Penal precisó que en el punto 5.1.3 del escrito presentado por la presidenta de la Fundación María de los Ángeles ante la Legislatura figura una supuesta denuncia penal, formulada por Trimarco y con el patrocinio del abogado Carlos Gamendia, por la supuesta "compra de los jueces". Sin embargo, según pudo constatar el magistrado, no existe tal denuncia en la Fiscalía de Instrucción Penal de la IV Nominación, a cargo de Diego Alejo López Ávila.
El camarista detalló que, al tomar conocimiento de la prueba ofrecida por Trimarco, presentó el 26 de febrero un escrito poniéndose a disposición del fiscal, a los efectos de aportar cualquier información "para el hallazgo de la verdad". Lo curioso es que, según le respondieron tanto en Mesa de Entradas de los tribunales como en la Fiscalía IV, no existe la presunta denuncia ofrecida como elemento probatorio por Trimarco ante la comisión de Juicio Político.
Según un informe producido por la secretaria de la Fiscalía IV, Constanza Vázquez, tras una búsqueda en el sistema informático no se encuentra en esa sede denuncia "alguna" de Trimarco. De idéntica manera respondió al fiscal López Ávila la prosecretaria de la Mesa de Entrada Penal, Guillermina Panero de Iramain. "No se encontró el registro de denuncia que haya sido formulada por la señora Sara Susana del Valle Trimarco en vuestra fiscalía, según informe de computadora", contestó la funcionaria.
En debate
La controversia que genera esta prueba supuestamente inexistente ofrecida por Trimarco ante los legisladores será analizada hoy a las 18 por los integrantes de la comisión de Juicio Político. Además, esta polémica se suma a los entredichos mantenidos por abogados defensores de los magistrados y parlamentarios alperovichistas.
En sus descargos ante la comisión de Juicio Político, con alrededor de 600 fojas, los jueces que el 11 de diciembre absolvieron a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón citaron numerosa jurisprudencia y colaron veladas críticas al kirchnerismo y al alperovichismo. Es más, aunque con diferentes matices, los abogados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada (patrocinan a Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina), y Julio Rougés (en representación de Romero Lascano) transcribieron advertencias de los camaristas respecto de una intromisión del poder político sobre el Poder Judicial.
En los textos, incluso, los jueces aseguraron que el alperovichismo pretende ofrendar "sus cabezas" al kirchnerismo para atemorizar a los demás magistrados y avanzar con el proyecto de democratización del Poder Judicial. Esta iniciativa de la Casa Rosada, entre otros propósitos, persigue que los miembros del Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular.
El presidente de la comisión de Juicio Político, Sisto Terán, fue el primero en responder a los magistrados. "En nuestras manos no está la remoción de nadie. Son errores extraños, que me indican que están haciendo una especie de tiro al voleo. Yo tengo la obligación de decir que eso está mal", había expresado el legislador del PJ.
Ese órgano parlamentario dispone de 20 días hábiles para expedirse, según la ley 8.199, que regula el proceso de remoción de los magistrados no sujetos a juicio político. Ese plazo vencerá el 4 de abril. La intención del oficialismo es imprimir celeridad a ese trámite, como ya lo hizo respecto de la decisión de dar traslado a la presentación de Trimarco. En paralelo, la Justicia debe resolver planteos interpuestos por Romero Lascano y por Herrera Molina. El primero cuestiona la legitimidad del Jury, en tanto que el segundo objeta que Alperovich le haya rechazado la renuncia.
El presidente de la sala II de la Cámara Penal precisó que en el punto 5.1.3 del escrito presentado por la presidenta de la Fundación María de los Ángeles ante la Legislatura figura una supuesta denuncia penal, formulada por Trimarco y con el patrocinio del abogado Carlos Gamendia, por la supuesta "compra de los jueces". Sin embargo, según pudo constatar el magistrado, no existe tal denuncia en la Fiscalía de Instrucción Penal de la IV Nominación, a cargo de Diego Alejo López Ávila.
El camarista detalló que, al tomar conocimiento de la prueba ofrecida por Trimarco, presentó el 26 de febrero un escrito poniéndose a disposición del fiscal, a los efectos de aportar cualquier información "para el hallazgo de la verdad". Lo curioso es que, según le respondieron tanto en Mesa de Entradas de los tribunales como en la Fiscalía IV, no existe la presunta denuncia ofrecida como elemento probatorio por Trimarco ante la comisión de Juicio Político.
Según un informe producido por la secretaria de la Fiscalía IV, Constanza Vázquez, tras una búsqueda en el sistema informático no se encuentra en esa sede denuncia "alguna" de Trimarco. De idéntica manera respondió al fiscal López Ávila la prosecretaria de la Mesa de Entrada Penal, Guillermina Panero de Iramain. "No se encontró el registro de denuncia que haya sido formulada por la señora Sara Susana del Valle Trimarco en vuestra fiscalía, según informe de computadora", contestó la funcionaria.
En debate
La controversia que genera esta prueba supuestamente inexistente ofrecida por Trimarco ante los legisladores será analizada hoy a las 18 por los integrantes de la comisión de Juicio Político. Además, esta polémica se suma a los entredichos mantenidos por abogados defensores de los magistrados y parlamentarios alperovichistas.
En sus descargos ante la comisión de Juicio Político, con alrededor de 600 fojas, los jueces que el 11 de diciembre absolvieron a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón citaron numerosa jurisprudencia y colaron veladas críticas al kirchnerismo y al alperovichismo. Es más, aunque con diferentes matices, los abogados Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada (patrocinan a Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina), y Julio Rougés (en representación de Romero Lascano) transcribieron advertencias de los camaristas respecto de una intromisión del poder político sobre el Poder Judicial.
En los textos, incluso, los jueces aseguraron que el alperovichismo pretende ofrendar "sus cabezas" al kirchnerismo para atemorizar a los demás magistrados y avanzar con el proyecto de democratización del Poder Judicial. Esta iniciativa de la Casa Rosada, entre otros propósitos, persigue que los miembros del Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular.
El presidente de la comisión de Juicio Político, Sisto Terán, fue el primero en responder a los magistrados. "En nuestras manos no está la remoción de nadie. Son errores extraños, que me indican que están haciendo una especie de tiro al voleo. Yo tengo la obligación de decir que eso está mal", había expresado el legislador del PJ.
Ese órgano parlamentario dispone de 20 días hábiles para expedirse, según la ley 8.199, que regula el proceso de remoción de los magistrados no sujetos a juicio político. Ese plazo vencerá el 4 de abril. La intención del oficialismo es imprimir celeridad a ese trámite, como ya lo hizo respecto de la decisión de dar traslado a la presentación de Trimarco. En paralelo, la Justicia debe resolver planteos interpuestos por Romero Lascano y por Herrera Molina. El primero cuestiona la legitimidad del Jury, en tanto que el segundo objeta que Alperovich le haya rechazado la renuncia.
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