15 Febrero 2013
NO IRAN A PRISION. El juez desestimó que las docentes imputadas intenten entorpecer la investigación. TELAM
BUENOS AIRES.- El juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, le otorgó la eximición de prisión a las cinco docentes y a las autoridades del jardín Tribilín de San Isidro que están imputadas por el presunto maltrato de los niños. Las docentes Yanina Gogonza, Noelia Gallardo, la madre de Gogonza, Graciela Di Pascuale; y las dos dueñas del establecimiento, Noemí Núñez y Mariana Buchniv, por el momento no podrán ser detenidas, informaron hoy fuentes judiciales.
Los voceros aclararon que el fiscal a cargo de la causa, Franco Servidio, había solicitado el miércoles pasado la detención de las cinco, y no sólo de dos, como había trascendido ayer en los tribunales de San Isidro.
Al otorgarles la eximición de prisión, el juez Sal Lari no llegó a tratar el pedido de detención del fiscal, quien imputa a las docentes por el delito de "abandono de persona agravado".
La causa se inició con una denuncia del padre de unos de los nenas que concurría al jardín, quien, ante la sospecha de que su hija era maltratado, colocó un iPod con un grabador en su mochila, el cual registró todas las voces de las maestras.
El hombre se acercó primero al municipio y luego a la Policía, desde donde se difundieron las grabaciones que causaron indignación en el resto de los padres. A los pocos días de haber efectuado al denuncia, el fiscal ordenó un allanamiento en el jardín, donde secuestró documentación, ficheros y computadoras, al tiempo que revisó la zona de la pileta del establecimiento.
En esa pileta, según los audios, se habrían producido los malos tratos más graves cuando las maestras insultaban a los nenes y los amenazaban y encerraban por no querer estar allí. (Télam)
Los voceros aclararon que el fiscal a cargo de la causa, Franco Servidio, había solicitado el miércoles pasado la detención de las cinco, y no sólo de dos, como había trascendido ayer en los tribunales de San Isidro.
Al otorgarles la eximición de prisión, el juez Sal Lari no llegó a tratar el pedido de detención del fiscal, quien imputa a las docentes por el delito de "abandono de persona agravado".
La causa se inició con una denuncia del padre de unos de los nenas que concurría al jardín, quien, ante la sospecha de que su hija era maltratado, colocó un iPod con un grabador en su mochila, el cual registró todas las voces de las maestras.
El hombre se acercó primero al municipio y luego a la Policía, desde donde se difundieron las grabaciones que causaron indignación en el resto de los padres. A los pocos días de haber efectuado al denuncia, el fiscal ordenó un allanamiento en el jardín, donde secuestró documentación, ficheros y computadoras, al tiempo que revisó la zona de la pileta del establecimiento.
En esa pileta, según los audios, se habrían producido los malos tratos más graves cuando las maestras insultaban a los nenes y los amenazaban y encerraban por no querer estar allí. (Télam)
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