15 Febrero 2013
PROPIETARIAS. Integrantes de la Asociación de Jardines Maternales. LA GACETA / FOTO DE INéS QUINTEROS ORIO
"Queremos hacer las cosas bien, pero cuanto más nos esforzamos en cumplir con los requisitos del Ministerio de Educación, más presiones tenemos, y ningún beneficio. Mientras tanto, hay jardines maternales que abren sin control, no tienen personal docente, salvo la directora que no va nunca y funcionan en lugares que no son los apropiados. ¿Cómo hacen para pagar los sueldos, los aportes y los impuestos con una cuota de $ 250?", se pregunta un grupo de propietarias nucleadas en la Asociación Tucumana de Jardines Materno Infantiles.
La entidad está formada desde hace seis años bajo la presidencia de Graciela Klarik. Cuenta con 23 socios. "Los jardines maternales nos regimos por el decreto 255/5, de febrero de 2006. A nuestro juicio esta normativa tiene varias falencias, por ejemplo no se aclara bien cuál es el título habilitante que se exige al personal. Sí queda claro que las directoras tienen que tener 10 años de antigüedad como docentes de nivel inicial", explica la presidenta.
Lo que más preocupa a las docentes es la falta de control por parte del Ministerio de Educación a cerca de 200 jardines maternales que funcionan en la capital. Solamente cuatro tienen número de registro pero hay más de 60 en trámite. Marta Aybar, Gabriela Díaz, Maye de Plaza y María Julia D'Orta, que acompañaron a Klarik, apuntaron la escasez de recursos económicos para cumplir sobre todo uno de los tres requisitos necesarios para abrir una institución: la habilitación municipal (la da la Dipsa), la presentación de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la aprobación de los planos. "Esto último es lo más difícil, porque los maternales funcionan casi siempre en casas alquiladas. El plano que se exige es distinto y hacerlo cuesta $ 8.000, sin contar con los gastos para ponerlo en práctica", resaltan.
Las docentes critican el hecho de que algunas instituciones ni siquiera comenzaron los trámites, y sin embargo no son presionadas. Tampoco hay incentivo oficial: "tener el número de registro no te da ningún beneficio, ni para pedir alguna exención impositiva como la tienen otros colegios, porque los maternales no están incorporados a la enseñanza oficial", protestan.
La entidad está formada desde hace seis años bajo la presidencia de Graciela Klarik. Cuenta con 23 socios. "Los jardines maternales nos regimos por el decreto 255/5, de febrero de 2006. A nuestro juicio esta normativa tiene varias falencias, por ejemplo no se aclara bien cuál es el título habilitante que se exige al personal. Sí queda claro que las directoras tienen que tener 10 años de antigüedad como docentes de nivel inicial", explica la presidenta.
Lo que más preocupa a las docentes es la falta de control por parte del Ministerio de Educación a cerca de 200 jardines maternales que funcionan en la capital. Solamente cuatro tienen número de registro pero hay más de 60 en trámite. Marta Aybar, Gabriela Díaz, Maye de Plaza y María Julia D'Orta, que acompañaron a Klarik, apuntaron la escasez de recursos económicos para cumplir sobre todo uno de los tres requisitos necesarios para abrir una institución: la habilitación municipal (la da la Dipsa), la presentación de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la aprobación de los planos. "Esto último es lo más difícil, porque los maternales funcionan casi siempre en casas alquiladas. El plano que se exige es distinto y hacerlo cuesta $ 8.000, sin contar con los gastos para ponerlo en práctica", resaltan.
Las docentes critican el hecho de que algunas instituciones ni siquiera comenzaron los trámites, y sin embargo no son presionadas. Tampoco hay incentivo oficial: "tener el número de registro no te da ningún beneficio, ni para pedir alguna exención impositiva como la tienen otros colegios, porque los maternales no están incorporados a la enseñanza oficial", protestan.
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