Por Fernando García Soto
11 Febrero 2013
Cuentan que los cañeros necesitaron una hora y media para convencer totalmente al gobernador, José Alperovich, sobre la necesidad de que la actividad disponga de una ley que ayude a ordenar el caos en que se encuentra sumida desde hace un año. La posibilidad de que el precio mayorista del azúcar baje más de los actuales $ 130 por bolsa de 50 kilos y que en zona cañera de Tucumán se desate un drama social fueron los argumentos más sólidos para despertar el interés del mandatario en el sector que es pilar de la economía provincial. Tal vez por eso se decidió que el 21 del corriente será el día en que la Legislatura trate y apruebe el proyecto de ley de ordenamiento del sector azucarero de Tucumán.
En tiempos en que se cree que podría haber desabastecimiento de productos alimenticios en las góndolas de los supermercados, por efecto del congelamiento de precios que estableció el Gobierno nacional con las principales cadenas nacionales supermercadistas, pocos creen que pudiera faltar azúcar. Es que el azúcar sobra en el mercado, tanto que en plena interzafra, cuando los precios mayoristas del producto se tonifican por la escasez de oferta, los valores del producto se ubican en el mínimo posible, en $ 130 por bolsa de 50 kilos, cuando lo razonable sería un precio promedio de $ 230 por bolsa, similar a los máximos logrados antes del inicio de la molienda pasada. La crisis es la consecuencia de la falta de seriedad en el plano industrial del sector azucarero argentino, que en pleno siglo XXI arrastra viejas mañas del pasado, como no exportar lo comprometido, o estafar directamente a los cañeros con retenciones de azúcar para exportación que luego vuelcan al mercado interno. Esta práctica es doblemente deleznable, porque no sólo se le coloca un ancla al precio del azúcar, sino que quienes retienen y no exportan lucran financieramente con el dinero de los productores.
Alperovich por fin pareció entender que hoy en la actividad azucarera tucumana están todos prácticamente fundidos, tanto los de más baja escala como los más grandes. La situación crítica amenaza la recaudación provincial que genera el sector, pero también podría generar verdaderos problemas sociales en el área cañera de la provincia, como advirtieron los productores de UCIT, cosa demasiado mala, en especial para los políticos en un año electoral como el actual.
Sin entrar en tecnicismos, el anteproyecto de ley que elaboró el Poder Ejecutivo provincial, tras conocer la postura de cañeros e industriales de la provincia, propone la creación de un instituto que estará integrado por representantes de ambos grupos azucareros, y del Estado provincial. Según se desprende del texto preliminar de la ley, el novedoso organismo será una especie de "Policía" dentro del sector azucarero, que obligará a todos los factores a participar del esquema de exportaciones, incluidas aquellas empresas que durante años se despreocuparon por la necesidad de exportar excedentes o destinar caña para la elaboración de alcohol. Será todo un desafío para este instituto, si logra que firmen y cumplan la exportación los cuatro ingenios tucumanos que nunca exportan en el marco de los convenios que suscribe el sector, como son San Juan, La Corona, La Trinidad y Santa Rosa.
Lamentablemente, esta nueva etapa en la historia azucarera se iniciará con los factores disgregados, con cañeros que persiguen los mismos fines, pero que se hablan entre sí, y mucho menos con los dueños de ingenios, ámbito este último donde pareciera que todos se odian entre sí. Sería interesante que la ley no sólo sirva para obligar, sino también para despertar las inteligencias dormidas de los azucareros.
En tiempos en que se cree que podría haber desabastecimiento de productos alimenticios en las góndolas de los supermercados, por efecto del congelamiento de precios que estableció el Gobierno nacional con las principales cadenas nacionales supermercadistas, pocos creen que pudiera faltar azúcar. Es que el azúcar sobra en el mercado, tanto que en plena interzafra, cuando los precios mayoristas del producto se tonifican por la escasez de oferta, los valores del producto se ubican en el mínimo posible, en $ 130 por bolsa de 50 kilos, cuando lo razonable sería un precio promedio de $ 230 por bolsa, similar a los máximos logrados antes del inicio de la molienda pasada. La crisis es la consecuencia de la falta de seriedad en el plano industrial del sector azucarero argentino, que en pleno siglo XXI arrastra viejas mañas del pasado, como no exportar lo comprometido, o estafar directamente a los cañeros con retenciones de azúcar para exportación que luego vuelcan al mercado interno. Esta práctica es doblemente deleznable, porque no sólo se le coloca un ancla al precio del azúcar, sino que quienes retienen y no exportan lucran financieramente con el dinero de los productores.
Alperovich por fin pareció entender que hoy en la actividad azucarera tucumana están todos prácticamente fundidos, tanto los de más baja escala como los más grandes. La situación crítica amenaza la recaudación provincial que genera el sector, pero también podría generar verdaderos problemas sociales en el área cañera de la provincia, como advirtieron los productores de UCIT, cosa demasiado mala, en especial para los políticos en un año electoral como el actual.
Sin entrar en tecnicismos, el anteproyecto de ley que elaboró el Poder Ejecutivo provincial, tras conocer la postura de cañeros e industriales de la provincia, propone la creación de un instituto que estará integrado por representantes de ambos grupos azucareros, y del Estado provincial. Según se desprende del texto preliminar de la ley, el novedoso organismo será una especie de "Policía" dentro del sector azucarero, que obligará a todos los factores a participar del esquema de exportaciones, incluidas aquellas empresas que durante años se despreocuparon por la necesidad de exportar excedentes o destinar caña para la elaboración de alcohol. Será todo un desafío para este instituto, si logra que firmen y cumplan la exportación los cuatro ingenios tucumanos que nunca exportan en el marco de los convenios que suscribe el sector, como son San Juan, La Corona, La Trinidad y Santa Rosa.
Lamentablemente, esta nueva etapa en la historia azucarera se iniciará con los factores disgregados, con cañeros que persiguen los mismos fines, pero que se hablan entre sí, y mucho menos con los dueños de ingenios, ámbito este último donde pareciera que todos se odian entre sí. Sería interesante que la ley no sólo sirva para obligar, sino también para despertar las inteligencias dormidas de los azucareros.
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