08 Febrero 2013
Una nueva esquirla que sacudió el caso Verón se activará hoy, cuando el juez Emilio Andrés Herrera Molina presente un recurso de amparo contra la decisión del gobernador, José Alperovich, de rechazar su renuncia al cargo.
El magistrado integró, junto a Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, el tribunal que el 11 de diciembre pasado dejó en libertad a los 13 imputados por el secuestro y promoción a la prostitución de María de los Ángeles Verón. Desde entonces, una fuerte polémica política, social y judicial envuelve a los vocales de la sala II de la Cámara Penal. Al punto que el alperovichismo ya puso en marcha todos los mecanismos institucionales para proceder a la destitución de los tres jueces.
A fines de diciembre, y cuando ya todo hacía prever que los magistrados deberían afrontar un Jury de Enjuiciamiento, Herrera Molina presentó ante el Poder Ejecutivo su renuncia condicionada al cargo para adherirse a la jubilación. Pero esa dimisión debía ser aprobada por el titular del PE.
Hace una semana, sin embargo, el gobernador confirmó que no aceptaría su dimisión, con el argumento de que en la Legislatura, la comisión de Juicio Político ya tenía en manos una denuncia contra los jueces del caso Verón presentada por Susana Trimarco. "No se le puede aceptar la renuncia porque hay un juicio político (de por medio)", había manifestado. El mismo viernes por la tarde, Alperovich firmó el decreto N° 127/14, mediante el que rechazó la dimisión de Herrera Molina.
Hoy, con el patrocinio del abogado Arnaldo Ramón Ahumada, el juez Herrera Molina interpondrá ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo un recurso de amparo contra la Provincia. Entre los argumentos, el magistrado asegura que la decisión discrecional del mandatario viola y lesiona derechos y garantías que le asisten.
Resortes institucionales
La controversia generada tras la sentencia en el caso Verón activó los mecanismos legislativos para avanzar contra los magistrados. El lunes, luego de que Trimarco ratificara y ampliara su pedido de destitución, la comisión de Juicio Político de la Cámara dio curso a la denuncia y giró el expediente a los jueces cuestionados.
Desde el martes comenzaron a correr los 15 días hábiles que Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano disponen para efectuar su descargo ante ese órgano de trabajo parlamentario. A partir de allí, los legisladores tendrán otro plazo de 20 días para evaluar la respuesta, y determinar si elevan la acusación al Jury o desestiman la denuncia. Para elevar la acusación, se requieren dos tercios de los votos, es decir, ocho sufragios. Al alperovichismo responden 11 de los 12 miembros de ese cuerpo de trabajo parlamentario. La comisión de Juicio Político está integrada por los oficialistas Sisto Terán (presidente), Guillermo Gassenbauer, Carlos Assán, Manuel Fernández, Roque Álvarez, Beatriz Bordinaro, Gregorio García Biagosch, Víctor Lossi, José Orellana, Iván Llorens Dip y Alfredo Quinteros, y el opositor Ricardo Bussi.
Paralelamente, y a la espera de lo que resuelva esa comisión, el Jurado de Enjuiciamiento quedó conformado por primera vez desde su creación, en 2006. El miércoles, el vocal de la Corte, Daniel Posse, fue elegido presidente del órgano que, seguramente, deberá evaluar la actuación de los magistrados que intervinieron en el caso Verón.
El magistrado integró, junto a Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, el tribunal que el 11 de diciembre pasado dejó en libertad a los 13 imputados por el secuestro y promoción a la prostitución de María de los Ángeles Verón. Desde entonces, una fuerte polémica política, social y judicial envuelve a los vocales de la sala II de la Cámara Penal. Al punto que el alperovichismo ya puso en marcha todos los mecanismos institucionales para proceder a la destitución de los tres jueces.
A fines de diciembre, y cuando ya todo hacía prever que los magistrados deberían afrontar un Jury de Enjuiciamiento, Herrera Molina presentó ante el Poder Ejecutivo su renuncia condicionada al cargo para adherirse a la jubilación. Pero esa dimisión debía ser aprobada por el titular del PE.
Hace una semana, sin embargo, el gobernador confirmó que no aceptaría su dimisión, con el argumento de que en la Legislatura, la comisión de Juicio Político ya tenía en manos una denuncia contra los jueces del caso Verón presentada por Susana Trimarco. "No se le puede aceptar la renuncia porque hay un juicio político (de por medio)", había manifestado. El mismo viernes por la tarde, Alperovich firmó el decreto N° 127/14, mediante el que rechazó la dimisión de Herrera Molina.
Hoy, con el patrocinio del abogado Arnaldo Ramón Ahumada, el juez Herrera Molina interpondrá ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo un recurso de amparo contra la Provincia. Entre los argumentos, el magistrado asegura que la decisión discrecional del mandatario viola y lesiona derechos y garantías que le asisten.
Resortes institucionales
La controversia generada tras la sentencia en el caso Verón activó los mecanismos legislativos para avanzar contra los magistrados. El lunes, luego de que Trimarco ratificara y ampliara su pedido de destitución, la comisión de Juicio Político de la Cámara dio curso a la denuncia y giró el expediente a los jueces cuestionados.
Desde el martes comenzaron a correr los 15 días hábiles que Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano disponen para efectuar su descargo ante ese órgano de trabajo parlamentario. A partir de allí, los legisladores tendrán otro plazo de 20 días para evaluar la respuesta, y determinar si elevan la acusación al Jury o desestiman la denuncia. Para elevar la acusación, se requieren dos tercios de los votos, es decir, ocho sufragios. Al alperovichismo responden 11 de los 12 miembros de ese cuerpo de trabajo parlamentario. La comisión de Juicio Político está integrada por los oficialistas Sisto Terán (presidente), Guillermo Gassenbauer, Carlos Assán, Manuel Fernández, Roque Álvarez, Beatriz Bordinaro, Gregorio García Biagosch, Víctor Lossi, José Orellana, Iván Llorens Dip y Alfredo Quinteros, y el opositor Ricardo Bussi.
Paralelamente, y a la espera de lo que resuelva esa comisión, el Jurado de Enjuiciamiento quedó conformado por primera vez desde su creación, en 2006. El miércoles, el vocal de la Corte, Daniel Posse, fue elegido presidente del órgano que, seguramente, deberá evaluar la actuación de los magistrados que intervinieron en el caso Verón.
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