Por Álvaro José Aurane
02 Febrero 2013
Paulina Lebbos desapareció 2.534 veces. La primera vez fue en la madrugada del 26 de febrero de 2006. Cuando ella tenía 23 años. Cuando su hijita tenía cinco. Cuando tomó un remise a una cuadra de un boliche de la zona del ex Abasto. Cuando pasó por la casa de su amiga Virginia a retirar su mochila y seguir hacia la casa de su novio, César Soto. Cuando nunca más la volvieron a ver viva.
Las 2.533 veces restantes corresponden a cada uno de los días de impunidad de ese crimen, desde aquel espantoso momento hasta hoy. Todas esas 2.533 veces, la hizo desaparecer el Estado democrático de Tucumán. Por acción o por omisión. Dicho en términos penales, por encubrimiento.
Porque en la mismísima tarde de aquel 26 de febrero de hace siete años, la familia de Paulina hizo la denuncia. Y comenzaron a aflorar las primeras desinformaciones (crecerían en número y tamaño con el correr de los años) para desviar la investigación. Empezaron a surgir los datos falsos y las hipótesis disparatadas, como la de que había huído de su casa. No tardarían en agravarlas: cuando apareció su cuerpo en Tapia, el 11 de marzo de 2006, no tardaron en esparcir la malicia de que había fallecido por una sobredosis de drogas. La autopsia, en cambio, probó que la causa de muerte fue "asfixia por estrangulamiento manual".
Ortigas
Ese 11 de marzo fue un día de ignominia para todo Tucumán. "Los agentes que intervinieron, que estaban a cargo del (entonces) jefe de Policía, Hugo Sánchez, y del (entonces) secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, dieron aviso al fiscal cuatro horas después de que encontraron a Paulina", dice Alberto Lebbos. Y en la voz y en los gestos y en los ojos se le nota esa fundición de dolores, impotencias, incredulidades, indignaciones, devastaciones y amarguras, tan propia del que sólo respira injusticias.
Esos funcionarios le dijeron a Lebbos lo mismo que escribieron en el acta de procedimiento: que después de un rastrillaje épico habían dado con el cadáver. Pero en realidad, la Policía nunca encontró nada: a Paulina la hallaron dos jóvenes baqueanos de la zona. "Es que no sólo mintieron sobre eso: movieron el cuerpo de Paulina, desbarataron el lugar del hecho, escondieron las primeras fotos tomadas en el sitio, tomaron otras después de cambiar la escena, adulteraron las actas, falsificaron firmas y amenazaron a los testigos y, además, a los chicos que encontraron a mi hija", enumera Lebbos. Pero no solamente Lebbos.
En rigor, fue un informe de Gendarmería Nacional el que comprobó aquellas barbaridades cuando esa fuerza realizó la reconstrucción del hecho. A causa de ello, días después, una comisión de la Policía Federal arribó a la provincia para dar su propio pronunciamiento. Lebbos, hoy, no logra dar con el expediente de Gendarmería. Tampoco con el de la Federal.
Malezas
El peso de esos informes inaccesibles se advierte en un hecho judicial: se inicia una causa penal contra los policías de la comisaría de Raco por "Falsificación de instrumento público". Presunta, por supuesto. "Cuando se presenta a declarar, el comisario Enrique García confiesa los hechos. El fiscal Alejandro Noguera, luego, suspende la declaración. Ese fin de semana, estando preso en instalaciones de Gendarmería, García recibe la visita del (entonces) subjefe de Policía de la provincia, el comisario Nicolás Barrera. El lunes siguiente, García se niega a declarar. Los otros dos imputados, Manuel Yapura y Roberto Lencina, también", sostiene Lebbos.
Más tarde, el fiscal Noguera sería apartado de la investigación, por decisión del Poder Judicial, luego de que se reuniera sorpresivamente con el gobernador José Alperovich, en la residencia del mandatario. "Necesito ayuda para investigar", dijo a LA GACETA el funcionario judicial a las 22.15 del 19 de abril, cuando salía de la casa del jefe del Ejecutivo.
"Vengo denunciando a las autoridades de seguridad del Gobierno por encubrimiento y otros delitos, y veo al fiscal en esta casa. No sé en quién se puede confiar. El gobernador sigue durmiendo con el enemigo", dijo Lebbos un rato antes, cuando se retiró indignado de ese encuentro. Durante ese mismo 2006, el ex funcionario del alperovichismo, además de renunciar al cargo, pediría formalmente que la Policía de Tucumán fuera apartada de la investigación.
Espinas
Por esas dolorosas casualidades de esta provincia, durante ese mismo 2006, Luis Alberto Bordón, en calidad de coordinador del Programa Nacional Anti Impunidad (de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), planteó que la Policía tucumana (dependiente del Ministerio de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo provincial) no era la que debía intervenir en la investigación sobre el secuestro y la desaparición forzada de María de los Ángeles Verón. Alegaba que esa Policía había colaborado con los secuestros por acción u omisión; o, si era inocente, no era ajena a los autores del crimen. Argumentaba que la participación de la fuerza provincial sólo entorpecería o dificultaría la búsqueda de Marita. Que sus métodos sólo harían fracasar su hallazgo. Pero en la Provincia no oyeron a la Nación y la Policía local siguió a cargo de la pesquisa.
Ya se sabe como terminó: en diciembre pasado, los jueces de la Sala II de la Cámara Penal absolvieron a los 13 imputados del Caso Verón porque adujeron que de la instrucción llevada a cabo por la Policía no surgían pruebas para condenar a nadie por los delitos que se estaban juzgando.
Esa misma fuerza de seguridad, pese al planteo de Lebbos, siguió a cargo también de la instrucción de la causa "Autores desconocidos sobre homicidio (Lebbos, Paulina Alejandra) Expediente N° 6075/2006". Y Alberto Lebbos, con el pecho apretado, también sabe cómo va a terminar. "¿Qué quiere que le diga? Siete años después, no sé si alguna vez aparecerá el asesino de Paulina. Pero la Justicia sí puede condenar a los encubridores".
Cardos
La respuesta a ese planteo le llegó en tres tiempos, a fines del año pasado. Apartado Noguera, el caso de Paulina pasó a manos del fiscal Carlos Albaca. En septiembre hubo un pedido de elevación a juicio... pero de la causa por "Falsificación de instrumento público". Supuesta, obviamente.
A ver si se entiende: secuestraron a una tucumana, madre, empleada municipal, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la UNT, hija de un por entonces funcionario del Poder Ejecutivo con rango de secretario de Estado. Apareció muerta a los 15 días y alrededor de la pesquisa para el esclarecimiento de su crimen hay un rosario de atrocidades. Pero la Justicia decidió, más de seis años después, elevar a juicio el caso de un acta policial falseada. Ni una sola palabra acerca del encubrimiento, que es de lo que se trata toda esta alarmante situación. Aparentemente, claro está.
Malhojas
El 22 de septiembre del año pasado, Lebbos, con rol de querellante, pidió al fiscal Albaca por nota que le informara sobre el estado de la causa que debe hacer Justicia por el crimen contra su hija. El 19 de diciembre se presentó para ver si en tres meses se habían dignado en contestarle. Y, a mano alzada dejó otro documento: pedía que, aunque más no fuere, le respondieran que no le iban a responder. Que no tenían tiempo para informarle qué han hecho (asumiendo que algo hicieron) para lograr que su hija, de verdad, descanse en paz.
Así que el padre de la víctima no sabe qué pericias se han hecho. Pero sí asume que no hicieron los cruces telefónicos entre los hombres del poder político y del poder policial que corresponden, por ejemplo, a esas cuatro horas de diferencia entre el instante en que encontraron a Paulina y el momento en que lo comunicaron a la Justicia. También da por sentado que no existe la menor línea investigativa clara. Y todo ello a pesar de que la fiscalía no le permite el acceso a las actuaciones practicadas, por tratarse de "actuaciones reservadas". En principio, se supone.
Huelga decirlo, jamás, nunca, se citó a declarar a Alperovich, siquiera como testigo. ¿Por qué deberían convocarlo? Porque él, en aquel 2006 de la reforma constitucional (cuando se realizaron las elecciones de convencionales constituyentes durante el mismo febrero en que le quitaron la vida a Paulina), dijo que conocía el nombre del asesino de la comprovinciana. Y que iba a revelarlo en cuestión de horas. Prima facie, parecen las horas más largas de la historia, pero esa es sólo una ilusión. La verdadera trampa del tiempo tucumano es que el alperovichismo atrasa.
En un juicio en particular -razonó el constitucionalista Rodolfo Burgos-, lo contrario a la Justicia puede ser la injusticia. En los 2.533 días del Caso Lebbos, en cambio, lo contrario a la Justicia es la impunidad. Bienvenidos a su indiscutible capital nacional.
Las 2.533 veces restantes corresponden a cada uno de los días de impunidad de ese crimen, desde aquel espantoso momento hasta hoy. Todas esas 2.533 veces, la hizo desaparecer el Estado democrático de Tucumán. Por acción o por omisión. Dicho en términos penales, por encubrimiento.
Porque en la mismísima tarde de aquel 26 de febrero de hace siete años, la familia de Paulina hizo la denuncia. Y comenzaron a aflorar las primeras desinformaciones (crecerían en número y tamaño con el correr de los años) para desviar la investigación. Empezaron a surgir los datos falsos y las hipótesis disparatadas, como la de que había huído de su casa. No tardarían en agravarlas: cuando apareció su cuerpo en Tapia, el 11 de marzo de 2006, no tardaron en esparcir la malicia de que había fallecido por una sobredosis de drogas. La autopsia, en cambio, probó que la causa de muerte fue "asfixia por estrangulamiento manual".
Ortigas
Ese 11 de marzo fue un día de ignominia para todo Tucumán. "Los agentes que intervinieron, que estaban a cargo del (entonces) jefe de Policía, Hugo Sánchez, y del (entonces) secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, dieron aviso al fiscal cuatro horas después de que encontraron a Paulina", dice Alberto Lebbos. Y en la voz y en los gestos y en los ojos se le nota esa fundición de dolores, impotencias, incredulidades, indignaciones, devastaciones y amarguras, tan propia del que sólo respira injusticias.
Esos funcionarios le dijeron a Lebbos lo mismo que escribieron en el acta de procedimiento: que después de un rastrillaje épico habían dado con el cadáver. Pero en realidad, la Policía nunca encontró nada: a Paulina la hallaron dos jóvenes baqueanos de la zona. "Es que no sólo mintieron sobre eso: movieron el cuerpo de Paulina, desbarataron el lugar del hecho, escondieron las primeras fotos tomadas en el sitio, tomaron otras después de cambiar la escena, adulteraron las actas, falsificaron firmas y amenazaron a los testigos y, además, a los chicos que encontraron a mi hija", enumera Lebbos. Pero no solamente Lebbos.
En rigor, fue un informe de Gendarmería Nacional el que comprobó aquellas barbaridades cuando esa fuerza realizó la reconstrucción del hecho. A causa de ello, días después, una comisión de la Policía Federal arribó a la provincia para dar su propio pronunciamiento. Lebbos, hoy, no logra dar con el expediente de Gendarmería. Tampoco con el de la Federal.
Malezas
El peso de esos informes inaccesibles se advierte en un hecho judicial: se inicia una causa penal contra los policías de la comisaría de Raco por "Falsificación de instrumento público". Presunta, por supuesto. "Cuando se presenta a declarar, el comisario Enrique García confiesa los hechos. El fiscal Alejandro Noguera, luego, suspende la declaración. Ese fin de semana, estando preso en instalaciones de Gendarmería, García recibe la visita del (entonces) subjefe de Policía de la provincia, el comisario Nicolás Barrera. El lunes siguiente, García se niega a declarar. Los otros dos imputados, Manuel Yapura y Roberto Lencina, también", sostiene Lebbos.
Más tarde, el fiscal Noguera sería apartado de la investigación, por decisión del Poder Judicial, luego de que se reuniera sorpresivamente con el gobernador José Alperovich, en la residencia del mandatario. "Necesito ayuda para investigar", dijo a LA GACETA el funcionario judicial a las 22.15 del 19 de abril, cuando salía de la casa del jefe del Ejecutivo.
"Vengo denunciando a las autoridades de seguridad del Gobierno por encubrimiento y otros delitos, y veo al fiscal en esta casa. No sé en quién se puede confiar. El gobernador sigue durmiendo con el enemigo", dijo Lebbos un rato antes, cuando se retiró indignado de ese encuentro. Durante ese mismo 2006, el ex funcionario del alperovichismo, además de renunciar al cargo, pediría formalmente que la Policía de Tucumán fuera apartada de la investigación.
Espinas
Por esas dolorosas casualidades de esta provincia, durante ese mismo 2006, Luis Alberto Bordón, en calidad de coordinador del Programa Nacional Anti Impunidad (de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), planteó que la Policía tucumana (dependiente del Ministerio de Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo provincial) no era la que debía intervenir en la investigación sobre el secuestro y la desaparición forzada de María de los Ángeles Verón. Alegaba que esa Policía había colaborado con los secuestros por acción u omisión; o, si era inocente, no era ajena a los autores del crimen. Argumentaba que la participación de la fuerza provincial sólo entorpecería o dificultaría la búsqueda de Marita. Que sus métodos sólo harían fracasar su hallazgo. Pero en la Provincia no oyeron a la Nación y la Policía local siguió a cargo de la pesquisa.
Ya se sabe como terminó: en diciembre pasado, los jueces de la Sala II de la Cámara Penal absolvieron a los 13 imputados del Caso Verón porque adujeron que de la instrucción llevada a cabo por la Policía no surgían pruebas para condenar a nadie por los delitos que se estaban juzgando.
Esa misma fuerza de seguridad, pese al planteo de Lebbos, siguió a cargo también de la instrucción de la causa "Autores desconocidos sobre homicidio (Lebbos, Paulina Alejandra) Expediente N° 6075/2006". Y Alberto Lebbos, con el pecho apretado, también sabe cómo va a terminar. "¿Qué quiere que le diga? Siete años después, no sé si alguna vez aparecerá el asesino de Paulina. Pero la Justicia sí puede condenar a los encubridores".
Cardos
La respuesta a ese planteo le llegó en tres tiempos, a fines del año pasado. Apartado Noguera, el caso de Paulina pasó a manos del fiscal Carlos Albaca. En septiembre hubo un pedido de elevación a juicio... pero de la causa por "Falsificación de instrumento público". Supuesta, obviamente.
A ver si se entiende: secuestraron a una tucumana, madre, empleada municipal, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la UNT, hija de un por entonces funcionario del Poder Ejecutivo con rango de secretario de Estado. Apareció muerta a los 15 días y alrededor de la pesquisa para el esclarecimiento de su crimen hay un rosario de atrocidades. Pero la Justicia decidió, más de seis años después, elevar a juicio el caso de un acta policial falseada. Ni una sola palabra acerca del encubrimiento, que es de lo que se trata toda esta alarmante situación. Aparentemente, claro está.
Malhojas
El 22 de septiembre del año pasado, Lebbos, con rol de querellante, pidió al fiscal Albaca por nota que le informara sobre el estado de la causa que debe hacer Justicia por el crimen contra su hija. El 19 de diciembre se presentó para ver si en tres meses se habían dignado en contestarle. Y, a mano alzada dejó otro documento: pedía que, aunque más no fuere, le respondieran que no le iban a responder. Que no tenían tiempo para informarle qué han hecho (asumiendo que algo hicieron) para lograr que su hija, de verdad, descanse en paz.
Así que el padre de la víctima no sabe qué pericias se han hecho. Pero sí asume que no hicieron los cruces telefónicos entre los hombres del poder político y del poder policial que corresponden, por ejemplo, a esas cuatro horas de diferencia entre el instante en que encontraron a Paulina y el momento en que lo comunicaron a la Justicia. También da por sentado que no existe la menor línea investigativa clara. Y todo ello a pesar de que la fiscalía no le permite el acceso a las actuaciones practicadas, por tratarse de "actuaciones reservadas". En principio, se supone.
Huelga decirlo, jamás, nunca, se citó a declarar a Alperovich, siquiera como testigo. ¿Por qué deberían convocarlo? Porque él, en aquel 2006 de la reforma constitucional (cuando se realizaron las elecciones de convencionales constituyentes durante el mismo febrero en que le quitaron la vida a Paulina), dijo que conocía el nombre del asesino de la comprovinciana. Y que iba a revelarlo en cuestión de horas. Prima facie, parecen las horas más largas de la historia, pero esa es sólo una ilusión. La verdadera trampa del tiempo tucumano es que el alperovichismo atrasa.
En un juicio en particular -razonó el constitucionalista Rodolfo Burgos-, lo contrario a la Justicia puede ser la injusticia. En los 2.533 días del Caso Lebbos, en cambio, lo contrario a la Justicia es la impunidad. Bienvenidos a su indiscutible capital nacional.
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