24 Enero 2013
JAIME. El ex titular de Transporte fue involucrado en la investigación. TELAM
BUENOS AIRES.- El fiscal federal Federico Delgado pidió el juicio oral y público para todos los imputados por la tragedia de Once, entre ellos los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Delgado atribuyó a los ex funcionarios la calidad de "cómplices", a raíz de las omisiones en el control del destino de los subsidios estatales para el funcionamiento de los trenes. La acusación alcanza también a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa y Antonio Sícaro y al ex subsecretario de Transporte ferroviario Antonio Luna, además de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano y el maquinista Marcos Córdoba, por la tragedia que el 22 de febrero de 2012 causó la muerte de 51 personas y heridas a más de 700.
"Los hechos son fuertes, las pruebas sólidas, la instrucción fue impecable. El juicio, por tanto, debería fluir hacia la aspiración del preámbulo de la Constitución nacional resumido en la fórmula 'afianzar la Justicia'", sostuvo el fiscal, quien presentó la requisitoria de juicio 48 horas antes de que se vencieran los plazos procesales.
"El Estado para inyectar fondos (subsidios a TBA) tenía que cumplir algunos pasos previstos en el contrato. Los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos", sostiene el dictamen.
Según el fiscal, la tragedia no se produjo antes sólo por una cuestión fortuita, pues la circulación del tren estuvo "siempre abrazada a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección". Delgado sostuvo la calificación de "estrago culposo y administración fraudulenta" en perjuicio del Estado, que fijó la Cámara al confirmar el 11 de enero pasado parcialmente el fallo del juez Claudio Bonadio.
El dictamen revela un dato poco difundido: en siete años, de 2003 a 2010, fluyeron fondos estatales hacia la concesionaria del tren siniestrado por casi $ 2.000 millones.
Con una prosa rayana en lo literario más que en lo jurídico, el fiscal describió que "los trenes perdían sus prendas y nadie los arropaba, quien debía arroparlo no invertía ni arreglaba nada ¿por qué? Por la connivencia de quienes debían custodiar la integridad del armario y su contenido que miraban para otra parte". (DyN)
Delgado atribuyó a los ex funcionarios la calidad de "cómplices", a raíz de las omisiones en el control del destino de los subsidios estatales para el funcionamiento de los trenes. La acusación alcanza también a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte Pedro Ochoa y Antonio Sícaro y al ex subsecretario de Transporte ferroviario Antonio Luna, además de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano y el maquinista Marcos Córdoba, por la tragedia que el 22 de febrero de 2012 causó la muerte de 51 personas y heridas a más de 700.
"Los hechos son fuertes, las pruebas sólidas, la instrucción fue impecable. El juicio, por tanto, debería fluir hacia la aspiración del preámbulo de la Constitución nacional resumido en la fórmula 'afianzar la Justicia'", sostuvo el fiscal, quien presentó la requisitoria de juicio 48 horas antes de que se vencieran los plazos procesales.
"El Estado para inyectar fondos (subsidios a TBA) tenía que cumplir algunos pasos previstos en el contrato. Los funcionarios, privilegiando los intereses del concesionario, se limitan a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos", sostiene el dictamen.
Según el fiscal, la tragedia no se produjo antes sólo por una cuestión fortuita, pues la circulación del tren estuvo "siempre abrazada a los vientos de la fortuna que el 22 de febrero cambiaron de dirección". Delgado sostuvo la calificación de "estrago culposo y administración fraudulenta" en perjuicio del Estado, que fijó la Cámara al confirmar el 11 de enero pasado parcialmente el fallo del juez Claudio Bonadio.
El dictamen revela un dato poco difundido: en siete años, de 2003 a 2010, fluyeron fondos estatales hacia la concesionaria del tren siniestrado por casi $ 2.000 millones.
Con una prosa rayana en lo literario más que en lo jurídico, el fiscal describió que "los trenes perdían sus prendas y nadie los arropaba, quien debía arroparlo no invertía ni arreglaba nada ¿por qué? Por la connivencia de quienes debían custodiar la integridad del armario y su contenido que miraban para otra parte". (DyN)
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