La Corte devolvió dos causas de la Caja Popular

La novela del conflicto entre la Asociación Bancaria y el Gobierno por la Caja Popular de Ahorros (CPA) sigue escribiéndose en Tribunales. Ocurre que en los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió cuestiones de competencia que tenía pendientes relacionadas con presentaciones que se efectuaron en el marco de la controversia. Se trata de planteos que el dirigente bancario Eduardo Bourlé, patrocinado por el letrado Gustavo Morales, había formulado en la salas I (Salvador Ruiz y Horacio Castellanos) y II (Rodolfo Novillo y Carlos Giovanello) de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ambos casos, los vocales se habían declarado incompetentes y habían girado los expedientes a la CSJT. Ahora, la Corte declaró lo propio y reenvió los expedientes a los tribunales de origen (los jueces habían interpretado de manera opuesta el artículo 4 del Código Procesal Constitucional y se habían declarado competentes en la causa de Carlos López, aspirante a juez vetado seis veces). Novillo y Giovanello deberán entender en el pedido de nulidad del nombramiento de Armando Cortalezzi como interventor de la CPA. Mientras que Ruiz y Castellanos, en el de inconstitucionalidad de la Ley 8.524, que facultó al interventor de la Caja a celebrar un convenio con el Ejecutivo para el retiro de dinero del fondo de garantía a cambio de Letras del Tesoro.

"Inmediatamente recusamos a Ruiz y a Castellanos por haber prejuzgado. En el marco de la competencia, incurrieron en un desborde al utilizar palabras inapropiadas que adelantan su opinión negativa sobre el planteo de inconstitucionalidad. Pero una cuestión más grave por la que también recusamos a Ruiz es porque habría incurrido en mal desempeño de sus funciones al no haberse inhibido en un primer momento porque su hijo (Salvador Ruiz) es empleado de la CPA", explicó Morales.