Por la polenta mojada, procesan a dos estatales

El caso de la polenta en mal estado opacó la carrera de Joaquín Ferre, ex secretario de Desarrollo Social, e incomodó a Beatriz Mirkin, entonces secretaria General de Políticas Sociales (y actual diputada nacional alperovichista). En agosto de 2005, cuando personal de Gendarmería halló más de 12 toneladas de comida en mal estado en una finca de Ferre, el gobernador, José Alperovich, no dudó en separar de su cargo a este y a media docena de colaboradores. Pasaron más de siete años desde entonces y la Justicia Federal sólo encontró motivos para procesar a dos estatales: Hugo Andrés Gatti, subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, y Héctor Ángel Lobo, ex encargado del depósito de la secretaría de Políticas Sociales.

El procesamiento (sin prisión preventiva y con un embargo de $ 4.000 por persona) dispuesto a finales de 2012 supone que Daniel Bejas, juez federal Nº1, encontró elementos de convicción suficientes para considerar que existe un hecho delictuoso y que los imputados mencionados son culpables o partícipes de este, según lo previsto por el Código Procesal Penal de la Nación. Tanto Gatti como Lobo está acusados de la supuesta comisión de los delitos de fraude y malversación de fondos públicos en perjuicio del Estado nacional.

Los alimentos guardados en la finca de Ferre (situada en Burruyacú) habrían sido adquiridos a partir de los convenios que suscribieron la Provincia de Tucumán y la Secretaría General de Políticas Sociales de la Nación, y tenían como fin paliar las necesidades de grupos sociales vulnerables. Durante la investigación, el Ministerio Público concluyó que la mercadería hallada en mal estado había costado $ 5.922,80, y que esta consistía en 18.180 paquetes de polenta "Bonillo" y 300 paquetes de trigo "La Española", entre otros productos.

Bejas dijo que la custodia de tales alimentos correspondía a Lobo y a Gatti, que entonces se desempeñaba como director de Administración de la Secretaría de Políticas Sociales. El magistrado afirmó que la polenta y el trigo debían ser entregados a niños de hasta 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos sin recursos, y que la ejecución del plan alimentario tenía carácter prioritario (en 2001, Tucumán había sido noticia en todo el mundo por los casos de desnutrición infantil). Los imputados defendidos por el abogado José Agustín Ferrari no habrían desvirtuado las pruebas en su contra, limitándose a abstenerse de declarar durante la indagatoria.

Fuentes judiciales informaron a LA GACETA que los acusados apelaron los procesamientos (el recurso habría sido concedido en octubre del año pasado). El futuro de la causa está vinculado a lo que resuelva la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.

Con anterioridad, este tribunal intervino para revocar la declaración de incompetencia del juez Bejas. En junio de 2011, el juez consideró que no le correspondía entender en esa causa. Dicha resolución hizo lugar a un planteo de Ferrari, que argumentó que el dinero usado para comprar los alimentos había procedido de las arcas provinciales y, por ende, la investigación de los hechos denunciados era potestad de la Justicia local. Bejas resolvió así considerando unos acuerdos del Tribunal de Cuentas de Tucumán que afirmaban que los fondos habían salido de la administración alperovichista.