07 Enero 2013
Los barrotes no habrían sido suficiente. Por ello, quizás, soldaron las ventanas. Tampoco alcanzaría haberlos privado de la libertad y los habrían sometieron a las más cruentas torturas. De día y de noche, los golpes, quejidos y gritos habrían sido constantes. Las paredes de los calabozos, manchadas con sangre y con mensajes escritos por las víctimas, albergaron el terror. Víctimas y testigos narraron de esta manera lo que ocurrió entre 1975 y 1983 en la cárcel de Villa Urquiza. Ese es el escenario descrito en la investigación que el Ministerio Público Fiscal acaba de concluir sobre lo sucedido en el centro clandestino de detención que funcionó en dos pabellones del penal desde el "Operativo Independencia" y hasta el retorno de la democracia.
El requerimiento de elevación a juicio de la megacausa "Villa Urquiza", que lleva la firma del fiscal federal Carlos Brito, habilita al juez Daniel Bejas para decidir el envío del caso al Tribunal Oral en lo Criminal Federal. El expediente incluye delitos de lesa humanidad cometidos contra 43 víctimas (sobre todo presos políticos). Entre ellos están el ex intendente de la capital Carlos María Torres y el dirigente justicialista Antonio Guerrero. También hay otros peronistas y sindicalistas. En tanto, son 12 los presuntos autores de los hechos: Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Daniel Álvarez, Ángel Audes, Augusto Montenegro, Santo González, José Gerez, Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Ledesma y Héctor Valenzuela. El grupo de sospechosos es integrado por algunos ex militares y, mayoritariamente, por policías que se desempeñaron como guardias o celadores en la unidad penitenciaria.
"El pabellón de la muerte"
"En el Penal de Villa Urquiza funcionó un lugar de detención destinado a recluir a disidentes políticos o personas calificadas como 'subversivas', a quienes se les suspendieron la totalidad de garantías procesales y penales, y quienes fueron víctimas de gravísimos delitos en su perjuicio, los que fueron cometidos por funcionarios públicos o por personas que actuaban con su aquiescencia", concluyó Brito en el texto al que tuvo acceso LA GACETA.
De acuerdo con la pesquisa, quienes tenían una causa en su contra, habrían sido alojados en un área específica. Mientras que los prisioneros denominados como "subversivos" habrían sido recluidos en el "pabellón E", conocido también como "pabellón de la muerte".
Las víctimas de la megacausa habrían sido llevadas al lugar tras ser secuestradas y torturadas en otros centros clandestinos de detención como la Jefatura de Policía o la "Escuelita" de Famaillá. Luego, una vez que pasaban por Villa Urquiza, era común que fueran trasladadas a cárceles de otras provincias, donde permanecían durante años.
De acuerdo con los relatos recogidos en la causa, muchas mujeres fueron apresadas encintas o junto a sus hijos. La investigación menciona que el complejo penitenciario hubo abusos sexuales, embarazos no consentidos y nacimientos. Los registros y la documentación de parte de estos hechos, consigna, habrían sido destruidos.
El "pabellón de la muerte" no habría tenido luz natural ni artificial, dado que las ventanas estaban completamente selladas. Los testigos coincidieron en enfatizar que los malos tratos físicos eran continuos; la alimentación, escasa y la atención médica, casi inexistente. También se les privaba de colchones y mantas. Reos que se encontraban recluidos por delitos comunes manifestaron que algunas de las mujeres estaban desnudas en sus calabozos.
El requerimiento de elevación a juicio de la megacausa "Villa Urquiza", que lleva la firma del fiscal federal Carlos Brito, habilita al juez Daniel Bejas para decidir el envío del caso al Tribunal Oral en lo Criminal Federal. El expediente incluye delitos de lesa humanidad cometidos contra 43 víctimas (sobre todo presos políticos). Entre ellos están el ex intendente de la capital Carlos María Torres y el dirigente justicialista Antonio Guerrero. También hay otros peronistas y sindicalistas. En tanto, son 12 los presuntos autores de los hechos: Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Daniel Álvarez, Ángel Audes, Augusto Montenegro, Santo González, José Gerez, Juan Carlos Medrano, Pedro Fidel García, Francisco Ledesma y Héctor Valenzuela. El grupo de sospechosos es integrado por algunos ex militares y, mayoritariamente, por policías que se desempeñaron como guardias o celadores en la unidad penitenciaria.
"El pabellón de la muerte"
"En el Penal de Villa Urquiza funcionó un lugar de detención destinado a recluir a disidentes políticos o personas calificadas como 'subversivas', a quienes se les suspendieron la totalidad de garantías procesales y penales, y quienes fueron víctimas de gravísimos delitos en su perjuicio, los que fueron cometidos por funcionarios públicos o por personas que actuaban con su aquiescencia", concluyó Brito en el texto al que tuvo acceso LA GACETA.
De acuerdo con la pesquisa, quienes tenían una causa en su contra, habrían sido alojados en un área específica. Mientras que los prisioneros denominados como "subversivos" habrían sido recluidos en el "pabellón E", conocido también como "pabellón de la muerte".
Las víctimas de la megacausa habrían sido llevadas al lugar tras ser secuestradas y torturadas en otros centros clandestinos de detención como la Jefatura de Policía o la "Escuelita" de Famaillá. Luego, una vez que pasaban por Villa Urquiza, era común que fueran trasladadas a cárceles de otras provincias, donde permanecían durante años.
De acuerdo con los relatos recogidos en la causa, muchas mujeres fueron apresadas encintas o junto a sus hijos. La investigación menciona que el complejo penitenciario hubo abusos sexuales, embarazos no consentidos y nacimientos. Los registros y la documentación de parte de estos hechos, consigna, habrían sido destruidos.
El "pabellón de la muerte" no habría tenido luz natural ni artificial, dado que las ventanas estaban completamente selladas. Los testigos coincidieron en enfatizar que los malos tratos físicos eran continuos; la alimentación, escasa y la atención médica, casi inexistente. También se les privaba de colchones y mantas. Reos que se encontraban recluidos por delitos comunes manifestaron que algunas de las mujeres estaban desnudas en sus calabozos.
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