06 Enero 2013
22 TWITS. En media hora, la Presidenta se despachó contra varios frentes. TWITTER / @CFKARGENTINA
La presidenta, Cristina Fernández, defendió al ministro de Justicia, Julio Alak, por haber organizado un asado en el predio de la ex ESMA y criticó duramente a la Cámara Civil y Comercial.
A través de su cuenta oficial en Twitter, @CFKArgentina, la primer mandataria dijo que "en la ex-ESMA se han hecho y se seguirán haciendo asados, festivales, reuniones. Es la vida que por fin alcanza un lugar donde reinaron la muerte, el dolor, la tragedia y también las miserias humanas. Por qué Alak? Porque es el comunicador institucional judicial de Gobierno y por su impugnación a la Cámara Cautelar en lo Clarín y lo Rural".
Así, avaló el comportamiento del ministro y criticó las publicaciones del diario Clarín que señalaron que hay organismos de Derechos Humanos que preparan una marcha para exigir la renuncia del ministro. Según el matutino porteño, la manifestación será encabezada por las asociación de ex Detenidos y Desaparecidos y del Espacio Memoria y Justicia, además del sector de la CTA que comanda Pablo Micheli.
Luego, CFK se refirió a la medida cautelar que impide la plena aplicación de la Ley de Medios y puso el acento sobre el accionar de la Justicia que, según su visión, favorece a sectores económicos hegemónicos como el Grupo Clarín y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
"La Ley de Medios está suspendida desde hace 4 años: el período completo de un presidente electo, un gobernador o un legislador", remarcó. En su duro embate contra los responsables de administrar Justicia también señaló: "en un desequilibrio total del sistema democrático, jueces gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y Legislativo". Después, se concentró en las medidas tomadas por la expropiación del predio de la Rural. Y destacó que, el mismo día en que se dictó la medida cautelar que hace lugar al pedido del sector agrario, los jueces de la Cámara debían resolver el decreto que revocó la venta de la Rural.
"¿Cómo falló? ¿A favor del Estado o de la Sociedad Rural Argentina? A favor de las corporaciones, siempre. Always", subrayó.
La Presidenta considera que esa repartición del Poder Judicial traspasó todos los límites. "No sólo se arroga competencia propia del fuero contencioso administrativo, sino que convalida un acto calificado por el juez federal competente como una sustracción al Estado Nacional. Hay ex funcionarios de Economía y miembros de la SRA de entonces, procesados por la venta a precio vil de la Rural. (Pero) nada les importó. Eso no es inmunidad judicial, es impunidad judicial", concluyó.
Al margen de la ley
La diputada Elisa Carrió analizó las declaraciones de Cristina. "La Presidenta pretende decir 'Los Tribunales o yo'. La Ecuación constitucional es otra: ni los Tribunales, ni yo, sino el imperio irrestricto de la Constitución para todos los argentinos", sostuvo en declaraciones a la agencia DyN. En este sentido, continuó: "La Presidenta se está poniendo peligrosamente al margen de la Ley y de la Constitución". A su vez, dijo que se pretende desconocer el sistema de gobierno republicano. "Hace 160 años rige en Argentina el control de constitucionalidad de las leyes, cuya última palabra la tiene la Corte Suprema", concluyó.
A través de su cuenta oficial en Twitter, @CFKArgentina, la primer mandataria dijo que "en la ex-ESMA se han hecho y se seguirán haciendo asados, festivales, reuniones. Es la vida que por fin alcanza un lugar donde reinaron la muerte, el dolor, la tragedia y también las miserias humanas. Por qué Alak? Porque es el comunicador institucional judicial de Gobierno y por su impugnación a la Cámara Cautelar en lo Clarín y lo Rural".
Así, avaló el comportamiento del ministro y criticó las publicaciones del diario Clarín que señalaron que hay organismos de Derechos Humanos que preparan una marcha para exigir la renuncia del ministro. Según el matutino porteño, la manifestación será encabezada por las asociación de ex Detenidos y Desaparecidos y del Espacio Memoria y Justicia, además del sector de la CTA que comanda Pablo Micheli.
Luego, CFK se refirió a la medida cautelar que impide la plena aplicación de la Ley de Medios y puso el acento sobre el accionar de la Justicia que, según su visión, favorece a sectores económicos hegemónicos como el Grupo Clarín y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
"La Ley de Medios está suspendida desde hace 4 años: el período completo de un presidente electo, un gobernador o un legislador", remarcó. En su duro embate contra los responsables de administrar Justicia también señaló: "en un desequilibrio total del sistema democrático, jueces gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y Legislativo". Después, se concentró en las medidas tomadas por la expropiación del predio de la Rural. Y destacó que, el mismo día en que se dictó la medida cautelar que hace lugar al pedido del sector agrario, los jueces de la Cámara debían resolver el decreto que revocó la venta de la Rural.
"¿Cómo falló? ¿A favor del Estado o de la Sociedad Rural Argentina? A favor de las corporaciones, siempre. Always", subrayó.
La Presidenta considera que esa repartición del Poder Judicial traspasó todos los límites. "No sólo se arroga competencia propia del fuero contencioso administrativo, sino que convalida un acto calificado por el juez federal competente como una sustracción al Estado Nacional. Hay ex funcionarios de Economía y miembros de la SRA de entonces, procesados por la venta a precio vil de la Rural. (Pero) nada les importó. Eso no es inmunidad judicial, es impunidad judicial", concluyó.
Al margen de la ley
La diputada Elisa Carrió analizó las declaraciones de Cristina. "La Presidenta pretende decir 'Los Tribunales o yo'. La Ecuación constitucional es otra: ni los Tribunales, ni yo, sino el imperio irrestricto de la Constitución para todos los argentinos", sostuvo en declaraciones a la agencia DyN. En este sentido, continuó: "La Presidenta se está poniendo peligrosamente al margen de la Ley y de la Constitución". A su vez, dijo que se pretende desconocer el sistema de gobierno republicano. "Hace 160 años rige en Argentina el control de constitucionalidad de las leyes, cuya última palabra la tiene la Corte Suprema", concluyó.
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