Por Irene Benito
06 Enero 2013
Un conjuez eleva a juicio a "Borquez", caso testigo de las maniobras con títulos públicos
La pesquisa, que había comenzado en 2005, influyó en la destitución del ex magistrado federal Terán (uno de los siete procesados en el expediente) y en la renuncia de Parache al Juzgado N°1. Para cobrar $ 15 millones, los acusados habrían intentado presentar como títulos pre-default de 2001 a bonos adquiridos a partir de 2004
Un grupo de tucumanos invierte $ 4,3 millones en títulos de la deuda pública entre 2004 y 2005. En cuestión de semanas, una medida cautelar ordena al erario que se abstenga de aplicar la "pesificación" forzosa a esos papeles "dolarizados" y abone los intereses a su titular: o sea, trata a esos bonos como si hubiesen sido adquiridos antes de la cesación de pagos de diciembre de 2001 (default) que precedió a la salida de la "convertibilidad" y la devaluación del peso. Sucesivas resoluciones disponen el pago del capital y la renta, orden que suponía un desembolso de U$S 5,2 millones o $ 15 millones (según la cotización de entonces) y una ganancia equivalente al 241,15% respecto del capital invertido. Tras varias presentaciones sin suerte, el Ministerio de Economía de la Nación consigue paralizar la cautelar y lo que iba a ser un negocio estupendo termina sumiendo a los Tribunales Federales en una crisis inédita.
Esa es la historia que, en síntesis, cuenta el auto de elevación a juicio oral de 130 fojas que el 27 de noviembre de 2012 firmó el conjuez Edgardo López Herrera. Dicha resolución da por clausurada la instrucción de la causa "Borquez", pesquisa testigo de los casos de maniobras con títulos públicos abierta en 2005 junto a los expedientes "Camandona" (enviada a juicio en noviembre de 2011), "Taranto" y "Scaravilli López" (ver abajo y línea de tiempo). Todos ellos tienen imputados y un modus operandi en común, pero ninguno habría existido sin "Borquez", donde los montos involucrados e irregularidades detectadas propiciaron auditorías en los dos juzgados federales de Tucumán y, en última instancia, la destitución (sin precedentes) de Felipe Terán y la renuncia de Jorge Parache, entonces jueces respectivos de las unidades judiciales N°2 y N°1.
El auto de López Herrera es inapelable (según el artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación) y habilita al Tribunal Oral en lo Criminal Federal para juzgar a los abogados Fernando Ducca y Daniel Martín; a Terán, y a cuatro presuntos inversores vinculados a la empresa MA Valores SA: Pablo Javier Rossi, César Daniel Barboza, Fernando Adolfo Recalde y Jorge Alejandro Rigourd. Todos ellos están acusados -con distinta participación- de la supuesta comisión de una tentativa de defraudación en perjuicio de la administración pública, entre otros delitos.
El auto rechaza la prescripción (o extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo) de "Borquez", defensa que esgrimieron -y esgrimen- los procesados. Con anterioridad, ese argumento sí había prosperado respecto de Inés Yolanda Borquez y su hija, Cristina de Fátima Atim (recientemente fallecida), y de Osvaldo Siseles, ex subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación. López Herrera asimismo rechaza todas las oposiciones y planteos de nulidad de los procesados contra el requerimiento de elevación a juicio que presentó el fiscal federal Carlos Brito (este acto interrumpe el cómputo de la prescripción de la acción penal). Esas desestimaciones deben quedar firmes para que "Borquez", que en noviembre de 2010 tenía media docena de cuerpos de 200 fojas cada uno, "suba" al Tribunal Oral.
La resolución del conjuez da aire a un caso que parecía liquidado a mediados de 2012, por las excusaciones de los (nuevos) jueces Fernando Poviña (h) y Daniel Bejas tras el cese de Mario Racedo como magistrado subrogante N°2. Poviña, que juró en el Juzgado Federal N°2 en diciembre de 2011, se apartó de todas las causas con títulos de la deuda pública porque su madre, Sara Inés Caporaletti, se desempeñó como secretaria civil de la unidad jurisdiccional durante la gestión de Terán, y porque su padre y homónimo, Fernando Poviña, es abogado defensor de Parache. Esas excusaciones obligaron a girar las pesquisas al despacho de Bejas, pero este explicó genéricamente que no podía juzgarlas porque, en el pasado, había emitido opinión extrajudicial sobre el escándalo. El "vacío" derivó en el sorteo de un conjuez y así fue como López Herrera se incorporó a la agonizante causa "Borquez".
La trama del caso incluye una primera adquisición de Bonos del Tesoro de la Nación por un valor nominal de U$S 620.000. Esos títulos, según el requerimiento del fiscal Brito, fueron comprados por Atim e inmediatamente transferidos a una cuenta a nombre de esta y de su madre (Borquez). A continuación, habría aparecido el letrado Martín y la oferta de cobrar los papeles en dólares mediante una demanda de inconstitucionalidad de los decretos y resoluciones que habían dispuesto la "pesificación" de las deudas públicas.
Tal demanda recayó en el Juzgado de Terán y fue firmada por Ducca en páginas que llevaban las iniciales de Martín (el mismo modelo usado en "Taranto" y "Camandona"). El escrito expresaba que Borquez, entonces de 71 años, había adquirido los títulos como una forma de ahorro, y que esta necesitaba una serie de medicamentos para el tratamiento de tumores de origen maligno y ulceroso. La presentación adjuntaba copias certificadas de una tomografía, un estudio de colon y una ecografía (todos hechos entre 1999 y 2000) que, a la postre, resultaron falsos. Cuatro semanas después, Terán concedió la cautelar sin indicar montos. Con posterioridad, ingresaron nuevos títulos a la cuenta de Borquez, supuestamente financiados por Rossi, Barboza, Rigourd y Recalde. Y esos movimientos, que no pasaron inadvertidos en el erario, originaron la causa penal que, entre otros efectos, puso fin a la Justicia Federal de Parache y Terán.
Esa es la historia que, en síntesis, cuenta el auto de elevación a juicio oral de 130 fojas que el 27 de noviembre de 2012 firmó el conjuez Edgardo López Herrera. Dicha resolución da por clausurada la instrucción de la causa "Borquez", pesquisa testigo de los casos de maniobras con títulos públicos abierta en 2005 junto a los expedientes "Camandona" (enviada a juicio en noviembre de 2011), "Taranto" y "Scaravilli López" (ver abajo y línea de tiempo). Todos ellos tienen imputados y un modus operandi en común, pero ninguno habría existido sin "Borquez", donde los montos involucrados e irregularidades detectadas propiciaron auditorías en los dos juzgados federales de Tucumán y, en última instancia, la destitución (sin precedentes) de Felipe Terán y la renuncia de Jorge Parache, entonces jueces respectivos de las unidades judiciales N°2 y N°1.
El auto de López Herrera es inapelable (según el artículo 352 del Código Procesal Penal de la Nación) y habilita al Tribunal Oral en lo Criminal Federal para juzgar a los abogados Fernando Ducca y Daniel Martín; a Terán, y a cuatro presuntos inversores vinculados a la empresa MA Valores SA: Pablo Javier Rossi, César Daniel Barboza, Fernando Adolfo Recalde y Jorge Alejandro Rigourd. Todos ellos están acusados -con distinta participación- de la supuesta comisión de una tentativa de defraudación en perjuicio de la administración pública, entre otros delitos.
El auto rechaza la prescripción (o extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo) de "Borquez", defensa que esgrimieron -y esgrimen- los procesados. Con anterioridad, ese argumento sí había prosperado respecto de Inés Yolanda Borquez y su hija, Cristina de Fátima Atim (recientemente fallecida), y de Osvaldo Siseles, ex subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación. López Herrera asimismo rechaza todas las oposiciones y planteos de nulidad de los procesados contra el requerimiento de elevación a juicio que presentó el fiscal federal Carlos Brito (este acto interrumpe el cómputo de la prescripción de la acción penal). Esas desestimaciones deben quedar firmes para que "Borquez", que en noviembre de 2010 tenía media docena de cuerpos de 200 fojas cada uno, "suba" al Tribunal Oral.
La resolución del conjuez da aire a un caso que parecía liquidado a mediados de 2012, por las excusaciones de los (nuevos) jueces Fernando Poviña (h) y Daniel Bejas tras el cese de Mario Racedo como magistrado subrogante N°2. Poviña, que juró en el Juzgado Federal N°2 en diciembre de 2011, se apartó de todas las causas con títulos de la deuda pública porque su madre, Sara Inés Caporaletti, se desempeñó como secretaria civil de la unidad jurisdiccional durante la gestión de Terán, y porque su padre y homónimo, Fernando Poviña, es abogado defensor de Parache. Esas excusaciones obligaron a girar las pesquisas al despacho de Bejas, pero este explicó genéricamente que no podía juzgarlas porque, en el pasado, había emitido opinión extrajudicial sobre el escándalo. El "vacío" derivó en el sorteo de un conjuez y así fue como López Herrera se incorporó a la agonizante causa "Borquez".
La trama del caso incluye una primera adquisición de Bonos del Tesoro de la Nación por un valor nominal de U$S 620.000. Esos títulos, según el requerimiento del fiscal Brito, fueron comprados por Atim e inmediatamente transferidos a una cuenta a nombre de esta y de su madre (Borquez). A continuación, habría aparecido el letrado Martín y la oferta de cobrar los papeles en dólares mediante una demanda de inconstitucionalidad de los decretos y resoluciones que habían dispuesto la "pesificación" de las deudas públicas.
Tal demanda recayó en el Juzgado de Terán y fue firmada por Ducca en páginas que llevaban las iniciales de Martín (el mismo modelo usado en "Taranto" y "Camandona"). El escrito expresaba que Borquez, entonces de 71 años, había adquirido los títulos como una forma de ahorro, y que esta necesitaba una serie de medicamentos para el tratamiento de tumores de origen maligno y ulceroso. La presentación adjuntaba copias certificadas de una tomografía, un estudio de colon y una ecografía (todos hechos entre 1999 y 2000) que, a la postre, resultaron falsos. Cuatro semanas después, Terán concedió la cautelar sin indicar montos. Con posterioridad, ingresaron nuevos títulos a la cuenta de Borquez, supuestamente financiados por Rossi, Barboza, Rigourd y Recalde. Y esos movimientos, que no pasaron inadvertidos en el erario, originaron la causa penal que, entre otros efectos, puso fin a la Justicia Federal de Parache y Terán.
