29 Diciembre 2012
El plan represivo de las Fuerzas Armadas produjo desastres políticos y económicos, con la concreción de lesiones irreparables a los derechos civiles y sociales de grandes parcelas de la sociedad tucumana cuyas repercusiones se extienden hasta la fecha, principalmente en los sectores desplazados de su actividad económica habitual relacionada a la industria azucarera, produciendo el ocaso de pueblos enteros vinculados con dicha labor. Así se desprende de la resolución de la Justicia Federal.
"Como consecuencia de las políticas económicas iniciadas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y continuada hasta fines de la dictadura de 1976, la persecución y desmantelamiento de sectores industriales y productivos calificados de 'comunistas', produjo que miles de tucumanos/as perdieran su vivienda, su tierra, su empleo, la posibilidad de participar en política, los medios de subsistencia, el acceso a la educación de las niñas y los niños, sufrieron la desintegración de la estructura del hogar, la pérdida de las redes sociales y comunitarias, y el incremento de la marginación, entre otros daños", añade.
Mayoría de jornaleros
El fallo menciona que, de la prueba obrante en la causa, se desprende que, de los 269 casos investigados, alrededor de un 42% de víctimas fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos (alrededor de 113 casos), un el 15% de víctimas, eran dirigentes sindicales y gremiales vinculados al partido peronista (alrededor de 40 casos), un 8% de víctimas eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia (alrededor de 20 casos), un 8% de víctimas eran empleados públicos (alrededor de 20 casos), un 5% de víctimas eran profesionales independientes (alrededor de 12 casos); un 4% eran estudiantes universitarios (alrededor de 10 casos), un 2% militantes de partidos políticos de izquierda (alrededor de cinco casos), y sólo un 7% de víctimas acreditaban alguna vinculación con el ERP/PRT (12 casos) o con Montoneros (cuatro casos).
Por consiguiente, concluye que, del contexto de la investigación, "surgiría con claridad que los sectores de población principalmente perseguidos y lesionados durante la vigencia del Operativo Independencia, fueron aquellos vinculados con la industria azucarera, la actividad rural, la dirigencia sindical y con la defensa de los derechos de titularidad de los sectores más desprotegidos".
Nueva metodología
El Operativo independencia no inaugura la represión, sino que modifica su metodología: a) hasta febrero de 1975, por imperio de las leyes claramente inconstitucionales como la ley 20642/74 y la ley 20840/74 se penalizan y agravan las penas por los llamados "delitos subversivos", produciéndose la detención y puesta a disposición de la justicia federal de numerosas personas sospechadas de actividad "subversiva"; b) desde febrero de 1975 la metodología represiva suma la condición de "clandestina", sustentándose en el secuestro, la tortura, la violación y la desaparición u homicidio de las personas sospechadas de actividades subversivas.
"Como consecuencia de las políticas económicas iniciadas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y continuada hasta fines de la dictadura de 1976, la persecución y desmantelamiento de sectores industriales y productivos calificados de 'comunistas', produjo que miles de tucumanos/as perdieran su vivienda, su tierra, su empleo, la posibilidad de participar en política, los medios de subsistencia, el acceso a la educación de las niñas y los niños, sufrieron la desintegración de la estructura del hogar, la pérdida de las redes sociales y comunitarias, y el incremento de la marginación, entre otros daños", añade.
Mayoría de jornaleros
El fallo menciona que, de la prueba obrante en la causa, se desprende que, de los 269 casos investigados, alrededor de un 42% de víctimas fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos (alrededor de 113 casos), un el 15% de víctimas, eran dirigentes sindicales y gremiales vinculados al partido peronista (alrededor de 40 casos), un 8% de víctimas eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia (alrededor de 20 casos), un 8% de víctimas eran empleados públicos (alrededor de 20 casos), un 5% de víctimas eran profesionales independientes (alrededor de 12 casos); un 4% eran estudiantes universitarios (alrededor de 10 casos), un 2% militantes de partidos políticos de izquierda (alrededor de cinco casos), y sólo un 7% de víctimas acreditaban alguna vinculación con el ERP/PRT (12 casos) o con Montoneros (cuatro casos).
Por consiguiente, concluye que, del contexto de la investigación, "surgiría con claridad que los sectores de población principalmente perseguidos y lesionados durante la vigencia del Operativo Independencia, fueron aquellos vinculados con la industria azucarera, la actividad rural, la dirigencia sindical y con la defensa de los derechos de titularidad de los sectores más desprotegidos".
Nueva metodología
El Operativo independencia no inaugura la represión, sino que modifica su metodología: a) hasta febrero de 1975, por imperio de las leyes claramente inconstitucionales como la ley 20642/74 y la ley 20840/74 se penalizan y agravan las penas por los llamados "delitos subversivos", produciéndose la detención y puesta a disposición de la justicia federal de numerosas personas sospechadas de actividad "subversiva"; b) desde febrero de 1975 la metodología represiva suma la condición de "clandestina", sustentándose en el secuestro, la tortura, la violación y la desaparición u homicidio de las personas sospechadas de actividades subversivas.
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