"La Escuelita", un centro organizado para el horror

"Víctor Clavero fue cruelmente torturado. Una noche fue atado a una columna y ordenaron no alimentarlo. A la mañana siguiente, no estaba con vida" (militante de PJ de Famaillá secuestrado en 1974). "A Rolando Figueroa lo trasladaron a Famaillá, donde lo introdujeron en un ataúd, en el que estuvo varios días. Después de días de tortura, estaba prácticamente ciego" (ayudante de albañil de 16 años, secuestrado en 1974) . "Un testigo vio el cuerpo de Tomás Ángel Bulacio en marzo del 1975 sobre una chapa, sin uñas ni ojos y quemado" (trabajador de la municipalidad de Lules, de 27 años, secuestrado en 1975). "Una noche, Roberto Liacoplo escuchó el nacimiento de un bebé, oyendo su llanto y los gritos de la madre. En otra ocasión, el fusilamiento de tres personas (secuestrado en Lules en 1975). "En la madrugada irrumpieron violentamente personas armadas, que se identificaron como policías y con el pretexto de buscar a unos ladrones. Luego de amenazar de muerte a la familia e inmovilizarla, se llevaron a Jorge de la Cruz Agüero envuelto en la sábana de su cama, sin permitirle vestirse, con rumbo desconocido" (estudiante secundario, de 17 años, secuestrado en 1976 y desaparecido).

Los fragmentos pertenecen a los hechos relacionados con algunas de las 269 víctimas de la megacausa "Operativo Independencia". Los relatos del expediente dan cuenta de lo sucedido en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como "La Escuelita", instalado en la escuela Diego de Rojas (Famaillá) y de la manera en la que operaron las fuerzas de seguridad.

En el largo listado de crímenes figuran los cometidos contra el actual secretario de Derechos Humanos provincial, Humberto Rava, y su madre, Sara González de Rava y en perjuicio del periodista de LA GACETA, Maurice Jeger, quien permanece desaparecido (ver "El caso...").

Cada foja de testimonios desnuda el funcionamiento del sistema represivo instalado en el sur de la provincia. La mayoría de los afectados fueron trabajadores rurales o fabriles; militantes; estudiantes universitarios o secundarios que fueron secuestrados de sus casas, trabajos o en la vía pública. De acuerdo con la investigación, si eran apresados en la capital, eran trasladados al CCD de la Jefatura o la Brigada y luego, llevados al de "La Escuelita". Si eran capturados en el interior, pasaban antes por bases militares, comisarías o por CCD más pequeños, como "El Conventillo" (Ingenio La Fronterita).

De acuerdo con las historias reunidas durante la pesquisa, el modus operandi durante los secuestros era similar: las patotas actuaban generalmente durante la noche, fuertemente armadas y en varios vehículos. También se consigna que en ocasiones se apresaron a varios miembros de una familia con el objetivo de presionar a las víctimas. Se detallan, por otro lado, los métodos aberrantes de torturas mediante los cuales se pretendía obtener información de los detenidos y, a su vez, generar nuevos operativos. Los abusos sexuales contra hombres y mujeres en los Centros y la violencia de género fueron especialmente destacados en el expediente. Se habrían cometido violaciones contra una docena de detenidos.