"El plan represivo no contó con la aquiescencia del gobierno civil"

"No corresponde hacer lugar al pedido de citación indagatoria de María Estela Martínez de Perón", concluyó el juez federal Daniel Bejas, tras apuntar que, "si bien el Ministerio Público Fiscal (MPF) afirma la presunta vinculación o aquiescencia del Gobierno civil provincial (Amado Juri) y nacional (Martínez de Perón) con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el 'Operativo Independencia', e inclusive formula imputación contra la entonces presidenta constitucional, tal posición no se mantiene en forma continua ni de modo coherente durante su exposición".

En ese sentido, considera que la imputación efectuada a "Isabelita" como débil y confusa, "en tanto si el MPF considera que durante el Operativo Independencia las FFAA actuaron con la aquiescencia o autorización de las autoridades civiles de la época: las acusaciones no podrían acotarse a la figura de la Presidenta, debiendo también captar ministros, legisladores, gobernadores y jueces, es decir un espectro representativo del gobierno civil cuyo accionar estaría comprometido con la comisión -o con no evitar- de los hechos delictivos investigados".

Indicó que se encuentra demostrado que desde el año 1974 las FFAA y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir "el enemigo subversivo marxista".

"Dicho plan represivo -sigue-, dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultra derecha directamente vinculados con el accionar del Ejército, como fue por ejemplo la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) dirigida por el entonces Ministro de Bienestar Social José López Rega".

Recuerda que Acdel Vilasdescribe desde el plano metodológico la substitución de facto de los poderes políticos y sociales: "mi intención de allí en más, fue la de suplantar, aun utilizando métodos que estuvieran vedados, a la autoridad política de la provincia de Tucumán, tratando de superar, aunando esfuerzos civiles y militares, el brote guerrillero marxista que tenía en vilo a los tucumanos y amenazaba expandirse a otras provincias".

El juez señala que las FFAA, en la ejecución del plan criminal ideado ya a fines de la década del 60 y desarrollado con mayor intensidad durante el denominado Operativo Independencia, no habrían contado con la "aquiescencia" del gobierno civil, en tanto de haber existido tal situación no hubiera sido necesaria la toma de poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976, ello sin perjuicio de adhesiones y colaboraciones de algunos sectores de la sociedad civil y política, que compartían los intereses y objetivos que signaban el accionar militar. Por lo tanto rechaza la citación de Martínez de Perón.