22 Diciembre 2012
Entre San Javier y La Sala se encuentra una de las sucursales tucumanas del Edén. Durante todo el año reina allí una calma bucólica. Pero ayer, su diáfano cielo se manchó del humo negro de cubiertas, por un piquete que realizaron lugareños. Un grupo de familias interrumpió el tránsito a la altura del kilómetro 16 de la ruta provincial 340 -trepa el cerro San Javier-. Armaron la barricada sobre el pavimento porque, según denuncian, la Justicia los quiere desalojar.
"La empresa Jorsa es propietaria de los títulos; pero no iniciaron un juicio civil porque saben que pierden: las familias que habitan aquí lo hacen desde tiempos ancestrales; algunos llevan 84 o 91 años viviendo y trabajando en estas tierras, otros cuentan con boletas de impuestos o servicios pagadas antes de 1980; y se sabe que la posesión veinteñal vale más que el título", explicaron los abogados Mario Soloaga y Alberto Pombo. Agregaron que, a raíz de ello, los empresarios decidieron iniciar acciones penales, por usurpación, contra familias que habitan la zona. "Pero para que esto tenga vía, la posesión debe turbarse; y estas familias no hicieron ninguna usurpación. Piden que se restituya algo que jamás fue quitado", afirmaron. Isabel Torres se encadenó al portón de la casa donde vive desde siempre, según contó. La mujer, de 28 años, empuña un bidón en una mano y un encendedor en la otra. ¿Qué lleva en el bidón?, pregunta LA GACETA. "Nafta. Tengo cinco hijos, mi marido es desocupado; vivimos de lo que saca por trabajar las tierras. Si me sacan, me prendo fuego y que ellos (los policías) se hagan cargo. Quiero que el Gobierno interceda", pidió. No menos de 30 agentes participaron del operativo, a cargo del comisario Mario Rojas, segundo jefe de la regional Oeste.
Soloaga apuntó hacia el Poder Judicial. Contó que su representado, Diego López (uno de los vecinos), jamás fue notificado en ninguna instancia de la causa, hasta el sábado. "El juez Francisco Pisa admitió un recurso de apelación; pero no avisa a la Policía, y el fiscal (Guillermo) Herrera hace caso omiso. El recurso de apelación tiene efecto suspensivo de la medida. Queremos que el Gobierno haga algo; sucede esto cuando la Justicia está fuertemente cuestionada", manifestó, en relación al polémico fallo por la causa "Marita".
Desmentida empresaria
El representante de Jorsa presente en el lugar, Martín Perea, negó que la firma busque echar a los vecinos; y afirmó que sólo persiguen detener la venta ilegal de tierras, propiedad de la empresa. "Por favor, te pido que precisés: no se desaloja a nadie, a ningún vecino; la idea, incluso, es darle el título a la gente que tiene más de cinco años. Pero no podemos permitir la ocupación y la venta organizada por algunos inescrupulosos", destacó. Perea denunció puntualmente a la familia López: "en un año y medio, ellos se apuraron a vender ocho casas; y hay otros ocho o 10 lotes más, vendidos a gente que ya quiere conversar con nosotros, porque no quieren perder el lote".
Aclaró que no buscan polemizar con nadie, y que incluso contemplan la cesión del título a la misma familia López. "Verificamos si la persona que adquirió el lote es comprador de buena fe o no; pero incluso, hasta con el comprador de buena fe nos sentaremos a charlar. Lo que no permitiremos es que se sigan vendiendo nuestras tierras a terceros", señaló.
Los vecinos prometieron resistir el piquete, hasta que se retiren los policías y la Justicia los escuche.
"La empresa Jorsa es propietaria de los títulos; pero no iniciaron un juicio civil porque saben que pierden: las familias que habitan aquí lo hacen desde tiempos ancestrales; algunos llevan 84 o 91 años viviendo y trabajando en estas tierras, otros cuentan con boletas de impuestos o servicios pagadas antes de 1980; y se sabe que la posesión veinteñal vale más que el título", explicaron los abogados Mario Soloaga y Alberto Pombo. Agregaron que, a raíz de ello, los empresarios decidieron iniciar acciones penales, por usurpación, contra familias que habitan la zona. "Pero para que esto tenga vía, la posesión debe turbarse; y estas familias no hicieron ninguna usurpación. Piden que se restituya algo que jamás fue quitado", afirmaron. Isabel Torres se encadenó al portón de la casa donde vive desde siempre, según contó. La mujer, de 28 años, empuña un bidón en una mano y un encendedor en la otra. ¿Qué lleva en el bidón?, pregunta LA GACETA. "Nafta. Tengo cinco hijos, mi marido es desocupado; vivimos de lo que saca por trabajar las tierras. Si me sacan, me prendo fuego y que ellos (los policías) se hagan cargo. Quiero que el Gobierno interceda", pidió. No menos de 30 agentes participaron del operativo, a cargo del comisario Mario Rojas, segundo jefe de la regional Oeste.
Soloaga apuntó hacia el Poder Judicial. Contó que su representado, Diego López (uno de los vecinos), jamás fue notificado en ninguna instancia de la causa, hasta el sábado. "El juez Francisco Pisa admitió un recurso de apelación; pero no avisa a la Policía, y el fiscal (Guillermo) Herrera hace caso omiso. El recurso de apelación tiene efecto suspensivo de la medida. Queremos que el Gobierno haga algo; sucede esto cuando la Justicia está fuertemente cuestionada", manifestó, en relación al polémico fallo por la causa "Marita".
Desmentida empresaria
El representante de Jorsa presente en el lugar, Martín Perea, negó que la firma busque echar a los vecinos; y afirmó que sólo persiguen detener la venta ilegal de tierras, propiedad de la empresa. "Por favor, te pido que precisés: no se desaloja a nadie, a ningún vecino; la idea, incluso, es darle el título a la gente que tiene más de cinco años. Pero no podemos permitir la ocupación y la venta organizada por algunos inescrupulosos", destacó. Perea denunció puntualmente a la familia López: "en un año y medio, ellos se apuraron a vender ocho casas; y hay otros ocho o 10 lotes más, vendidos a gente que ya quiere conversar con nosotros, porque no quieren perder el lote".
Aclaró que no buscan polemizar con nadie, y que incluso contemplan la cesión del título a la misma familia López. "Verificamos si la persona que adquirió el lote es comprador de buena fe o no; pero incluso, hasta con el comprador de buena fe nos sentaremos a charlar. Lo que no permitiremos es que se sigan vendiendo nuestras tierras a terceros", señaló.
Los vecinos prometieron resistir el piquete, hasta que se retiren los policías y la Justicia los escuche.
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