Por decreto, el Estado recupera el predio rural de Palermo

BUENOS AIRES.- La presidenta Cristina Fernández dispuso ayer la "recuperación" del predio ferial del barrio porteño de Palermo que e Estado había vendido a la Sociedad Rural Argentina (SRA) en 1991, por considerar que fue ocupado de manera "irregular" y adquirido a "precio vil", informó ayer el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. La medida fue tomada a través del decreto 2552, que revocó lo dispuesto en el 2699/91 por el que se vendió a la SRA ese predio un valor equivalente a U$S 30 millones, "menos de la mitad del valuado por el Tribunal de Tasación", dijo. Asimismo, precisó que "los ocupantes del predio" serán notificados hoy de la decisión presidencial. La SRA, en tanto, consideró una "aberración jurídica" al decreto que declaró la nulidad del predio ferial de Palermo en 1991 y advirtió que la situación "deberá ser dirimida en los tribunales de la Nación". Según la entidad, "la medida anunciada por el Ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución y es una fuerte agresión al campo en su conjunto". "Esta decisión no es un hecho aislado sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado -recordó Abal Medina-, de sus capacidades, de sus propiedades, sus condiciones, que venimos desarrollando desde 2003". La comparó con lo llevado a cabo con Aerolíneas Argentinas, los fondos de las AFJP e YPF.

Abal Medina, en conferencia de prensa , dijo que "la Presidenta firmó el decreto 2552 que en su parte dispositiva" establece que se revoca "por estar afectado de nulidad absoluta el decreto 2699/91 así como todos los actos dictados en consecuencia del citado decreto por adolecer de igual nulidad. En consecuencia, dijo que se instruyó "a la Agencia de Administración de Bienes del Estado en su carácter de autoridad de aplicación a que realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo ubicado entre las avenidas Santa Fe y Sarmiento y las calles Cerviño y Oro". Se establece luego que la Agencia, con la "intervención de la Sindicatura General de la Nación determinará las compensaciones que puedan resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que en su caso pudieran corresponder".

La otra deuda
En un informe ante la prensa pero sin permitir preguntas, Abal Medina justificó la decisión del gobierno en que en 1991 "con el supuesto propósito de poner fin a una situación irregular de ocupación del predio por parte de la Sociedad Rural a través del Decreto 2699 se aprobó su venta, por parte del Estado Nacional". "Esta venta, caracterizada por una serie de irregularidades ha sido definida, por el juez Sergio Torres, que entiende en la causa como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional", recordó. En este marco, explicó que "el precio vil de U$S 30 millones, establecido como valor de aquel predio, representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, órgano que determinó el valor real en la suma de U$S 63.615.000, a valores de 1991". Aseguró que "se omitió asignar valor a la tasación, realizada por aquel entonces por el ex Banco Hipotecario y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a los bienes que, dentro del predio, ya eran propiedad del Estado por el usufructo que la Sociedad Rural había realizado del mismo hasta 1991".

Enfatizó que "sin que mediara justificación alguna", la venta del predio fue realizada en forma directa "evitando los mecanismos de la normativa vigente que eran el remate o la licitación pública". "Se le concedió a la Sociedad Rural un plazo de 10 años para saldar el valor del inmueble, cuando tal prerrogativa estaba expresamente prohibida", agregó. Recordó entonces que por esas razones, Torres procesó al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y a directivos de la SRA en ese momento, de los Bancos Hipotecario y de la Ciudad de Buenos Aires, y de los organismos involucrados "por el delito de peculado". A esa situación -dijo Abal Medina-, "se suma el gravísimo hecho de que la SRA dejó de pagar los compromisos contraídos por aquel acto" y la deuda asciende a $ 157.397.269 "calculando los intereses y penalidades previstas". (DyN-Télam)