10 Diciembre 2012
BUENOS AIRES.- La peronista Cristina Fernández cumple hoy cinco años en la Presidencia, con la Argentina en un momento crítico que le hizo perder gran parte del apoyo que le permitió asumir hace un año su segundo mandato. En sólo un año, pasó de arrasar en las urnas con el 54% de los votos a tener una imagen positiva del 30% y un 62,9% de desaprobación, según un sondeo de la consultora Management & Fit.
La ausencia de un líder opositor que pudiera capitalizar la disconformidad social mantiene con vida el proyecto re-reeleccionista para los comicios de 2015, pese al rechazo popular a una nueva reforma de la Carta Magna y en medio de una intensa marea de fondo dentro del PJ en la pugna por la sucesión.
El primer año de la segunda gestión de Fernández fue complejo. Comenzó en enero con un diagnóstico de cáncer de tiroides que generó incertidumbre por un eventual vacío de poder a causa del estilo de gobierno verticalista y ultraconcentrado en Cristina.
Su vice, Amado Boudou, centró este año un escándalo por supuesto enriquecimiento ilícito y corrupción, sospechado de tráfico de influencias en el rescate y posterior compra de la principal empresa de imprenta de billetes nacionales, la ex Ciccone Calcográfica.
La economía argentina sufrió este año un cimbronazo, luego de crecer a "tasas chinas" durante nueve años y cerrar 2011 con una expansión del 8,9%. Este año cerraría con un crecimiento de entre un 1% y un 2%, según diversas estimaciones privadas, con el sector industrial en contracción y la producción agrícola afectada, primero, por sequías y, después, por inundaciones.
Las restricciones a la compra de dólares de la administración kirchnerista, que buscan frenar la salida de la divisa para poder hacer frente a los compromisos de deuda y la balanza comercial, se fueron endureciendo con el paso de los meses, generando desconfianza entre los inversores extranjeros e impactando con fuerza en el mercado de bienes raíces.
La expropiación en mayo de la mayoría accionaria de la petrolera YPF que estaba en manos del grupo español Repsol sumó incertidumbre y le costó a Buenos Aires una demanda de la compañía española ante el Ciadi (organismo dependiente del Banco Mundial donde se dirimen los litigios por inversiones entre empresas y Estados), por la falta de un pago justo por los títulos nacionalizados.
Los reveses se siguieron sumando, con un fallo de tribunales neoyorquinos a favor de "fondos buitres", que demandan el pago de bonos soberanos argentinos en moratoria desde 2002 y que dejó al país otra vez ante el riesgo de un "default técnico". La resolución fue frenada hasta febrero por la Corte de Apelaciones de Nueva York.
El malhumor social se escenificó en un primer cacerolazo el 13 de septiembre contra el Gobierno. Un segundo cacerolazo, más masivo y organizado, pobló el 8 de noviembre las calles de Buenos Aires y numerosas ciudades argentinas. La todavía poderosa clase media renovó sus reclamos por la inseguridad y la inflación y se pronunció en contra de una reforma constitucional.
El consumo interno, uno de los motores del crecimiento económico, comenzó en tanto a dar señales de alerta, en un contexto en que una parte importante de los salarios dejó de crecer al ritmo de la inflación, que alcanzaría este año un 26% según estimaciones privadas, y con una tasa de desempleo que después de muchos años cambió de tendencia y comenzó a subir.
En noviembre llegó también la primera huelga general convocada contra Cristina por los gremios opositores que, aunque no llegó a paralizar el país, fue una potente demostración de fuerza del descontento social y sindical.
El último impacto sufrido por el kirchnerismo a horas de celebrar el aniversario en el poder se lo dio la Justicia, al avalar la prórroga de la medida cautelar pedida por el Grupo Clarín, crítico del Gobierno, para evitar la aplicación la nueva Ley de Medios hasta que los Tribunales resuelvan su denuncia de inconstitucionalidad de dos artículos de la norma. (DPA)
La ausencia de un líder opositor que pudiera capitalizar la disconformidad social mantiene con vida el proyecto re-reeleccionista para los comicios de 2015, pese al rechazo popular a una nueva reforma de la Carta Magna y en medio de una intensa marea de fondo dentro del PJ en la pugna por la sucesión.
El primer año de la segunda gestión de Fernández fue complejo. Comenzó en enero con un diagnóstico de cáncer de tiroides que generó incertidumbre por un eventual vacío de poder a causa del estilo de gobierno verticalista y ultraconcentrado en Cristina.
Su vice, Amado Boudou, centró este año un escándalo por supuesto enriquecimiento ilícito y corrupción, sospechado de tráfico de influencias en el rescate y posterior compra de la principal empresa de imprenta de billetes nacionales, la ex Ciccone Calcográfica.
La economía argentina sufrió este año un cimbronazo, luego de crecer a "tasas chinas" durante nueve años y cerrar 2011 con una expansión del 8,9%. Este año cerraría con un crecimiento de entre un 1% y un 2%, según diversas estimaciones privadas, con el sector industrial en contracción y la producción agrícola afectada, primero, por sequías y, después, por inundaciones.
Las restricciones a la compra de dólares de la administración kirchnerista, que buscan frenar la salida de la divisa para poder hacer frente a los compromisos de deuda y la balanza comercial, se fueron endureciendo con el paso de los meses, generando desconfianza entre los inversores extranjeros e impactando con fuerza en el mercado de bienes raíces.
La expropiación en mayo de la mayoría accionaria de la petrolera YPF que estaba en manos del grupo español Repsol sumó incertidumbre y le costó a Buenos Aires una demanda de la compañía española ante el Ciadi (organismo dependiente del Banco Mundial donde se dirimen los litigios por inversiones entre empresas y Estados), por la falta de un pago justo por los títulos nacionalizados.
Los reveses se siguieron sumando, con un fallo de tribunales neoyorquinos a favor de "fondos buitres", que demandan el pago de bonos soberanos argentinos en moratoria desde 2002 y que dejó al país otra vez ante el riesgo de un "default técnico". La resolución fue frenada hasta febrero por la Corte de Apelaciones de Nueva York.
El malhumor social se escenificó en un primer cacerolazo el 13 de septiembre contra el Gobierno. Un segundo cacerolazo, más masivo y organizado, pobló el 8 de noviembre las calles de Buenos Aires y numerosas ciudades argentinas. La todavía poderosa clase media renovó sus reclamos por la inseguridad y la inflación y se pronunció en contra de una reforma constitucional.
El consumo interno, uno de los motores del crecimiento económico, comenzó en tanto a dar señales de alerta, en un contexto en que una parte importante de los salarios dejó de crecer al ritmo de la inflación, que alcanzaría este año un 26% según estimaciones privadas, y con una tasa de desempleo que después de muchos años cambió de tendencia y comenzó a subir.
En noviembre llegó también la primera huelga general convocada contra Cristina por los gremios opositores que, aunque no llegó a paralizar el país, fue una potente demostración de fuerza del descontento social y sindical.
El último impacto sufrido por el kirchnerismo a horas de celebrar el aniversario en el poder se lo dio la Justicia, al avalar la prórroga de la medida cautelar pedida por el Grupo Clarín, crítico del Gobierno, para evitar la aplicación la nueva Ley de Medios hasta que los Tribunales resuelvan su denuncia de inconstitucionalidad de dos artículos de la norma. (DPA)
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