08 Diciembre 2012
PAOLILLO. El directivo encabezó la delegación de la SIP que visitó el país. DYN
BUENOS AIRES.- "Continúa habiendo graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo en el país", concluyó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en un informe preliminar sobre la libertad de expresión en la Argentina. Directivos de la SIP se reunieron ayer en el Senado con legisladores de la oposición y un grupo de periodistas para evaluar "el estado de la libertad de expresión en la Argentina". La comitiva fue encabezada por Claudio Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, quien estuvo acompañado por Elizabeth Ballantine (The Durango Herald, EEUU), Miguel Henrique Otero (El Nacional, Venezuela), Alexandre Jobim (Grupo RBS, Brasil) y Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP.
"La misión observó que en Argentina la crítica no está criminalizada penalmente, pero el Gobierno se ocupa de desacreditarla socialmente desde el poder, mediante el hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos, algunos de los cuales son mencionados explícitamente por la Presidenta de la Nación en cadenas de radio y televisión", expresa el documento. "La publicidad oficial continúa siendo distribuida para favorecer, en general, a los medios amigos" y castigar a los que el Gobierno ve como "enemigos", con dinero que es propiedad de los ciudadanos, agrega.
En el informe se menciona que la delegación recibió informes inquietantes de periodistas críticos sobre el futuro de la libertad de expresión en la Argentina, como así también comentarios de políticos opositores, intelectuales independientes y críticos. En ambos grupos advirtieron que el Gobierno está haciendo una "aplicación selectiva" de esa norma. "Lo único que interesa al oficialismo es desahuciar al Grupo Clarín", repitieron tres personas con las que conversó la misión.
"Llamó la atención de la delegación las presiones explícitas del Ejecutivo sobre el Poder Judicial para incidir en el nombramiento de los jueces que entienden en la causa entablada por el Grupo Clarín", que ha recurrido dos artículos de la Ley de Medios ante la Justicia por considerarlos inconstitucionales. Estas presiones públicas y privadas del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial perturbaron muy especialmente a la comitiva por su proyección institucional.
La delegación recuerda que "la SIP siembre ha rechazado las hegemonías comunicacionales, tanto si ocurren en el sector privado como en el sector público". Y, si bien "se opone a los monopolios u oligopolios privados porque afectan la libertad de expresión, con más fuerza se opone a los monopolios u oligopolios estatales, porque éstos conducen al totalitarismo". "La misión de la SIP confía en la administración de justicia argentina y en que los jueces decidan en favor de las libertades y de las garantías fundamentales de los individuos", concluye el informe publicado en la página web de la SIP. (Especial)
"La misión observó que en Argentina la crítica no está criminalizada penalmente, pero el Gobierno se ocupa de desacreditarla socialmente desde el poder, mediante el hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos, algunos de los cuales son mencionados explícitamente por la Presidenta de la Nación en cadenas de radio y televisión", expresa el documento. "La publicidad oficial continúa siendo distribuida para favorecer, en general, a los medios amigos" y castigar a los que el Gobierno ve como "enemigos", con dinero que es propiedad de los ciudadanos, agrega.
En el informe se menciona que la delegación recibió informes inquietantes de periodistas críticos sobre el futuro de la libertad de expresión en la Argentina, como así también comentarios de políticos opositores, intelectuales independientes y críticos. En ambos grupos advirtieron que el Gobierno está haciendo una "aplicación selectiva" de esa norma. "Lo único que interesa al oficialismo es desahuciar al Grupo Clarín", repitieron tres personas con las que conversó la misión.
"Llamó la atención de la delegación las presiones explícitas del Ejecutivo sobre el Poder Judicial para incidir en el nombramiento de los jueces que entienden en la causa entablada por el Grupo Clarín", que ha recurrido dos artículos de la Ley de Medios ante la Justicia por considerarlos inconstitucionales. Estas presiones públicas y privadas del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial perturbaron muy especialmente a la comitiva por su proyección institucional.
La delegación recuerda que "la SIP siembre ha rechazado las hegemonías comunicacionales, tanto si ocurren en el sector privado como en el sector público". Y, si bien "se opone a los monopolios u oligopolios privados porque afectan la libertad de expresión, con más fuerza se opone a los monopolios u oligopolios estatales, porque éstos conducen al totalitarismo". "La misión de la SIP confía en la administración de justicia argentina y en que los jueces decidan en favor de las libertades y de las garantías fundamentales de los individuos", concluye el informe publicado en la página web de la SIP. (Especial)
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