06 Diciembre 2012
EN TRIBUNALES. Elías y Cano llevaron la denuncia a la Justicia Federal. LA GACETA / FOTO DE HECTOR PERALTA
Policías sin uniforme. Una base de operaciones sin identificación. Vehículos sin chapa patente. Fotografías a dirigentes políticos y sindicales; a artistas y a otros sectores de la oposición en plena protesta. Esta serie de presuntas actividades ilícitas, según tres parlamentarios de la Unión Cívica Radical (UCR), realiza el Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía, más conocido como D2.
En la denuncia que formularon ante el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, los radicales apuntaron por estas supuestas prácticas contra el gobernador, José Alperovich, y el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera.
El planteo judicial lleva las firmas del senador nacional José Cano, titular de la UCR en la provincia; y de los legisladores provinciales Ariel García y Silvia Elías de Pérez. En el escrito, los radicales expresan que el D2 investiga a quienes se manifiestan en público en contra del alperovichismo, lo que violaría la Ley de Inteligencia Nacional.
Los opositores reclamaron el cumplimiento de esa norma para evitar "que se almacenen datos sobre personas por el solo hecho de su raza, de su fe religiosa o de pertenencia a organizaciones políticas, sociales, sindicales o comunitarias". Según los denunciantes, el D2 no respeta esto. "La Policía desarrolla la actividad de inteligencia sin ningún control que regule su labor", sostuvieron.
Los radicales afirman que esa repartición de la fuerza funciona en una vieja casona ubicada cerca de la plazoleta Dorrego. Sin embargo, la denuncia consigna que esas oficinas no tienen identificación oficial "pese al movimiento permanente de personal policial de civil y de vehículos sin patentes". Luego, remarcaron que hubo oficiales del D2 tomando fotografías a trabajadores de la salud, agremiados en Sitas, que protestaban contra el alperovichismo.
Cano y Elías de Pérez hicieron ayer otra denuncia, en la que afirman que el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, envió documentación irregular al ENRE para tramitar el presupuesto de la estación transformadora Ayacucho.
En la denuncia que formularon ante el fiscal federal general, Antonio Gustavo Gómez, los radicales apuntaron por estas supuestas prácticas contra el gobernador, José Alperovich, y el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera.
El planteo judicial lleva las firmas del senador nacional José Cano, titular de la UCR en la provincia; y de los legisladores provinciales Ariel García y Silvia Elías de Pérez. En el escrito, los radicales expresan que el D2 investiga a quienes se manifiestan en público en contra del alperovichismo, lo que violaría la Ley de Inteligencia Nacional.
Los opositores reclamaron el cumplimiento de esa norma para evitar "que se almacenen datos sobre personas por el solo hecho de su raza, de su fe religiosa o de pertenencia a organizaciones políticas, sociales, sindicales o comunitarias". Según los denunciantes, el D2 no respeta esto. "La Policía desarrolla la actividad de inteligencia sin ningún control que regule su labor", sostuvieron.
Los radicales afirman que esa repartición de la fuerza funciona en una vieja casona ubicada cerca de la plazoleta Dorrego. Sin embargo, la denuncia consigna que esas oficinas no tienen identificación oficial "pese al movimiento permanente de personal policial de civil y de vehículos sin patentes". Luego, remarcaron que hubo oficiales del D2 tomando fotografías a trabajadores de la salud, agremiados en Sitas, que protestaban contra el alperovichismo.
Cano y Elías de Pérez hicieron ayer otra denuncia, en la que afirman que el ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, envió documentación irregular al ENRE para tramitar el presupuesto de la estación transformadora Ayacucho.
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