Por Patricia Vega
02 Diciembre 2012
BUENOS AIRES - Pese a que se dirige a toda marcha hacia un 7-D que imagina glorioso y definitivo, el Gobierno no tiene paz. Sale de una y se mete en la siguiente, con una dinámica que a estas alturas no puede controlar. El barrio K se termina donde muere el relato y lo demás no existe.
Los principales referentes gubernamentales han tenido una semana agitada, comprensible quizás por el susto que se pegaron con el fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa, pero no parece lógico que para no mostrar debilidad se la hayan tomado con la Iglesia, que dio conocer un durísimo pronunciamiento sobre la actualidad que deja muy mal parado al Gobierno y con los jubilados, quienes antes de morirse, están buscando conseguir por la vía judicial lo que todos los gobiernos le niegan.
En el caso del documento de la Iglesia, los pedidos del Episcopado fueron los usuales, como solicitar la apertura del diálogo y transmitir la natural "preocupación" por el aborto y las nuevas reglas para entender el matrimonio y la familia, a las que el Gobierno adscribe. Pero, esta vez, la Iglesia fue más allá y rechazó el adoctrinamiento en las escuelas, mientras advirtió que "la droga se extiende" entre los jóvenes, inclusive por "la red de complicidades".
Sin embargo, hubo una referencia concreta en relación al temor a que se acentúen en la Argentina las divisiones "en bandos irreconciliables" y que se ejerzan presiones que inhiban "la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica".
A los jubilados que le hacen juicio al Estado los sacudió la Presidenta en persona en desafortunada frase, aún cuando pueda suponerse que quiso referirse a los abogados ("caranchos"), mientras el vicepresidente Amado Boudou le dijo a La Nación que la opinión de la Iglesia "a nadie le importa". Sólo faltó que a los viejos y a los obispos se los hubiera acusado de desestabilizadores o de ser arreados "por los medios".
Han sido tantos los errores, casi todos no forzados, que para ejemplificar hay que recurrir a los discursos presidenciales, todos ellos cargados de imprecisiones, incluido el contrapunto de imágenes que protagonizó Cristina Fernández con la presidenta de Brasil, Dilma Roussef en el cierre de la Conferencia de la UIA. Allí, la brasileña siguió un libreto cargado de bonhomía y sutilmente pegó sus palitos a la política comercial argentina desde su altar de sexta potencia mundial, mientras que la Presidenta habló de cosas domésticas, del día a día de YPF y del precio el gas, casi como si estuviera en el patio de su casa. Son estilos, es verdad, pero a Cristina se le vuelve cada vez más en contra el arte de improvisar.
El martes, frente al presidente del Perú, Ollanta Humala, pidió debatir en la reunión de la Unasur los "problemas que hoy está teniendo la Argentina respecto de cierto colonialismo judicial en cuanto al tema de deuda soberana", ya que son "comunes a todos los países". Durante el mediodía del miércoles y frente a Dilma, para hablar de la deuda disparó la palabreja que tanto ha dado que hablar. Dijo: "porque constituimos el contramodelo de un mundo donde el capital financiero y sus derivados se han erigido en amos y señores, (por eso) nos quieren castigar".
Lo que hizo más vulnerable la idea de victimización permanente fue el uso del concepto "contramodelo" precisamente frente a la brasileña, como si ella no fuera la ejecutora de una heterodoxia que, paradójicamente, jamás saca los pies del plato: Dilma y su gobierno tiemblan cada vez que la inflación se les escapa unas décimas, entienden lo que el mundo espera de Brasil y no paran de recibir inversiones, para poner apenas tres ejemplos de lo que es el "modelo" en Sudamérica, fuera del eje bolivariano.
Después de todas estas disquisiciones, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York le dio aire a la Argentina hasta febrero. Con la festejada reposición de una cautelar, lo mismo que se le critica al Grupo Clarín cuando pretende extenderla en los tribunales locales, los "colonialistas judiciales" quizás dejaron de serlo porque han fallado por un rato a favor de la Argentina.
Del 7-D y del amparo de Clarín habló la Corte y mientras urgió al juez a que saque un fallo de fondo, le dijo a la Cámara que resuelva sobre la extensión del amparo. Si eso no ocurre a tiempo, habrá "denegación de Justicia", reconoció el Alto Tribunal, como último dique para que no se avance en el desguace, al menos sin atender los reparos a la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios.
En tanto, la larga mano del Estado continuó avanzando para ganar terreno y condicionar el futuro, bajo el signo de la ideología regente.
El ministro Florencio Randazzo se pisó solo cuando avisó que "el Gobierno está reactivando la industria ferroviaria que estaba dormida". ¿Quién la dejó dormir?, habría que preguntarle.
En el mismo sentido, pueden anotarse los anuncios de aumentos que habrá en las facturas de gas y de luz, disfrazados de obras que nunca se hicieron y la suba del precio del gas en boca de pozo para mayores volúmenes (200%), algo que a Repsol y a otros jugadores se les negó durante años. Aunque en este caso, la suba en los precios se impone no tanto para incentivar la producción, tal como se venía pidiendo o para evitar gastar dólares para importar un gas que se paga ocho veces más, sino para darle aire financiero a YPF.
Por último, se anunció la absorción por parte de la petrolera estatal de la distribuidora Metrogas, compañía a la que mientras tenía bandera de la British Gas se le negó sistemáticamente tarifas y se la condenó a la quiebra, camino en el que están también las distribuidoras eléctricas.
En otro avance de la acumulación del poder del Estado, el kirchnerismo introdujo un agregado a la nueva Ley de Regulación del Mercado de Capitales: ahora, los accionistas minoritarios podrán denunciar irregularidades ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y obtener de ella un veedor con poder de veto en las empresas o el desplazamiento de la Administración por 180 días, mientras que las compañías no podrán acudir a la Justicia para defenderse, sino que tendrán como única instancia administrativa de apelación al ministro de Economía.
Todo este camino de supuesta protección hacia los más chicos, que podría trabar que haya empresas nuevas en la Bolsa, tiene una arista mucho más grave, cuando el minoritario es el Estado. Hoy, es dueño de acciones en unas 40 compañías y en todas ellas, tenga o no tenga directores que lo representen, podrá ser de ahora en más juez y parte.
La CNV tiene directores que pone el Estado, podrá nombrar un veedor estatal, mientras que las empresas sólo podrán recurrir ante el Estado. En cualquier otro lado, este alambicado proceso se llamaría expropiación encubierta. En cambio, en la Argentina, el kirchnerismo no sólo lo votó en las dos Cámaras , sino que logró que muchos opositores se tragaran el sapo de haber recibido una puñalada que salió por debajo del poncho y hasta convalidaran ir "por todo" o el "no hay límites" que expresó el diputado Roberto Feletti, autor de la maniobra legislativa, que bien podría terminar con el Estado (el Gobierno) manejando el Grupo Clarín, Techint, Molinos, Banco Macro o Consultatio.
Otro avance de la injerencia estatal se dio en la provincia de Buenos Aires, con la llamada Ley de Hábitat.
Si bien no habrá obligación de entregar tierras dentro de los nuevos barrios cerrados, sino que también se podrá comprar en otro lado un terreno equivalente para que sea destinado a viviendas sociales, la nueva Ley bonaerense tiene el mismo problema que todo aquello donde el Estado mete la nariz: se convierte de inmediato en un contrapeso para todos los proyectos privados de inversión, ya que le será impuesta también a emprendimientos productivos y de servicios que se construyan sobre terrenos de más de 5 mil metros cuadrados. Es verdad y también lo ha dicho la Presidenta en su raid verborrágico: "Es fácil hacer socialismo con la plata del Estado".
Es bueno recordar que eso quiere decir, con la plata de los impuestos de todos los contribuyentes, incluidos los trabajadores que tributan Ganancias. (DyN)
Los principales referentes gubernamentales han tenido una semana agitada, comprensible quizás por el susto que se pegaron con el fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa, pero no parece lógico que para no mostrar debilidad se la hayan tomado con la Iglesia, que dio conocer un durísimo pronunciamiento sobre la actualidad que deja muy mal parado al Gobierno y con los jubilados, quienes antes de morirse, están buscando conseguir por la vía judicial lo que todos los gobiernos le niegan.
En el caso del documento de la Iglesia, los pedidos del Episcopado fueron los usuales, como solicitar la apertura del diálogo y transmitir la natural "preocupación" por el aborto y las nuevas reglas para entender el matrimonio y la familia, a las que el Gobierno adscribe. Pero, esta vez, la Iglesia fue más allá y rechazó el adoctrinamiento en las escuelas, mientras advirtió que "la droga se extiende" entre los jóvenes, inclusive por "la red de complicidades".
Sin embargo, hubo una referencia concreta en relación al temor a que se acentúen en la Argentina las divisiones "en bandos irreconciliables" y que se ejerzan presiones que inhiban "la libre expresión y la participación de todos en la vida cívica".
A los jubilados que le hacen juicio al Estado los sacudió la Presidenta en persona en desafortunada frase, aún cuando pueda suponerse que quiso referirse a los abogados ("caranchos"), mientras el vicepresidente Amado Boudou le dijo a La Nación que la opinión de la Iglesia "a nadie le importa". Sólo faltó que a los viejos y a los obispos se los hubiera acusado de desestabilizadores o de ser arreados "por los medios".
Han sido tantos los errores, casi todos no forzados, que para ejemplificar hay que recurrir a los discursos presidenciales, todos ellos cargados de imprecisiones, incluido el contrapunto de imágenes que protagonizó Cristina Fernández con la presidenta de Brasil, Dilma Roussef en el cierre de la Conferencia de la UIA. Allí, la brasileña siguió un libreto cargado de bonhomía y sutilmente pegó sus palitos a la política comercial argentina desde su altar de sexta potencia mundial, mientras que la Presidenta habló de cosas domésticas, del día a día de YPF y del precio el gas, casi como si estuviera en el patio de su casa. Son estilos, es verdad, pero a Cristina se le vuelve cada vez más en contra el arte de improvisar.
El martes, frente al presidente del Perú, Ollanta Humala, pidió debatir en la reunión de la Unasur los "problemas que hoy está teniendo la Argentina respecto de cierto colonialismo judicial en cuanto al tema de deuda soberana", ya que son "comunes a todos los países". Durante el mediodía del miércoles y frente a Dilma, para hablar de la deuda disparó la palabreja que tanto ha dado que hablar. Dijo: "porque constituimos el contramodelo de un mundo donde el capital financiero y sus derivados se han erigido en amos y señores, (por eso) nos quieren castigar".
Lo que hizo más vulnerable la idea de victimización permanente fue el uso del concepto "contramodelo" precisamente frente a la brasileña, como si ella no fuera la ejecutora de una heterodoxia que, paradójicamente, jamás saca los pies del plato: Dilma y su gobierno tiemblan cada vez que la inflación se les escapa unas décimas, entienden lo que el mundo espera de Brasil y no paran de recibir inversiones, para poner apenas tres ejemplos de lo que es el "modelo" en Sudamérica, fuera del eje bolivariano.
Después de todas estas disquisiciones, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York le dio aire a la Argentina hasta febrero. Con la festejada reposición de una cautelar, lo mismo que se le critica al Grupo Clarín cuando pretende extenderla en los tribunales locales, los "colonialistas judiciales" quizás dejaron de serlo porque han fallado por un rato a favor de la Argentina.
Del 7-D y del amparo de Clarín habló la Corte y mientras urgió al juez a que saque un fallo de fondo, le dijo a la Cámara que resuelva sobre la extensión del amparo. Si eso no ocurre a tiempo, habrá "denegación de Justicia", reconoció el Alto Tribunal, como último dique para que no se avance en el desguace, al menos sin atender los reparos a la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios.
En tanto, la larga mano del Estado continuó avanzando para ganar terreno y condicionar el futuro, bajo el signo de la ideología regente.
El ministro Florencio Randazzo se pisó solo cuando avisó que "el Gobierno está reactivando la industria ferroviaria que estaba dormida". ¿Quién la dejó dormir?, habría que preguntarle.
En el mismo sentido, pueden anotarse los anuncios de aumentos que habrá en las facturas de gas y de luz, disfrazados de obras que nunca se hicieron y la suba del precio del gas en boca de pozo para mayores volúmenes (200%), algo que a Repsol y a otros jugadores se les negó durante años. Aunque en este caso, la suba en los precios se impone no tanto para incentivar la producción, tal como se venía pidiendo o para evitar gastar dólares para importar un gas que se paga ocho veces más, sino para darle aire financiero a YPF.
Por último, se anunció la absorción por parte de la petrolera estatal de la distribuidora Metrogas, compañía a la que mientras tenía bandera de la British Gas se le negó sistemáticamente tarifas y se la condenó a la quiebra, camino en el que están también las distribuidoras eléctricas.
En otro avance de la acumulación del poder del Estado, el kirchnerismo introdujo un agregado a la nueva Ley de Regulación del Mercado de Capitales: ahora, los accionistas minoritarios podrán denunciar irregularidades ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y obtener de ella un veedor con poder de veto en las empresas o el desplazamiento de la Administración por 180 días, mientras que las compañías no podrán acudir a la Justicia para defenderse, sino que tendrán como única instancia administrativa de apelación al ministro de Economía.
Todo este camino de supuesta protección hacia los más chicos, que podría trabar que haya empresas nuevas en la Bolsa, tiene una arista mucho más grave, cuando el minoritario es el Estado. Hoy, es dueño de acciones en unas 40 compañías y en todas ellas, tenga o no tenga directores que lo representen, podrá ser de ahora en más juez y parte.
La CNV tiene directores que pone el Estado, podrá nombrar un veedor estatal, mientras que las empresas sólo podrán recurrir ante el Estado. En cualquier otro lado, este alambicado proceso se llamaría expropiación encubierta. En cambio, en la Argentina, el kirchnerismo no sólo lo votó en las dos Cámaras , sino que logró que muchos opositores se tragaran el sapo de haber recibido una puñalada que salió por debajo del poncho y hasta convalidaran ir "por todo" o el "no hay límites" que expresó el diputado Roberto Feletti, autor de la maniobra legislativa, que bien podría terminar con el Estado (el Gobierno) manejando el Grupo Clarín, Techint, Molinos, Banco Macro o Consultatio.
Otro avance de la injerencia estatal se dio en la provincia de Buenos Aires, con la llamada Ley de Hábitat.
Si bien no habrá obligación de entregar tierras dentro de los nuevos barrios cerrados, sino que también se podrá comprar en otro lado un terreno equivalente para que sea destinado a viviendas sociales, la nueva Ley bonaerense tiene el mismo problema que todo aquello donde el Estado mete la nariz: se convierte de inmediato en un contrapeso para todos los proyectos privados de inversión, ya que le será impuesta también a emprendimientos productivos y de servicios que se construyan sobre terrenos de más de 5 mil metros cuadrados. Es verdad y también lo ha dicho la Presidenta en su raid verborrágico: "Es fácil hacer socialismo con la plata del Estado".
Es bueno recordar que eso quiere decir, con la plata de los impuestos de todos los contribuyentes, incluidos los trabajadores que tributan Ganancias. (DyN)
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