Una bocanada de oxígeno tras la suspensión del fallo de Griesa

La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de New York, actuando con una celeridad que bien desearíamos para la Justicia argentina, suspendió la ejecución de la conocida resolución del juez Thomas Griesa de hace pocos días.

En consecuencia, ni la Argentina deberá pagar a los litigantes que no entraron al canje los U$S 1.300 millones, ni estará limitada en pagar los compromisos de la deuda, en especial el cupón atado al PBI.

Es muy importante que el Gobierno nacional actúe en el corto espacio de los próximos tres meses para obtener un mejor posicionamiento del país frente a este tema, largamente descuidado y subestimado. En este informe llamamos la atención sobre una cuestión que parece un tanto omitida en estos días: la deuda externa privada.

Al 30 de junio de 2012, el stock de deuda externa del sector privado argentino ascendía a U$S 71.200 millones (U$S 67.400 millones del sector no financiero y U$S 3.800 del sector financiero). De ese total, unos U$S 23.000 millones corresponden a financiamiento de importaciones y exportaciones, que no tienen fuentes alternativas en el país, en especial dada la caída de los depósitos en dólares en el sistema financiero. Es imprescindible para el país mantener abiertos ese tipo de flujos, que podrían verse afectados si el panorama de la deuda externa vuelve a deteriorarse. Pensar el problema de la deuda externa exclusivamente en términos del sector público es altamente peligroso.

Mayor serenidad

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones accediendo a varios puntos solicitados por la Argentina, aleja la inminencia de un nuevo default de la deuda externa del sector público.

Es apropiado, ahora con un poco más de serenidad, evaluar lo que ello significaría para una dinámica macroeconómica aquejada por numerosas dificultades (apreciación del tipo de cambio real, déficit de capacidad instalada, restricciones al comercio exterior, entre otras).

En particular, si esa situación se presentara se vería afectado con intensidad el nivel de actividad de nuestro país y el proceso inversor. De manera directa, el posible default de una parte de la deuda externa pública (la amenaza sobre la porción reestructurada parece alejada) afectaría negativamente el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) que recibe nuestro país. Ello respondería tanto a la propia aversión de los inversores a "apostar" por una economía que no cumple con sus compromisos externos, como a la imposibilidad de obtener fondeo en aras de realizar inversiones en Argentina.

De todos modos, ese canal directo del default sobre la inversión tendría una incidencia limitada a raíz del comparativamente reducido valor que presenta actualmente la IED hacia la Argentina. En efecto, en relación al Producto Bruto Interno (PBI), la IED promedió 1,6% entre 2009 y 2011, guarismo ostensiblemente por debajo de la media de los períodos 2004-2008 (2,7%) y 1992-1998 (2,1%).

Ese deterioro reciente de la IED hacia la Argentina se explica por las diversas medidas restrictivas implementadas durante el segundo mandato de CFK, entre las que sobresalió la imposibilidad de girar utilidades y dividendos al exterior -política que se intensificó notablemente en el transcurso de 2012-.

De ese modo, la Argentina se ubicó entre las naciones latinoamericanas que reciben menores flujos de IED en relación al tamaño de sus economías, siendo superada nítidamente por países gobernados por partidos de diferentes ideologías y que implementan políticas macroeconómicas disímiles.

En definitiva, nuestro país se ha tornado crecientemente hostil para las inversiones extranjeras directas, que se encuentran arribando masivamente a otros países de la región. Por lo tanto, la resolución del problema pendiente con la deuda externa (holdouts y Club de París) es imprescindible para evitar que se profundice la débil performance de la Argentina en la materia.