El país se enfrenta a una dura elección

Helen Popper y Daniel Bases - Agencia Reuters

BUENOS AIRES/NUEVA YORK.- Argentina hará un último intento por frenar una decisión judicial estadounidense que sacudió su estrategia para dejar atrás la crisis de deuda de 2002 y alimentó el temor a un nuevo incumplimiento.

Una década después de declarar la mayor cesación de pagos de su historia, Argentina se enfrenta a una dura elección entre depositar fondos antes del 15 de diciembre para pagar a los acreedores "excluidos" -los que rechazaron dos ofertas para reestructurar la deuda impaga- o arriesgarse a caer en una cesación de pagos técnica con todos los tenedores de bonos.

Inversionistas que tenían cerca del 93% de los títulos incumplidos acordaron en 2005 y 2010 canjear esa deuda por papeles nuevos, aceptando un fuerte pérdida de capital. Pero la decisión del juez Thomas Griesa fue una gran victoria para los acreedores que no participaron, liderados por NML Capital Ltd y Aurelius Capital Management, que siguieron por diez años luchando en los tribunales para conseguir un reembolso total por sus papeles.

En otra victoria que captó titulares el mes pasado, NML logró la confiscación de la Fragata Libertad, emblema de la Armada argentina, durante una visita a Ghana. Dos meses más tarde, el barco sigue retenido.

El fallo de Griesa es un retroceso no sólo para la combativa presidenta argentina, Cristina Kirchner, quien llama a los acreedores excluidos "fondos buitre" y ha prometido no pagarles. También ha consternado a los inversores que participaron en los dos canjes de deuda y temen que el país entre en un cese de pagos técnico sobre alrededor de 24.000 millones de dólares en bonos reestructurados.

No sólo la decisión de la Presidenta de criticar a los tenedores, que además son detestados por los argentinos comunes, dificulta la posibilidad de un pago para Argentina. Una ley local prohibe ofrecerles mejores términos que los que ya se dio a los demás inversionistas y hacerlo expondría al país a demandas de los acreedores que cambiaron sus papeles.

Por otro lado, un cese de pagos -aunque de naturaleza técnica- empañaría el historial del Gobierno en el manejo de la economía local, profundizando el aislamiento del país de los mercados financieros globales y obstaculizando la inversión en un momento en que la economía se ralentiza.

Algunos analistas temen que las repercusiones del caso se extiendan más allá de Argentina y sus acreedores, dificultando futuras reestructuraciones de deuda y el funcionamiento de los sistemas globales de pago.

Buenos Aires tiene previsto cancelar en diciembre a los tenedores de bonos, que sí aceptaron el canje, al menos 3.300 millones de dólares en capital e intereses.

Al igual que Argentina, esos acreedores se están preparando para apelar el fallo de Griesa, que refleja su creciente frustración con las encendidas declaraciones de la mandataria y otros funcionarios para eludir el pago. "Estas amenazas de desafío no pueden pasarse por alto", dijo Griesa en su decisión, que golpeó los precios de los bonos argentinos.

Si la demanda de Griesa para el pago de 1.300 millones de dólares en una cuenta de garantía es confirmada por un tribunal de apelaciones y Argentina se niega a pagar, los tribunales estadounidenses podrían embargar los pagos a los acreedores que aceptaron la reestructuración, por consideración a los que la rechazaron.

NML, que tiene más causas judiciales pendientes contra la Argentina (no están incluidas en este caso), está dispuesta a negociar con Argentina y consideraría una combinación de efectivo y bonos para resolver el conflicto, dijo una fuente familiarizada con la posición de NML. El fondo de cobertura niega las acusaciones de Argentina de que esté buscando desencadenar un default para obtener una ganancia extraordinaria por CDS, que son seguros de crédito usados para protegerse contra los no pagos de la deuda.