26 Noviembre 2012
ESTRATEGIA. La Presidenta y el ministro de Economía, Lorenzino, piensan que pagar a los fondos especuladores sentaría un precedente negativo. NA (ARCHIVO)
BUENOS AIRES.- La Argentina apelará hoy en Estados Unidos la decisión de un juez que ordenó el pago inmediato de bonos incumplidos, argumentando que esto marcaría un antecedente que impedirá futuras reestructuraciones de deudas soberanas, dijeron fuentes oficiales.
El juez de distrito Thomas Griesa levantó el viernes una medida cautelar que impedía embargos contra Argentina y le dio plazo hasta el 15 de diciembre para pagar unos 1.330 millones de dólares a acreedores que rechazaron las ofertas de reestructuración del Gobierno nacional.
El plan legal de Argentina es presentar hoy un pedido de revisión de la sentencia de Griesa frente a la corte de apelaciones de Segundo Circuito, compuesta por 13 jueces, en la que también cuestionará el mecanismo de pago dispuesto por el magistrado, según señaló Página/12.
La estrategia argentina podría haber contemplado una apelación parcial de la decisión de Griesa, que incluyera el pago correspondiente a los cupones atados al crecimiento.
"El argumento de la Argentina es sencillo y contundente", dijeron fuentes oficiales, de acuerdo al medio de prensa. "Si la Justicia acepta la visión de Griesa, ningún país podrá realizar un proceso de reestructuración exitoso como el argentino con una quita significativa, reducción de los intereses y extensión de los plazos", agregaron las fuentes.
Por otro lado, el diario agregó que fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que "la apelación también cuestionará el mecanismo de pago dispuesto por el magistrado neoyorquino e incorporará las posiciones de las distintas instituciones financieras estadounidenses que respaldan la posición argentina".
El titular de la cartera de Economía, Hernán Lorenzino, ya había dicho el jueves que el país iba a presentar hoy en la Corte de Apelaciones un pedido de revisión de la sentencia y señaló que el Gobierno nacional agotaría las instancias judiciales, incluyendo la de acudir a la Corte Suprema. La presidenta Cristina Kirchner, a su vez, aseguró en sus discursos que no iba a ceder a las presiones para que el país pague los bonos a los "fondos buitre" (como se denomina en la Argentina a tenedores de bonos impagos).
Argentina, la tercera economía de Latinoamérica, declaró en el 2002 la mayor cesación de pagos de la historia -alrededor de 100.000 millones de dólares-, en medio de una feroz crisis económica. Cerca del 93% de los tenedores de bonos argentinos acordaron en 2005 y en 2010 canjear la deuda del default de 2002 por un nuevo papel, con una fuerte quita.
Sin embargo, inversores de bonos como NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y Aurelius Capital Management rechazaron la reestructuración y hace más de diez años mantienen una batalla legal, que la decisión de Griesa favorece, para cobrar el 100% de sus bonos impagos. Si la Argentina no paga, el juez dijo que usará parte del dinero que el Gobierno tiene destinado a los bonistas que entraron al canje, para abonar los U$S 1.330 millones a los "buitres".
El no pago implicaría un incumplimiento técnico de la deuda soberana argentina -porque el dinero enviado para el pago regular sería dividido entre más acreedores- y dejaría en el limbo títulos reestructurados por unos 24.000 millones de dólares.
Desde la cesación de pagos de hace una década, Argentina nunca pudo volver a financiarse en los mercados internacionales de capitales y la inversión extranjera directa se redujo fuertemente.
Otra demanda
En este marco, un grupo de bonistas argentinos, que no ingresó al canje de deuda, prepara una demanda judicial para intentar cobrar la totalidad de sus tenencias, actualmente en cesación de pago. En su mayoría, son tenedores particulares de títulos públicos que, en 2001, compraron deuda argentina emitida bajo la legislación de Nueva York.
Ahora, tras el fallo de Griesa, se alistan para presentar un reclamo que representaría unos U$S 6.300 millones, según el cálculo que formuló el banco de inversión JP Morgan, de acuerdo a lo que publicó el diario Clarín.
El estudio de abogados Duanes Morris, de Filadelfia, que representa a unos 100 tenedores de bonos, la mayoría de ellos jubilados italianos, iniciará las acciones legalmente contra el Estado argentino. (Reuters-Especial)
El juez de distrito Thomas Griesa levantó el viernes una medida cautelar que impedía embargos contra Argentina y le dio plazo hasta el 15 de diciembre para pagar unos 1.330 millones de dólares a acreedores que rechazaron las ofertas de reestructuración del Gobierno nacional.
El plan legal de Argentina es presentar hoy un pedido de revisión de la sentencia de Griesa frente a la corte de apelaciones de Segundo Circuito, compuesta por 13 jueces, en la que también cuestionará el mecanismo de pago dispuesto por el magistrado, según señaló Página/12.
La estrategia argentina podría haber contemplado una apelación parcial de la decisión de Griesa, que incluyera el pago correspondiente a los cupones atados al crecimiento.
"El argumento de la Argentina es sencillo y contundente", dijeron fuentes oficiales, de acuerdo al medio de prensa. "Si la Justicia acepta la visión de Griesa, ningún país podrá realizar un proceso de reestructuración exitoso como el argentino con una quita significativa, reducción de los intereses y extensión de los plazos", agregaron las fuentes.
Por otro lado, el diario agregó que fuentes del Ministerio de Economía confirmaron que "la apelación también cuestionará el mecanismo de pago dispuesto por el magistrado neoyorquino e incorporará las posiciones de las distintas instituciones financieras estadounidenses que respaldan la posición argentina".
El titular de la cartera de Economía, Hernán Lorenzino, ya había dicho el jueves que el país iba a presentar hoy en la Corte de Apelaciones un pedido de revisión de la sentencia y señaló que el Gobierno nacional agotaría las instancias judiciales, incluyendo la de acudir a la Corte Suprema. La presidenta Cristina Kirchner, a su vez, aseguró en sus discursos que no iba a ceder a las presiones para que el país pague los bonos a los "fondos buitre" (como se denomina en la Argentina a tenedores de bonos impagos).
Argentina, la tercera economía de Latinoamérica, declaró en el 2002 la mayor cesación de pagos de la historia -alrededor de 100.000 millones de dólares-, en medio de una feroz crisis económica. Cerca del 93% de los tenedores de bonos argentinos acordaron en 2005 y en 2010 canjear la deuda del default de 2002 por un nuevo papel, con una fuerte quita.
Sin embargo, inversores de bonos como NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y Aurelius Capital Management rechazaron la reestructuración y hace más de diez años mantienen una batalla legal, que la decisión de Griesa favorece, para cobrar el 100% de sus bonos impagos. Si la Argentina no paga, el juez dijo que usará parte del dinero que el Gobierno tiene destinado a los bonistas que entraron al canje, para abonar los U$S 1.330 millones a los "buitres".
El no pago implicaría un incumplimiento técnico de la deuda soberana argentina -porque el dinero enviado para el pago regular sería dividido entre más acreedores- y dejaría en el limbo títulos reestructurados por unos 24.000 millones de dólares.
Desde la cesación de pagos de hace una década, Argentina nunca pudo volver a financiarse en los mercados internacionales de capitales y la inversión extranjera directa se redujo fuertemente.
Otra demanda
En este marco, un grupo de bonistas argentinos, que no ingresó al canje de deuda, prepara una demanda judicial para intentar cobrar la totalidad de sus tenencias, actualmente en cesación de pago. En su mayoría, son tenedores particulares de títulos públicos que, en 2001, compraron deuda argentina emitida bajo la legislación de Nueva York.
Ahora, tras el fallo de Griesa, se alistan para presentar un reclamo que representaría unos U$S 6.300 millones, según el cálculo que formuló el banco de inversión JP Morgan, de acuerdo a lo que publicó el diario Clarín.
El estudio de abogados Duanes Morris, de Filadelfia, que representa a unos 100 tenedores de bonos, la mayoría de ellos jubilados italianos, iniciará las acciones legalmente contra el Estado argentino. (Reuters-Especial)
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