24 Noviembre 2012
"Siempre sostuve que mi defendido es la única víctima del proceso que se le sigue en su contra". Así se expresó anoche el abogado Jorge Joaquín Muñoz, defensor legal del padre Justo Ilarraz. "Sucede que en Entre Ríos, no sólo no se encuentran vigentes las acciones penales en contra del sacerdote, sino que además, no se han aportado elementos válidos para inferir en el juez el carácter de mínima sospecha para citar a indagatoria", remarcó.
El letrado asumió el patrocinio legal de Ilarraz desde que estalló el escándalo el 13 de septiembre pasado. "Esto se ha convertido en una persecución injustificada en contra de toda la Iglesia Católica y en especial en contra de Ilarraz, quien sería un medio para obtener el verdadero fin", insistió.
La visita a Monteros
"He tomado conocimiento de que se han presentado autoridades de Entre Ríos a fin de obtener informaciones acerca de posibles víctimas en Monteros -dijo el abogado Muñoz-. Ello, no sólo no aportó nada en absoluto, sino que además ha generado rechazos notorios en la comunidad de Monteros, en especial en las personas que entienden que todo hombre que habita nuestra Nación es inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo.
La controversia
El abogado tucumano había viajado a la ciudad de Paraná, donde presentó un pedido de prescripción de la causa ante el juez de Entre Ríos, Alejandro Grippo. Ayer, en diálogo con LA GACETA, el abogado Muñoz remarcó ese criterio en favor de Ilarraz. "Opino sin dudas, que estas acciones de la Justicia de Entre Ríos demuestran la incapacidad de poder avanzar en una causa que siempre estuvo destinada al fracaso", afirmó.
Las diferencias entre el fiscal entrerriano Juan Francisco Ramírez Montrull y el abogado tucumano están centradas en la prescripción de las acciones penales. "En primer lugar -dijo Muñoz-, el hecho que se está investigando no se lo puede asimilar con delitos en los que participa el Estado. En segundo lugar -agregó el letrado-, porque las disposiciones que rigen la prescripción de las acciones penales revisten carácter de orden público. Y, finalmente, la pretendida aplicación de la Ley Piazza no puede tener carácter retroactivo. Me aflige que un fiscal tenga esos conceptos", remarcó.
EN TUCUMÁN
HACE 72 DÍAS QUE EL PADRE ILARRAZ NO HABLA NI APARECE EN PÚBLICO
El 13 de septiembre, la revista "Análisis Digital" de Entre Ríos publicó un informe bajo el título "Violaciones ocultas: la historia del cura que abusó de al menos 50 chicos en el Seminario de Paraná, que nunca fue denunciado por la Iglesia y sigue en funciones en otra provincia".
en entre ríos
PIDEN QUE SE PROTEJA LA IDENTIDAD DE LaS víctimas y los TESTIGOS
"Cualquier investigación sobre delitos relacionados con la sexualidad requiere respeto y reserva de identidad y detalles", afirmó uno de los abogados querellantes, Marcelo Baridón. Y agregó que la comunidad tiene el derecho de saber lo que está pasando, pero siempre en un marco de respeto por las víctimas.
El letrado asumió el patrocinio legal de Ilarraz desde que estalló el escándalo el 13 de septiembre pasado. "Esto se ha convertido en una persecución injustificada en contra de toda la Iglesia Católica y en especial en contra de Ilarraz, quien sería un medio para obtener el verdadero fin", insistió.
La visita a Monteros
"He tomado conocimiento de que se han presentado autoridades de Entre Ríos a fin de obtener informaciones acerca de posibles víctimas en Monteros -dijo el abogado Muñoz-. Ello, no sólo no aportó nada en absoluto, sino que además ha generado rechazos notorios en la comunidad de Monteros, en especial en las personas que entienden que todo hombre que habita nuestra Nación es inocente hasta que se demuestre lo contrario", dijo.
La controversia
El abogado tucumano había viajado a la ciudad de Paraná, donde presentó un pedido de prescripción de la causa ante el juez de Entre Ríos, Alejandro Grippo. Ayer, en diálogo con LA GACETA, el abogado Muñoz remarcó ese criterio en favor de Ilarraz. "Opino sin dudas, que estas acciones de la Justicia de Entre Ríos demuestran la incapacidad de poder avanzar en una causa que siempre estuvo destinada al fracaso", afirmó.
Las diferencias entre el fiscal entrerriano Juan Francisco Ramírez Montrull y el abogado tucumano están centradas en la prescripción de las acciones penales. "En primer lugar -dijo Muñoz-, el hecho que se está investigando no se lo puede asimilar con delitos en los que participa el Estado. En segundo lugar -agregó el letrado-, porque las disposiciones que rigen la prescripción de las acciones penales revisten carácter de orden público. Y, finalmente, la pretendida aplicación de la Ley Piazza no puede tener carácter retroactivo. Me aflige que un fiscal tenga esos conceptos", remarcó.
EN TUCUMÁN
HACE 72 DÍAS QUE EL PADRE ILARRAZ NO HABLA NI APARECE EN PÚBLICO
El 13 de septiembre, la revista "Análisis Digital" de Entre Ríos publicó un informe bajo el título "Violaciones ocultas: la historia del cura que abusó de al menos 50 chicos en el Seminario de Paraná, que nunca fue denunciado por la Iglesia y sigue en funciones en otra provincia".
en entre ríos
PIDEN QUE SE PROTEJA LA IDENTIDAD DE LaS víctimas y los TESTIGOS
"Cualquier investigación sobre delitos relacionados con la sexualidad requiere respeto y reserva de identidad y detalles", afirmó uno de los abogados querellantes, Marcelo Baridón. Y agregó que la comunidad tiene el derecho de saber lo que está pasando, pero siempre en un marco de respeto por las víctimas.
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