Consejo indígena boliviano aprueba la castración a violadores

Consejo indígena boliviano aprueba la castración a violadores

La decisión la tomó la justicia comunitaria de El Alto, distrito vecino de La Paz.

CASTIGO. La justicia del consejo indígena pide penas más duras que las que impone la justicia ordinaria. FOTO TOMADA DE EJU.TV CASTIGO. La justicia del consejo indígena pide penas más duras que las que impone la justicia ordinaria. FOTO TOMADA DE EJU.TV
13 Noviembre 2012

LA PAZ, Bolivia.- Un consejo indígena que aplica la justicia comunitaria en la ciudad boliviana de El Alto aprobó hoy la castración química de violadores sexuales y la amputación de una mano a ladrones reincidentes.

Carmelo Titirico, dirigente de la organización "Marka Julián Apaza", informó que el primer cuerpo deliberativo aprobó la castración y la amputación en la aplicación de la justicia comunitaria, que está reconocida por la nueva Constitución del país vecino, en vigor desde 2009.

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Bolivia tiene dos sistemas judiciales: el comunitario que es aplicado por indígenas, y el ordinario con tribunales de Justicia que operan en toda la nación. La mayoría de la población de El Alto tiene raíces aymaras que mantienen viva su lengua y sus costumbres. La influencia de esta cultura llega hasta el sur de Perú.

Un conjunto de "ayllus" (pueblos aymaras) de El Alto forman parte de la organización "Marka Julián Apaza", donde estará en vigor la justicia comunitaria que castigará con castración a violadores sexuales y amputación de una mano a ladrones reincidentes.

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"Están sujetos a esta jurisdicción (justicia comunitaria) los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos", destaca el artículo 191 de la Constitución boliviana.

La decisión levantó polémica, según medios locales, porque juristas y el propio Gobierno aseguran que es ilegal y que contraviene la Carta Magna, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y los convenios internacionales sobre derechos humanos. El magistrado suplente del Tribunal Constitucional, Milton Mendoza, advirtió que estas sanciones se convertirán, en realidad, en nuevos delitos. (DPA)

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