"Nuestra responsabilidad llega hasta el cajero"

La grave denuncia que formularon tres ex empleados de la comuna de Santa Ana, quienes aseguraron que eran obligados a entregar la mitad de su salario a otros trabajadores, motivó que el gobernador, José Alperovich; el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo; y el comisionado rural del pueblo, Juan Horacio Páez, salieran a referirse al escándalo para defender la gestión estatal.
Los tres funcionarios sostuvieron que los ex contratados estaban bancarizados, y que la Justicia debe ser la que determine si hubo alguna irregularidad. Además, el delegado de Santa Ana desmintió a la subdelegada, Lucía Vázquez, quien había admitido que muchos trabajadores de esa oficina comparten el sueldo, ya que no hay suficientes contratos para todos.
"Cuando yo entré al Gobierno, lo primero que hice fue bancarizar (los salarios); ¿para qué?, para que cada empleado cobre su sueldo. A mí me encanta que hagan denuncias, que la Justicia... quien se apropie de dinero que no le corresponde, que vaya preso; yo no puedo controlar todo, por eso una de las medidas que tomé fue la bancarización", afirmó Alperovich, en rueda de prensa, sobre el caso.
Los autores del reclamo son Miguel Ángel Flores, quien era sereno de la sede comunal; Exequiel Berdía, que trabajaba en el área de saneamiento ambiental; y el albañil José Daniel Aredes. Según su versión, ellos prestaron servicios en la oficina de Santa Ana durante cuatro años entregando el 50% de sus haberes, y no les renovaron el contrato cuando comenzaron a hacer planteos para recibir la remuneración de manera íntegra.
Los ex empleados afirmaron que, en los primeros días de cada mes, pasaban por el cajero para retirar unos $ 3.000; luego, les daban el dinero en la mano a Páez o a sus "compañeros" de sueldo. "Si demorábamos, te llamaba la secretaria o la persona (con la que compartían) te iba a cobrar", remarcó. Por todo esto, relataron, hicieron una denuncia penal; además, exigieron que se les reintegren sus puestos laborales y sus haberes completos.
La versión de Flores, Berdía y Aredes fue ratificada por la subdelegada Vázquez, quien defendió la medida asegurando que se trataba de un arreglo previo. "Muchas personas están en esa situación de compartir, pero es de común acuerdo, y se llegó (a ese trato) desde el primer momento, hasta que hubiera una solución masiva; es decir, que todo el mundo pudiera cobrar como corresponde", indicó. Y aseguró que el ministro del Interior avalaba este modo de pago.
Jaldo desmintió a Vázquez. Incluso, afirmó que jamás trató con ella, sino con Páez. "Si la subdelegada conocía esta situación y nunca la denunció, está gravemente complicada", retrucó Jaldo, en una entrevista con LA GACETA.

- ¿Se hará alguna investigación desde el Ministerio?
- Cada vez que se presenta una situación de estas, de inmediato mandamos un equipo de la Secretaría de Fiscalización (SF) para ver cuál es la verdadera situación. Hasta acá, lo único que hay es una publicación periodística, pero a partir de mañana (por hoy) la SF obra de oficio y se constituye en el lugar y ahí nosotros tendremos datos mucho más precisos.

- ¿Esto puede estar ocurriendo en otras comunas?
- Más que bancarizar a la gente, no podemos hacer otra cosa. La gente, una vez que recibe la plata, los dueños de la plata son ellos, no nosotros. Nuestra responsabilidad va hasta el cajero; una vez que sacan la plata no podemos seguirle el rastro. No hay medida ni administrativa ni de control que funcione. ¿Qué sé yo qué hace con la plata? A mí no me consta que haya otros casos; es más, no me consta que esto sea real. Por eso es que vamos a tratar de hacer las auditorías que correspondan y hablar con el delegado comunal.

Visita inesperada
El lunes, antes de publicar la noticia sobre la denuncia de los tres ex empleados de Santa Ana, LA GACETA intentó comunicarse por celular con Páez, pero no tuvo éxito. Ayer, el delegado comunal se presentó de manera espontánea en la Redacción para dar su versión.
"Estas tres personas trabajaban en la comuna. Son bancarizados, por ende nunca han compartido nada", insistió. Y también trató de desmentir a la subdelegada. "Ella desconoce, porque obviamente no trabaja en la comuna ni percibe sueldo. Ella es docente, trabaja en una escuela en jornada completa y por ahí nos colabora en el área de Cultura, pero cuando tiene tiempo, porque ella tiene que atender su familia", indicó. Además, defendió a Jaldo. "El ministro convalida las resoluciones que nosotros emitimos cuando se renuevan o no los contratos del personal. Pero no es responsable él ni tampoco en la comuna se comparte sueldo", afirmó.
Tanto Páez como Alperovich y Jaldo confiaron en que la Justicia determinará si la denuncia es cierta. "No se debe dividir el sueldo. Todo eso está penado. O sea que aquel que cometa, que someta o que sea parte o cómplice, no hay duda de que le va a caer el peso de la ley encima", advirtió Jaldo.