Por Fernando García Soto
22 Octubre 2012
"¿Poner un negocio? Nooooo, ¿para qué? Mucho lío, muchos impuestos, empleados que mantener, no... Lo que estoy haciendo es buscar la manera de integrarme al circuito de la venta ambulante, que goza de todo tipo de privilegios y beneficios. Sólo hay que establecer el contacto adecuado". La exposición formó parte de un diálogo entre amigos en una mesa de bar, y fue proferida por un joven "emprendedor" tucumano que disponía de dinero para invertir. Lo curioso es que el análisis no es descabellado, porque en un tiempo en que los organismos de control cruzan todo tipo de datos para cerrar el cerco sobre la masa de contribuyentes, el comercio informal, o "ilegal", parece desarrollarse en un microcosmos en donde el Estado llega sólo hasta la puerta.
La tramitación que se exige para instalar un comercio en Tucumán incluye gestiones en la AFIP, en Rentas y en la Municipalidad. Todas cuestan tiempo, dinero y variados sinsabores, en especial por el sobrepeso que representa la burocracia y la incompetencia -en algunos casos- de funcionarios desidiosos o directamente no aptos para las funciones que desarrollan. Tras obtener los permisos a las cansadas, el interesado en vender algo "por derecha" tendrá que pagar al día impuestos nacionales y provinciales, más tasas municipales que se engrosan por la visita inesperada de inspectores que suelen pedir "una colaboración" mensual para evitar más problemas, según se desprende de confesiones anónimas de cuanto comerciante se desempeñe en el municipio capitalino.
Ya instalado y al día con sus obligaciones fiscales, el novel empresario tendrá que rezar a diario para que las ventas respondan a sus expectativas de costos y beneficios, siempre teniendo a mano la variable "contingencias", en particular por las sorpresivas subas de gravámenes, demasiado frecuentes en nuestra provincia, con tres alzas tributarias en los últimos 10 meses y un reciente anuncio de aumento del impuesto Inmobiliario. Así, resulta muy complejo que una empresa pueda definir un presupuesto anual, y más porque los reajustes fiscales disparan otra serie de costos.
Los ambulantes no tienen ninguno de esos problemas, en parte porque la mayoría de ellos no son "empresarios" informales, sino empleados que responden a patrones diversos, que incluso pueden ser comerciantes establecidos en el microcentro. Resulta interesante comprobar esto con sólo observar que las mercaderías que ofrecen los ambulantes que se instalan en el centro se retiran de negocios instalados, donde luego son guardadas cuando termina la jornada. Otro dato curioso es que la mayoría de los productos que se comercializan en el plano informal proviene del exterior, en especial del Lejano Oriente, cuando en el país rigen fuertes restricciones a las importaciones y a las divisas necesarias para comprar esa mercadería.
¿Y qué hace el Estado -nacional, provincial o municipal- para combatir un sistema que es ilegal a todas vistas, y que resta competitividad a las empresas que sostienen la economía con sus tributos? Cada tanto, previo a alguna festividad importante para el consumo, se llevan a cabo operativos de desalojo de puestos ambulantes, que terminan apenas pasa la etapa crítica. La Municipalidad no acata una orden judicial expresa que le ordena mantener las calles limpias de vendedores ambulantes, y la Provincia y la AFIP también miran para otro lado. Resultado: el sistema, tal como funciona, termina premiando a los que eluden las reglas, lo que se traduce en un castigo para los que cumplen y en un desaliento a las buenas prácticas comerciales y tributarias.
La tramitación que se exige para instalar un comercio en Tucumán incluye gestiones en la AFIP, en Rentas y en la Municipalidad. Todas cuestan tiempo, dinero y variados sinsabores, en especial por el sobrepeso que representa la burocracia y la incompetencia -en algunos casos- de funcionarios desidiosos o directamente no aptos para las funciones que desarrollan. Tras obtener los permisos a las cansadas, el interesado en vender algo "por derecha" tendrá que pagar al día impuestos nacionales y provinciales, más tasas municipales que se engrosan por la visita inesperada de inspectores que suelen pedir "una colaboración" mensual para evitar más problemas, según se desprende de confesiones anónimas de cuanto comerciante se desempeñe en el municipio capitalino.
Ya instalado y al día con sus obligaciones fiscales, el novel empresario tendrá que rezar a diario para que las ventas respondan a sus expectativas de costos y beneficios, siempre teniendo a mano la variable "contingencias", en particular por las sorpresivas subas de gravámenes, demasiado frecuentes en nuestra provincia, con tres alzas tributarias en los últimos 10 meses y un reciente anuncio de aumento del impuesto Inmobiliario. Así, resulta muy complejo que una empresa pueda definir un presupuesto anual, y más porque los reajustes fiscales disparan otra serie de costos.
Los ambulantes no tienen ninguno de esos problemas, en parte porque la mayoría de ellos no son "empresarios" informales, sino empleados que responden a patrones diversos, que incluso pueden ser comerciantes establecidos en el microcentro. Resulta interesante comprobar esto con sólo observar que las mercaderías que ofrecen los ambulantes que se instalan en el centro se retiran de negocios instalados, donde luego son guardadas cuando termina la jornada. Otro dato curioso es que la mayoría de los productos que se comercializan en el plano informal proviene del exterior, en especial del Lejano Oriente, cuando en el país rigen fuertes restricciones a las importaciones y a las divisas necesarias para comprar esa mercadería.
¿Y qué hace el Estado -nacional, provincial o municipal- para combatir un sistema que es ilegal a todas vistas, y que resta competitividad a las empresas que sostienen la economía con sus tributos? Cada tanto, previo a alguna festividad importante para el consumo, se llevan a cabo operativos de desalojo de puestos ambulantes, que terminan apenas pasa la etapa crítica. La Municipalidad no acata una orden judicial expresa que le ordena mantener las calles limpias de vendedores ambulantes, y la Provincia y la AFIP también miran para otro lado. Resultado: el sistema, tal como funciona, termina premiando a los que eluden las reglas, lo que se traduce en un castigo para los que cumplen y en un desaliento a las buenas prácticas comerciales y tributarias.
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