21 Octubre 2012
EN LA PLAZA. Miani, Lazzus y Herrera acudieron a instituciones provinciales.
"Comisión de Control de Gestión y Ayuda a las Instituciones". Ese es el nombre que un grupo de vecinos de Famaillá le dio a un espacio de trabajo comunitario, que comenzó donando una silla de ruedas al Hospital Parajón Ortiz y que terminaron pidiendo a la Defensoría del Pueblo que acciones judicialmente para evitar la enajenación del casi centenario edificio de la Municipalidad de Famaillá.
"Casi todo es cuestionable en la ordenanza 22/11. Permite que se regale la Municipalidad, invoca una 'necesidad de enajenación' que no se justifica, permite la contratación directa, y el inmueble, después de entregado, puede ser usado para vivienda", sintetiza Felipe Ochoa, en uno de los bares frente a la plaza principal, donde se puede pedir una gaseosa de dos litros para toda la mesa.
"Pedimos, en primer lugar, que se derogue de la ordenanza. Y en segundo término, que la propiedad siga siendo de la Municipalidad. La Dirección de Rentas de Famaillá, hoy, funciona en un local por el cual se paga alquiler. Si la reubican en el edificio de Mitre y San Martín, además de no descapitalizar al municipio, van a ahorrar", argumenta Luis Lazzus. Y asevera que, en su ciudad, "la ordenanza 22/11 ya es más famosa que la Resolución 125", en referencia a la disposición del Ministerio de Economía de la Nación que, en 2008, establecía un esquema de retenciones móviles a la exportación de soja. "Repartimos un millar de copias", afirma.
"El edificio que quieren enajenar es histórico. Data de 1914 y allí funcionaron, alternativamente, Higiene y Fomento, la Escuela de Comercio, el Juzgado de Paz, la Comuna de Famaillá hasta 1956 y, a partir de ese año, la Municipalidad, que tuvo como primer intendente a Javier Ávila", detalla Edmundo Herrera.
El abogado Víctor Miani puntualizó que la primera gestión que hicieron desde la comisión vecinal fue solicitar al Ente de Cultura de Tucumán, hace 40 días, que incluya el edificio en el listado de bienes que conforman el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la provincia. "Es un proceso extenso, pero preinscribir al edificio no lo es, y brinda en alguna medida cierta protección", aseveró.
Luego, se presentaron ante la Defensoría del Pueblo de Tucumán. "Lo que pedimos es que el ombudsman (Hugo Cabral) plantee en la Justicia la inconstitucionalidad de la ordenanza. No lo hacemos nosotros porque sólo somos un grupo de vecinos y no tenemos personería jurídica. Entendemos, además, que la integridad del edificio de la Municipalidad es un derecho colectivo", puntualizó.
Miani reconoció que la Defensoría del Pueblo aún no se presentó en la Justicia, pero destacó que esta semana sí remitió un pedido de informes al Ente de Cultura de Tucumán, respecto de la presentación que efectuó la comisión vecinal famaillense.
"La Defensoría nos ofrece una instancia de mediación, aunque aún todo está en estudio. La verdad es que la única solución es la derogación de la ordenanza 22/11", concluyó.
"Casi todo es cuestionable en la ordenanza 22/11. Permite que se regale la Municipalidad, invoca una 'necesidad de enajenación' que no se justifica, permite la contratación directa, y el inmueble, después de entregado, puede ser usado para vivienda", sintetiza Felipe Ochoa, en uno de los bares frente a la plaza principal, donde se puede pedir una gaseosa de dos litros para toda la mesa.
"Pedimos, en primer lugar, que se derogue de la ordenanza. Y en segundo término, que la propiedad siga siendo de la Municipalidad. La Dirección de Rentas de Famaillá, hoy, funciona en un local por el cual se paga alquiler. Si la reubican en el edificio de Mitre y San Martín, además de no descapitalizar al municipio, van a ahorrar", argumenta Luis Lazzus. Y asevera que, en su ciudad, "la ordenanza 22/11 ya es más famosa que la Resolución 125", en referencia a la disposición del Ministerio de Economía de la Nación que, en 2008, establecía un esquema de retenciones móviles a la exportación de soja. "Repartimos un millar de copias", afirma.
"El edificio que quieren enajenar es histórico. Data de 1914 y allí funcionaron, alternativamente, Higiene y Fomento, la Escuela de Comercio, el Juzgado de Paz, la Comuna de Famaillá hasta 1956 y, a partir de ese año, la Municipalidad, que tuvo como primer intendente a Javier Ávila", detalla Edmundo Herrera.
El abogado Víctor Miani puntualizó que la primera gestión que hicieron desde la comisión vecinal fue solicitar al Ente de Cultura de Tucumán, hace 40 días, que incluya el edificio en el listado de bienes que conforman el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la provincia. "Es un proceso extenso, pero preinscribir al edificio no lo es, y brinda en alguna medida cierta protección", aseveró.
Luego, se presentaron ante la Defensoría del Pueblo de Tucumán. "Lo que pedimos es que el ombudsman (Hugo Cabral) plantee en la Justicia la inconstitucionalidad de la ordenanza. No lo hacemos nosotros porque sólo somos un grupo de vecinos y no tenemos personería jurídica. Entendemos, además, que la integridad del edificio de la Municipalidad es un derecho colectivo", puntualizó.
Miani reconoció que la Defensoría del Pueblo aún no se presentó en la Justicia, pero destacó que esta semana sí remitió un pedido de informes al Ente de Cultura de Tucumán, respecto de la presentación que efectuó la comisión vecinal famaillense.
"La Defensoría nos ofrece una instancia de mediación, aunque aún todo está en estudio. La verdad es que la única solución es la derogación de la ordenanza 22/11", concluyó.
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