10 Octubre 2012
BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, denunciaron una "industria del juicio", a raíz de una "profusión de descuentos" que afectaban los salarios de gendarmes y prefectos que eran compensados con "complementos no remunerativos".
Resaltaron la connivencia entre miembros de las fuerzas, estudios jurídicos y abogados. Además, denunciaron que "la mayoría de las sentencias cautelares que beneficiaban a prefectos y gendarmes fueron dictadas por un tribunal de Río Gallegos, Santa Cruz, y otro de Santo Tome, Corrientes.
"En el caso de Prefectura, el 63% del total de los juicios se hallan tramitados en un único juzgado de Río Gallegos, que está a cargo de la jueza Ana Álvarez, casada con un comodoro estrella, vinculado a crímenes de lesa humanidad", señaló el jefe del Palacio de Hacienda.
"Las cautelares fueron otorgadas por jueces civiles y comerciales, que son incompetentes. Notificaban la cautelar e inmediatamente se declaraban incompetentes. Las cautelares iban 'por autopista' y el levantamiento 'por ruta de tierra'", apuntó Lorenzino.
En este contexto, los funcionarios remarcaron que el decreto 1307 garantiza que tras su aplicación, si algún efectivo cobra menos que el mes anterior, se le abonaría una suma compensatoria para que no se vea afectada su remuneración.
Al respecto, se informó anoche que el Superior Tribunal de Justicia de Formosa inició una investigación sobre el juez subrogante de El Colorado, Jorge Sabino Zaracho, quien a principios de año hizo lugar a 43 medidas cautelares de orden remunerativo que beneficiaron a más de 11.000 gendarmes. También se formó el jury de enjuiciamiento.
Zaracho dictó estas medidas pese a su incompetencia de manera manifiesta, hasta tal punto que luego de firmar las cautelares se apartó del expediente y lo giró al Juzgado Federal de Resistencia. (DyN-NA-Télam)
Resaltaron la connivencia entre miembros de las fuerzas, estudios jurídicos y abogados. Además, denunciaron que "la mayoría de las sentencias cautelares que beneficiaban a prefectos y gendarmes fueron dictadas por un tribunal de Río Gallegos, Santa Cruz, y otro de Santo Tome, Corrientes.
"En el caso de Prefectura, el 63% del total de los juicios se hallan tramitados en un único juzgado de Río Gallegos, que está a cargo de la jueza Ana Álvarez, casada con un comodoro estrella, vinculado a crímenes de lesa humanidad", señaló el jefe del Palacio de Hacienda.
"Las cautelares fueron otorgadas por jueces civiles y comerciales, que son incompetentes. Notificaban la cautelar e inmediatamente se declaraban incompetentes. Las cautelares iban 'por autopista' y el levantamiento 'por ruta de tierra'", apuntó Lorenzino.
En este contexto, los funcionarios remarcaron que el decreto 1307 garantiza que tras su aplicación, si algún efectivo cobra menos que el mes anterior, se le abonaría una suma compensatoria para que no se vea afectada su remuneración.
Al respecto, se informó anoche que el Superior Tribunal de Justicia de Formosa inició una investigación sobre el juez subrogante de El Colorado, Jorge Sabino Zaracho, quien a principios de año hizo lugar a 43 medidas cautelares de orden remunerativo que beneficiaron a más de 11.000 gendarmes. También se formó el jury de enjuiciamiento.
Zaracho dictó estas medidas pese a su incompetencia de manera manifiesta, hasta tal punto que luego de firmar las cautelares se apartó del expediente y lo giró al Juzgado Federal de Resistencia. (DyN-NA-Télam)
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