25 Septiembre 2012
En febrero de 2007, el Gobierno decide intervenir el Indec. Entidades de defensa de los consumidores, economistas, académicos y políticos opositores cargaron contra la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Desde ese momento, datos como inflación y pobreza se fueron "divorciando" de las mediciones privadas que, hasta entonces, no mostraban tantas diferencias.
En mayo de 2008, el organismo estadístico oficial decide dejar de publicar los datos del IPC Nacional, un informe que brindaba detalles acerca de la evolución de los precios al consumidor del Gran Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Mendoza. Posteriormente, varias direcciones de Estadísticas provinciales dejaron de difundir sus proyecciones inflacionarias.
A mediados de 2009, a través de un decreto, el Gobierno constituyó el Consejo Académico de Estudio y Seguimiento (CAES) con profesores de las universidades de Buenos Aires (UBA), Mar del Plata, Rosario, Tres de Febrero y Tucumán. El CAES concluyó que "la confiabilidad del IPC-GBA está cuestionada", que los precios relevados no guardan relación con los que pagan los consumidores.
En marzo del año pasado, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación avanzó sobre las consultoras privadas. Las multó con hasta $ 500.000 en promedio, aduciendo infracciones a la Ley de Lealtad Comercial en la difusión de los informes sobre inflación. "No cumplen ninguna de las pautas metodológicas, es un dibujo lo que hacen", argumentó el director técnico del Indec, Norberto Itzcovich.
Desde el Congreso, bloques opositores rechazaron el avance del Gobierno hacia las mediciones privadas. Con ese fin, a mediados del año pasado, se afianzó el denominado "Índice Congreso", que es la inflación proyectada por las consultoras privadas que no pueden difundir los datos por sí, ante las amenazas de multas. Ese indicador llega a duplicar la inflación medida por el Indec.
En marzo pasado, el FMI decidió levantar su oficina en Buenos Aires. Se adujo falta de cooperación del país a la tarea de evaluación económica de la Argentina. En enero, el Fondo le había pedido al Gobierno que normalice esa situación y que tome medidas para recuperar la credibilidad de los índices oficiales. La semana pasada, le dio al Ejecutivo tres meses más para regularizar esa cuestión.
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