18 Septiembre 2012
BUENOS AIRES.- La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó al escritor y ex titular de la SIDE Juan Bautista Yofre y los ex agentes de inteligencia Iván Velázquez y Pablo Carpintero, acusados de integrar una asociación que hackeó mails de políticos y famosos.
La magistrada hizo lugar a un pedido del fiscal federal Sebastián Basso y procesó también a Héctor Alderete, del portal Seprin; a Carlos Pagni, del diario La Nación; a Edgar Mainhard, de Urgente 24; a Roberto García, del diario Perfil; al empresario Néstor Ick y a Daniel Reimundes.
El procesamiento de la jueza incluye embargos de hasta $ 500.000 y los mismos habían sido pedidos por el fiscal federal Basso.
En su resolución, la jueza los acusó de integrar una asociación ilícita, una "empresa criminal", que entre agosto de 2006 y junio de 2008 hackeaba mails que luego ponía a la venta, y las víctimas iban desde dirigentes políticos, a personas del espectáculo y otros.
Entre las víctimas del espionaje de correos electrónicos estaban la presidenta, Cristina Fernández; el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli (cuando era vicepresidente); el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; el ex canciller Jorge Taiana; y el actual, Héctor Timerman.
También fueron hackeados los mails de la ministra de Seguridad, Nilda Garré; de los secretarios presidenciales Fabián Gutiérrez y Jorge Isidro Baltasar Bounine; y el del actual titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga, según la causa. La jueza entendió que "a lo largo de esta compleja instrucción se reunieron elementos de convicción suficientes para estimar que los hechos investigados constituyen una multiplicidad de delitos que resultan penalmente responsables de su comisión, con distinto grado de participación".
"Advierto que el conocimiento y análisis del profuso caudal probatorio reunido no deja lugar a dudas de la existencia, cuanto menos desde agosto de 2006 y hasta junio de 2008, de una empresa criminal que con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico", detalló. "Esa información debía permanecer secreta en función de la seguridad, la defensa y las relaciones", sostuvo. (NA-Télam)
La magistrada hizo lugar a un pedido del fiscal federal Sebastián Basso y procesó también a Héctor Alderete, del portal Seprin; a Carlos Pagni, del diario La Nación; a Edgar Mainhard, de Urgente 24; a Roberto García, del diario Perfil; al empresario Néstor Ick y a Daniel Reimundes.
El procesamiento de la jueza incluye embargos de hasta $ 500.000 y los mismos habían sido pedidos por el fiscal federal Basso.
En su resolución, la jueza los acusó de integrar una asociación ilícita, una "empresa criminal", que entre agosto de 2006 y junio de 2008 hackeaba mails que luego ponía a la venta, y las víctimas iban desde dirigentes políticos, a personas del espectáculo y otros.
Entre las víctimas del espionaje de correos electrónicos estaban la presidenta, Cristina Fernández; el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli (cuando era vicepresidente); el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández; el ex canciller Jorge Taiana; y el actual, Héctor Timerman.
También fueron hackeados los mails de la ministra de Seguridad, Nilda Garré; de los secretarios presidenciales Fabián Gutiérrez y Jorge Isidro Baltasar Bounine; y el del actual titular de la SIDE, Héctor Icazuriaga, según la causa. La jueza entendió que "a lo largo de esta compleja instrucción se reunieron elementos de convicción suficientes para estimar que los hechos investigados constituyen una multiplicidad de delitos que resultan penalmente responsables de su comisión, con distinto grado de participación".
"Advierto que el conocimiento y análisis del profuso caudal probatorio reunido no deja lugar a dudas de la existencia, cuanto menos desde agosto de 2006 y hasta junio de 2008, de una empresa criminal que con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico", detalló. "Esa información debía permanecer secreta en función de la seguridad, la defensa y las relaciones", sostuvo. (NA-Télam)
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