Incorporar la mirada de género

La historia de la prostitución organizada ofrece suficientes evidencias acerca de las formas en que los cuerpos (sexuados) son sometidos y convertidos en objetos de explotación económica. Estimo que asimilarla a una relación contractual de igualdad es erróneo, puesto que una multiplicidad de investigaciones y registros estadísticos indican que la prostitución refleja relaciones de dominio entre géneros (con sus implicaciones de violencia física, psicológica y sexual) y de explotación de las personas más vulnerables en sociedades caracterizadas por la desigualdad socioeconómica estructural (pobreza, desempleo, bajos niveles de educación).

Por eso considero impostergable incorporar una mirada de género en el abordaje de una problemática tan compleja como lo es la prostitución, una cuestión primordial en sociedades en las que persiste el machismo y la diferencia sexual es transformada en desigualdad social. A la vez, resulta imprescindible no dejar de lado las problemáticas que acarrea la prostitución, como la comercialización organizada, modalidad en la que las mujeres son tratadas como una mercancía a cambio de remuneración, generalmente bajo la intermediación de facilitadores y organizaciones de proxenetas o rufianes. En este punto es innegable que dichas organizaciones tienen una estrecha relación con la trata y, es en este marco en el que se inscriben y deberían entenderse el espíritu de las leyes dictadas en Córdoba, Rosario y Tucumán.

En consecuencia, la ley de Prostíbulos Cero puede interpretarse como bosquejo de un futuro transformador de la actual realidad y de las estrategias que, de modo concomitante, puedan desprenderse de ese marco normativo. Como juristas creemos en el poder de las normas como generadoras de eficacia, por cuanto su existencia es una condición necesaria para el desarrollo de acciones colectivas (gubernamentales y sociales) que permitan avanzar en la concreción de prácticas sociales sustentadas en los principios de igualdad y libertad.