10 Junio 2012
El Poder Ejecutivo no observó el orden de mérito de la terna en el 60% de las designaciones del CAM
El gobernador José Alperovich eligió al primer nombre de la propuesta confeccionada por el Consejo Asesor de la Magistratura en 18 oportunidades entre 2010 y el presente. En el transcurso de este año, el mandatario se inclinó por el segundo o el tercer nombre de la terna en ocho de las diez veces que envió pliegos a la Legislatura.
ARCHIVO LA GACETA
Los postulantes que ocupan el segundo y el tercer lugar tienen más chance de ser jueces que el que gana el concurso sustanciado en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Esta es, al menos, la tendencia desde que el órgano de selección de magistrados creado en 2009 comenzó a enviar propuestas al Poder Ejecutivo (PE) a cargo del gobernador José Alperovich. En total, el Gobierno no observó el orden de mérito contenido en la terna en el 60% de las designaciones, según una investigación propia contrastada con fuentes del CAM.
Los números lo dicen todo: de los 46 quintetos (previstos originalmente en la Ley 8.197) o tercetos (consagrados en la reforma legislativa de 2010) que recibió del Consejo, el gobernador se ajustó al orden de mérito en 18 oportunidades y se apartó en 28 haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 16 de la norma mencionada entre los paréntesis. Este artículo prescribe que el PE puede prescindir de dicha escala y que en ningún caso está habilitado para enviar un nombre no incluido en la propuesta que le envió el CAM. Y añade: "si la Legislatura no aprueba el pliego remitido por el PE, este debe elegir otro nombre, siempre dentro del listado, hasta que se consiga la aprobación legislativa".
En virtud del sistema de concursos múltiples -derogado en la enmienda de 2010-, de las 46 propuestas surgieron 49 nuevos magistrados incorporados a los Tribunales tucumanos y tres designaciones con pedido de acuerdo de la Legislatura.
En ese último grupo está el pliego de Diego Alejo López Ávila, a quien el PE eligió para el cargo de fiscal de Instrucción en lo Penal de la IV Nominación de la Capital. Sobre esa designación cayó una medida cautelar que -por primera vez en la historia del mecanismo inaugurado en 2009- ordena suspender el trámite en el Poder Legislativo (sólo faltaba el acuerdo de los parlamentarios para que el designado pudiese jurar como fiscal). Dicha resolución fue dictada por Rodolfo Novillo, presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a instancias de Carlos Eduardo López, que lidera la terna en cuestión -López Ávila ocupa el segundo puesto- y cuyo nombre fue rechazado por Alperovich en media docena de ocasiones. Desde el martes, el caso "López" -y el mantenimiento o levantamiento de la cautelar- está en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), que se declaró competente en la causa acogiendo la petición de avocación directa que le presentó el PE.
En su acción de amparo, el concursante frustrado cuestionó la potestad discrecional del gobernador para apartarse del orden de mérito emanado de un concurso de antecedentes y oposición sin fundamentar su decisión. Es decir, sin expresar los motivos que lo llevan a preferir a un aspirante a juez que clasificó en el segundo o tercer lugar de la terna por delante del que la lidera. Según López, Alperovich veta sistemáticamente su candidatura porque durante la gestión del gobernador Julio Miranda fue funcionario (secretario) de la extinta Fiscalía Anticorrupción a cargo de Esteban Jerez. Esta oficina investigó al gobernador (entonces senador y, antes, ministro de Economía), a su esposa, la senadora Beatriz Rojkés, y a funcionarios que en el presente forman parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Primera vez
Fue con la primera terna que lideró López, justamente, que el alperovichismo debutó en el hábito de apartarse del orden de mérito. Aquello ocurrió entre finales de 2010 y principios del año siguiente, cuando el PE recibió las propuestas para fiscal de Instrucción en lo Penal de Monteros; fiscal de Instrucción Penal de la III Nominación de los Tribunales de Concepción y defensor oficial en lo Penal de la II Nominación de Concepción. La decisión del gobernador de no designar a López para el primero de esos cargos benefició a Jorge Ariel Carrasco, segundo del terceto que encabezaba el concursante frustrado. En el caso del fiscal de Concepción, Alperovich eligió al ternado en segundo lugar, Jorge Echayde (Carrasco estaba primero y López, tercero). En cuanto al puesto de defensor oficial, el PE optó por Carolina Ballesteros, que cerraba la terna liderada por Carrasco y cuya segunda posición era ocupada por María Alicia Toledo.
Hasta entonces, el gobernador había designado a los jueces ajustándose a la escala elaborada por el CAM por medio de un método de selección objetiva (ver "Del CAM a la Justicia"). La lógica del mérito se verificó para las primeras cinco coberturas de vacantes: así, Marta Paz de Centurión y Ester Valderrábano de Casas obtuvieron un ascenso y se convirtieron en vocales de la Cámara de Familia y Sucesiones de la Capital, y Karina Lescano de Francesco, Claudia López y Rossana Martínez juraron como juezas del mismo fuero y centro judicial. Cabe precisar que, respecto del proceso para seleccionar camaristas, el gobernador disponía de tres nombres para llenar tres cargos y, sin embargo, sólo envió a la Legislatura los pliegos de Paz de Centurión y Valderrábano. El del tercer candidato, Juan Justo Daniel De la Torre, quedó reservado en el PE hasta la realización de un concurso complementario para llenar la tercera vacante en la Cámara de Familia y Sucesiones.
Cinco magistrados más
Respecto de las 24 coberturas de vacantes en el fuero penal, Alperovich no designó al primer postulante del listado elaborado por el CAM en 16 oportunidades. En este ámbito, la elección de concursantes ubicados por debajo del ganador del concurso alcanza al 66% de los casos. Algunas veces el apartamiento obedeció al hecho de que los mismos finalistas integraban distintas propuestas enviadas al PE en la misma época, como ocurrió respecto de las seis ternas para cubrir otras tantas vacantes en la Cámara Penal de la Capital. El gobernador también se apartó del orden de mérito para cubrir la única vacante existente en el decisivo fuero de lo contencioso administrativo. En esa oportunidad, Alperovich se inclinó por Sergio Gandur, hijo de Antonio Gandur, vocal de la Corte Suprema.
En lo que va del año, el titular del PE profundizó la tendencia a apartarse del orden de mérito. Aquello ocurrió en 8 de las 10 propuestas que recibió (la última vez, para elegir a López Ávila). Eso, contando como una sola vez la exclusión de Edgardo López Herrera (líder del listado elaborado para la cobertura de cuatro vacantes en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de la Capital).
En el presente, Alperovich, que es uno de los gobernadores que más jueces nombró en la historia de los Tribunales provinciales, tiene en su poder cuatro ternas y esta semana podría recibir la quinta. Esta serie incluye las propuestas para cubrir una vocalía en la Sala I y otra en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones de la Capital; el juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la V Nominación de la Capital; una vocalía de la Cámara en Documentos y Locaciones de Concepción y el juzgado Civil y Comercial Común de la I Nominación de Concepción (el CAM tiene previsto elevar esta terna al PE en los próximos días).
El ejercicio de la potestad discrecional del gobernador alumbró casos para todos los gustos. Algunos postulantes integraron varias ternas antes de ser nombrados, como María Fernanda Bähler (fiscal correccional en lo Penal de la II Nominación de la Capital), Fabián Edgardo Rojas (fiscal de Instrucción en lo Penal de la II Nominación de Concepción), Adrián Marcelo Raúl Díaz Critelli (vocal de la Sala II de la Cámara del Trabajo) y el mismo López Ávila, que formó parte de dos tercetos antes de que el PE enviara su pliego a la Legislatura. Otros nunca pasaron el filtro de la Casa de Gobierno pese a ocupar reiterados "podios", como Gustavo Aldo Simón Romagnoli (estaba tercero en la propuesta para la Fiscalía IV de la Capital) o Myriam Fajre que, si no es nombrada en las propuestas pendientes de decisión en el PE, acumulará cinco intentos frustrados y se acercará peligrosamente al récord de postulaciones fallidas de Carlos López.
Elección discrecional
El titular del Poder Ejecutivo designa al nuevo juez entre los tres nombres que conforman la propuesta oportunamente elevada por el Consejo Asesor de la Magistratura. Este acto de elección discrecional se consuma con el envío del pliego al Poder Legislativo.
Votación legislativa
La comisión de peticiones y acuerdos de la Legislatura entrevista al candidato y elabora el consiguiente dictamen. Luego, el pliego es votado afirmativa o negativamente en el recinto. Con el acuerdo parlamentario, el juez queda en condiciones de jurar en el cargo.
Selección objetiva
El Consejo Asesor de la Magistratura confecciona la terna a partir del puntaje obtenido por los aspirantes a jueces en el concurso. Este consiste en tres etapas: la calificación de los antecedentes, una evaluación escrita y una entrevista personal con los consejeros.
Los números lo dicen todo: de los 46 quintetos (previstos originalmente en la Ley 8.197) o tercetos (consagrados en la reforma legislativa de 2010) que recibió del Consejo, el gobernador se ajustó al orden de mérito en 18 oportunidades y se apartó en 28 haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 16 de la norma mencionada entre los paréntesis. Este artículo prescribe que el PE puede prescindir de dicha escala y que en ningún caso está habilitado para enviar un nombre no incluido en la propuesta que le envió el CAM. Y añade: "si la Legislatura no aprueba el pliego remitido por el PE, este debe elegir otro nombre, siempre dentro del listado, hasta que se consiga la aprobación legislativa".
En virtud del sistema de concursos múltiples -derogado en la enmienda de 2010-, de las 46 propuestas surgieron 49 nuevos magistrados incorporados a los Tribunales tucumanos y tres designaciones con pedido de acuerdo de la Legislatura.
En ese último grupo está el pliego de Diego Alejo López Ávila, a quien el PE eligió para el cargo de fiscal de Instrucción en lo Penal de la IV Nominación de la Capital. Sobre esa designación cayó una medida cautelar que -por primera vez en la historia del mecanismo inaugurado en 2009- ordena suspender el trámite en el Poder Legislativo (sólo faltaba el acuerdo de los parlamentarios para que el designado pudiese jurar como fiscal). Dicha resolución fue dictada por Rodolfo Novillo, presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a instancias de Carlos Eduardo López, que lidera la terna en cuestión -López Ávila ocupa el segundo puesto- y cuyo nombre fue rechazado por Alperovich en media docena de ocasiones. Desde el martes, el caso "López" -y el mantenimiento o levantamiento de la cautelar- está en la órbita de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), que se declaró competente en la causa acogiendo la petición de avocación directa que le presentó el PE.
En su acción de amparo, el concursante frustrado cuestionó la potestad discrecional del gobernador para apartarse del orden de mérito emanado de un concurso de antecedentes y oposición sin fundamentar su decisión. Es decir, sin expresar los motivos que lo llevan a preferir a un aspirante a juez que clasificó en el segundo o tercer lugar de la terna por delante del que la lidera. Según López, Alperovich veta sistemáticamente su candidatura porque durante la gestión del gobernador Julio Miranda fue funcionario (secretario) de la extinta Fiscalía Anticorrupción a cargo de Esteban Jerez. Esta oficina investigó al gobernador (entonces senador y, antes, ministro de Economía), a su esposa, la senadora Beatriz Rojkés, y a funcionarios que en el presente forman parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Primera vez
Fue con la primera terna que lideró López, justamente, que el alperovichismo debutó en el hábito de apartarse del orden de mérito. Aquello ocurrió entre finales de 2010 y principios del año siguiente, cuando el PE recibió las propuestas para fiscal de Instrucción en lo Penal de Monteros; fiscal de Instrucción Penal de la III Nominación de los Tribunales de Concepción y defensor oficial en lo Penal de la II Nominación de Concepción. La decisión del gobernador de no designar a López para el primero de esos cargos benefició a Jorge Ariel Carrasco, segundo del terceto que encabezaba el concursante frustrado. En el caso del fiscal de Concepción, Alperovich eligió al ternado en segundo lugar, Jorge Echayde (Carrasco estaba primero y López, tercero). En cuanto al puesto de defensor oficial, el PE optó por Carolina Ballesteros, que cerraba la terna liderada por Carrasco y cuya segunda posición era ocupada por María Alicia Toledo.
Hasta entonces, el gobernador había designado a los jueces ajustándose a la escala elaborada por el CAM por medio de un método de selección objetiva (ver "Del CAM a la Justicia"). La lógica del mérito se verificó para las primeras cinco coberturas de vacantes: así, Marta Paz de Centurión y Ester Valderrábano de Casas obtuvieron un ascenso y se convirtieron en vocales de la Cámara de Familia y Sucesiones de la Capital, y Karina Lescano de Francesco, Claudia López y Rossana Martínez juraron como juezas del mismo fuero y centro judicial. Cabe precisar que, respecto del proceso para seleccionar camaristas, el gobernador disponía de tres nombres para llenar tres cargos y, sin embargo, sólo envió a la Legislatura los pliegos de Paz de Centurión y Valderrábano. El del tercer candidato, Juan Justo Daniel De la Torre, quedó reservado en el PE hasta la realización de un concurso complementario para llenar la tercera vacante en la Cámara de Familia y Sucesiones.
Cinco magistrados más
Respecto de las 24 coberturas de vacantes en el fuero penal, Alperovich no designó al primer postulante del listado elaborado por el CAM en 16 oportunidades. En este ámbito, la elección de concursantes ubicados por debajo del ganador del concurso alcanza al 66% de los casos. Algunas veces el apartamiento obedeció al hecho de que los mismos finalistas integraban distintas propuestas enviadas al PE en la misma época, como ocurrió respecto de las seis ternas para cubrir otras tantas vacantes en la Cámara Penal de la Capital. El gobernador también se apartó del orden de mérito para cubrir la única vacante existente en el decisivo fuero de lo contencioso administrativo. En esa oportunidad, Alperovich se inclinó por Sergio Gandur, hijo de Antonio Gandur, vocal de la Corte Suprema.
En lo que va del año, el titular del PE profundizó la tendencia a apartarse del orden de mérito. Aquello ocurrió en 8 de las 10 propuestas que recibió (la última vez, para elegir a López Ávila). Eso, contando como una sola vez la exclusión de Edgardo López Herrera (líder del listado elaborado para la cobertura de cuatro vacantes en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de la Capital).
En el presente, Alperovich, que es uno de los gobernadores que más jueces nombró en la historia de los Tribunales provinciales, tiene en su poder cuatro ternas y esta semana podría recibir la quinta. Esta serie incluye las propuestas para cubrir una vocalía en la Sala I y otra en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil en Documentos y Locaciones de la Capital; el juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la V Nominación de la Capital; una vocalía de la Cámara en Documentos y Locaciones de Concepción y el juzgado Civil y Comercial Común de la I Nominación de Concepción (el CAM tiene previsto elevar esta terna al PE en los próximos días).
El ejercicio de la potestad discrecional del gobernador alumbró casos para todos los gustos. Algunos postulantes integraron varias ternas antes de ser nombrados, como María Fernanda Bähler (fiscal correccional en lo Penal de la II Nominación de la Capital), Fabián Edgardo Rojas (fiscal de Instrucción en lo Penal de la II Nominación de Concepción), Adrián Marcelo Raúl Díaz Critelli (vocal de la Sala II de la Cámara del Trabajo) y el mismo López Ávila, que formó parte de dos tercetos antes de que el PE enviara su pliego a la Legislatura. Otros nunca pasaron el filtro de la Casa de Gobierno pese a ocupar reiterados "podios", como Gustavo Aldo Simón Romagnoli (estaba tercero en la propuesta para la Fiscalía IV de la Capital) o Myriam Fajre que, si no es nombrada en las propuestas pendientes de decisión en el PE, acumulará cinco intentos frustrados y se acercará peligrosamente al récord de postulaciones fallidas de Carlos López.
Elección discrecional
El titular del Poder Ejecutivo designa al nuevo juez entre los tres nombres que conforman la propuesta oportunamente elevada por el Consejo Asesor de la Magistratura. Este acto de elección discrecional se consuma con el envío del pliego al Poder Legislativo.
Votación legislativa
La comisión de peticiones y acuerdos de la Legislatura entrevista al candidato y elabora el consiguiente dictamen. Luego, el pliego es votado afirmativa o negativamente en el recinto. Con el acuerdo parlamentario, el juez queda en condiciones de jurar en el cargo.
Selección objetiva
El Consejo Asesor de la Magistratura confecciona la terna a partir del puntaje obtenido por los aspirantes a jueces en el concurso. Este consiste en tres etapas: la calificación de los antecedentes, una evaluación escrita y una entrevista personal con los consejeros.
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