21 Mayo 2012
Recientemente tomamos conocimiento por los medios de prensa de un proyecto de ley de la diputada nacional Diana Conti pretendiendo una nueva reforma al Código Penal para aumentar las penas a quienes delincan, victimizando a ancianos, a menores de 16 años, a mujeres embarazadas y a personas discapacitadas (lo que se conoce como derecho penal de víctima y no de acto).
En el mismo sentido un diputado tucumano opina sobre el tema aparentando tener la solución mágica a esta problemática que ya lleva años. Estas medidas efectistas -no efectivas- no son otra cosa que intentar tapar el sol con un dedo, aparte de ser totalmente inoportunas y casi irreverentes.
Los cada vez más angustiosos y coyunturales pedidos de seguridad por parte de los ciudadanos ante hechos muchas veces amplificados por los medios de comunicación, llevaron en estos últimos años a nuestros hacedores de las leyes a, espasmódicamente, correr a "reformar" lo que más fácilmente tenían a mano: el Código Penal, no sólo endureciendo las penas sino extrapolando tipos penales que nada tienen que hacer en nuestra realidad y circunstancias, en la creencia o conveniencia de que así no se les bajaría el pulgar por su falta de convicción, conocimiento y creatividad para exactamente no lograr la seguridad buscada, sino la aprobación de la población que ruge por tanta violencia reprimida; sin darse cuenta de que si bien ese es el camino para lograr más votos, no lo es aplicar violencia a la violencia ya existente, pues el resultado es el menos buscado.
En los últimos 20 años nuestros legisladores se dedicaron a hacer leyes puniendo las consecuencias y no atacando las causas: aumentaron penas a conductas delictivas que se repetían frecuentemente: el homicidio de policías, la muerte de ciudadanos por parte de policías (más conocido como "gatillo fácil") o los secuestros extorsivos. Lo que nunca se difunde son las estadísticas que indican que tales medidas no produjeron en lo más mínimo la reducción de tales hechos de violencia.
Hoy, tal proyecto, como muchos otros que ocupan espacio en los medios de comunicación, carece de coherencia, no solamente jurídica sino en el contexto penal de nuestro país, cuando maestros de la talla de Eugenio Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra y León Arslanián, entre otros penalistas y criminólogos, fueron designados por la señora Presidenta el pasado 7 de mayo para la elaboración de un Proyecto de Reforma Integral del Código Penal que se adecue a la realidad de nuestros días y se reestablezca la coherencia y la proporcionalidad entre los delitos y las penas que, ya en el siglo XVIII, Cesare Beccaria nos enseñaba a todos los seres humanos.
Es común la creencia -pero es deber de técnicos aclarar lo contrario- que el aumento de penas impide el delito o que el endurecimiento de ellas va traer seguridad ciudadana. La seguridad no depende de que a quien delinca se le apliquen penas severas o severísimas. La tan mentada y deseada "seguridad", la que siempre está entre las mayores preocupaciones en las encuestas de la opinión pública, depende exclusivamente de políticas públicas criminales y sociales que ataquen las causas productoras del delito para que no se sigan produciendo; en otras palabras "el actuar antes previniendo nos dará seguridad", el actuar después con penas más largas, pretendiendo atacar las consecuencias del acto criminal, sólo logrará mayor inseguridad, porque las cárceles han sido, son y serán escuelas de habitualidad y ello sí va en contra de la seguridad de todos.
En el mismo sentido un diputado tucumano opina sobre el tema aparentando tener la solución mágica a esta problemática que ya lleva años. Estas medidas efectistas -no efectivas- no son otra cosa que intentar tapar el sol con un dedo, aparte de ser totalmente inoportunas y casi irreverentes.
Los cada vez más angustiosos y coyunturales pedidos de seguridad por parte de los ciudadanos ante hechos muchas veces amplificados por los medios de comunicación, llevaron en estos últimos años a nuestros hacedores de las leyes a, espasmódicamente, correr a "reformar" lo que más fácilmente tenían a mano: el Código Penal, no sólo endureciendo las penas sino extrapolando tipos penales que nada tienen que hacer en nuestra realidad y circunstancias, en la creencia o conveniencia de que así no se les bajaría el pulgar por su falta de convicción, conocimiento y creatividad para exactamente no lograr la seguridad buscada, sino la aprobación de la población que ruge por tanta violencia reprimida; sin darse cuenta de que si bien ese es el camino para lograr más votos, no lo es aplicar violencia a la violencia ya existente, pues el resultado es el menos buscado.
En los últimos 20 años nuestros legisladores se dedicaron a hacer leyes puniendo las consecuencias y no atacando las causas: aumentaron penas a conductas delictivas que se repetían frecuentemente: el homicidio de policías, la muerte de ciudadanos por parte de policías (más conocido como "gatillo fácil") o los secuestros extorsivos. Lo que nunca se difunde son las estadísticas que indican que tales medidas no produjeron en lo más mínimo la reducción de tales hechos de violencia.
Hoy, tal proyecto, como muchos otros que ocupan espacio en los medios de comunicación, carece de coherencia, no solamente jurídica sino en el contexto penal de nuestro país, cuando maestros de la talla de Eugenio Raúl Zaffaroni, Ricardo Gil Lavedra y León Arslanián, entre otros penalistas y criminólogos, fueron designados por la señora Presidenta el pasado 7 de mayo para la elaboración de un Proyecto de Reforma Integral del Código Penal que se adecue a la realidad de nuestros días y se reestablezca la coherencia y la proporcionalidad entre los delitos y las penas que, ya en el siglo XVIII, Cesare Beccaria nos enseñaba a todos los seres humanos.
Es común la creencia -pero es deber de técnicos aclarar lo contrario- que el aumento de penas impide el delito o que el endurecimiento de ellas va traer seguridad ciudadana. La seguridad no depende de que a quien delinca se le apliquen penas severas o severísimas. La tan mentada y deseada "seguridad", la que siempre está entre las mayores preocupaciones en las encuestas de la opinión pública, depende exclusivamente de políticas públicas criminales y sociales que ataquen las causas productoras del delito para que no se sigan produciendo; en otras palabras "el actuar antes previniendo nos dará seguridad", el actuar después con penas más largas, pretendiendo atacar las consecuencias del acto criminal, sólo logrará mayor inseguridad, porque las cárceles han sido, son y serán escuelas de habitualidad y ello sí va en contra de la seguridad de todos.
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