Por Teresita Carabajal
20 Mayo 2012
SIN SEGURIDAD. Afuera de la escuela no hay control y aumentan los riesgos. LA GACETA / FOTO DE ANALIA JARAMILLO
En Río de Janeiro, el Gobierno de Dilma Rousseff resolvió poner guardias policiales dentro de las escuelas para frenar la violencia y el consumo de drogas ilegales.
El problema de la violencia juvenil y la drogadicción, en particular, revela el drama de lo que sucede dentro de los establecimientos educativos. Los docentes no son, justamente, quienes están capacitados para resolver estos problemas que, por otra parte no son exclusivos de una provincia o de un país: hiere tremendamente las fibras más sensibles de las comunidades de todo el mundo. De acuerdo a la opinión de especialistas, la búsqueda de políticas que ayuden a contener cualquier desborde socio-escolar es más que urgente, pero en Argentina, la decisión de la gobernante brasileña causó rechazo. Sin embargo, sirvió para el debate local. En Tucumán, en numeroso casos, los problemas relacionados a la violencia dentro de las escuelas se resuelven por la vía policial. En junio de 2011, la directora de un colegio privado, que encontró droga en la mochila de un alumno llamó a la policía antes que a los padres del niño, y luego lo expulsó. En los establecimientos ubicados en barrios periféricos, lo normal es que los directivos tengan a mano el celular del comisario de la zona. Explica una docente que el problema es que los equipos técnicos del Ministerio actúan luego de que han ocurrido los hechos. Otra dificultad es que el sistema promueve el ocultamiento de estos casos, con el argumento de que "no hay que estigmatizar el nombre de la escuela ni del barrio donde viven los alumnos".
Una escuela primaria del Mercofrut, inaugurada hace cinco años, está destrozada por el vandalismo existente en la zona. "Los padres y docentes piden guardias policiales porque aseguran que hay personas que venden porros y paco a los chicos", alertó una conserje que vive del sueldo estatal y se cuidó de no revelar su nombre.
La ministra de Educación, Silvia de Temkin, aseguró que en las escuelas hay patrullas policiales que monitorean la entrada y salida de los chicos, y en las paradas de ómnibus, por un acuerdo suscrito con el Ministerio de Seguridad. Pero la realidad muestra otra cosa: tanto en los alrededores de escuelas céntricas como en las ubicadas en la periferia, la guardia policial es inexistente. Hace apenas una semana, docentes de la Escuela N° 49 de Villa 9 de Julio, pidieron custodia policial. Y si piden seguridad es porque no la hay. Por eso es muy difícil pensar siquiera que en Tucumán se llegue al extremo de que policías patrullen los recreos.
El problema de la violencia juvenil y la drogadicción, en particular, revela el drama de lo que sucede dentro de los establecimientos educativos. Los docentes no son, justamente, quienes están capacitados para resolver estos problemas que, por otra parte no son exclusivos de una provincia o de un país: hiere tremendamente las fibras más sensibles de las comunidades de todo el mundo. De acuerdo a la opinión de especialistas, la búsqueda de políticas que ayuden a contener cualquier desborde socio-escolar es más que urgente, pero en Argentina, la decisión de la gobernante brasileña causó rechazo. Sin embargo, sirvió para el debate local. En Tucumán, en numeroso casos, los problemas relacionados a la violencia dentro de las escuelas se resuelven por la vía policial. En junio de 2011, la directora de un colegio privado, que encontró droga en la mochila de un alumno llamó a la policía antes que a los padres del niño, y luego lo expulsó. En los establecimientos ubicados en barrios periféricos, lo normal es que los directivos tengan a mano el celular del comisario de la zona. Explica una docente que el problema es que los equipos técnicos del Ministerio actúan luego de que han ocurrido los hechos. Otra dificultad es que el sistema promueve el ocultamiento de estos casos, con el argumento de que "no hay que estigmatizar el nombre de la escuela ni del barrio donde viven los alumnos".
Una escuela primaria del Mercofrut, inaugurada hace cinco años, está destrozada por el vandalismo existente en la zona. "Los padres y docentes piden guardias policiales porque aseguran que hay personas que venden porros y paco a los chicos", alertó una conserje que vive del sueldo estatal y se cuidó de no revelar su nombre.
La ministra de Educación, Silvia de Temkin, aseguró que en las escuelas hay patrullas policiales que monitorean la entrada y salida de los chicos, y en las paradas de ómnibus, por un acuerdo suscrito con el Ministerio de Seguridad. Pero la realidad muestra otra cosa: tanto en los alrededores de escuelas céntricas como en las ubicadas en la periferia, la guardia policial es inexistente. Hace apenas una semana, docentes de la Escuela N° 49 de Villa 9 de Julio, pidieron custodia policial. Y si piden seguridad es porque no la hay. Por eso es muy difícil pensar siquiera que en Tucumán se llegue al extremo de que policías patrullen los recreos.
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