Primero el fiscal, después el vicepresidente

BUENOS AIRES.- ¿La llegada de un juez nuevo significa investigación nueva? La pregunta circuló ayer por los pasillos del Congreso, de los tribunales federales porteños y por cuanto ámbito físico donde se respira política. Es que desde ayer, el juez federal Ariel Lijo quedó al frente de la investigación por las presuntas irregularidades en el rescate de la ex Ciccone Calcográfica, en la que aparece involucrado el vicepresidente, Amado Boudou. Así lo resolvió un sorteo realizado en la Cámara Federal, después de que la Sala Primera de ese tribunal apartara el jueves al juez Daniel Rafecas.

Lijo deberá determinar también un planteo de recusación contra el fiscal de la causa, Carlos Rívolo, formulado por el abogado Diego Pirota, representante del empresario José María Núñez Carmona, el mismo que obtuvo el apartamiento de Rafecas.

Cabe recordar que Rafecas y Rívolo, junto al ex Procurador General de la Nación, Esteban Righi (que ya renunció), y al titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, fueron algunos de los blancos que eligió Boudou en su contraataque político, luego del allanamiento que Rafecas dispuso sobre un departamento de su propiedad.

Ese día, el jueves 5 del corriente mes, Boudou habló de "ataque de mafias y esbirros", de intentos de "coimearlo" y de la existencia de "juzgados que actúan como verdaderas agencias de prensa".

Antecedentes

Lijo ya tiene otras causas vinculadas con Boudou. Por un lado, investiga la denuncia del vicepresidente contra el estudio jurídico de Righi, por presunto tráfico de influencias. Por el otro, tiene el expediente en el que el periodista Christian Sanz y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten le imputan un presunto "enriquecimiento ilícito". En ese último caso aparecen mencionados "supuestos testaferros" del vicepresidente, entre ellos los empresarios Alejandro Vandenbroele y José María Núñez Carmona y la periodista Agustina Kampfer, actual pareja de Boudou. En el otro expediente, Boudou denunció al estudio de Righi y a Gabbi, por un supuesto episodio ocurrido en julio de 2009, cuando estaba al frente de la Anses.

Según su versión, Ana María García, esposa de Righi, y María José Labat, mujer del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, lo fueron a ver para ofrecerles sus servicios para "aceitar lazos" con los jueces federales de Comodoro Py.

Lijo tuvo también a su cargo una investigación contra el candidato a Procurador General de la Nación, Daniel Reposo, a raíz de un violento incidente que protagonizaron durante una reunión del directorio de la empresa Papel Prensa el secretario de Comercio, Guillermo Moreno; el abogado José María Soaje Pinto. Lijo archivó esa investigación.

En la actualidad, en su juzgado tramita una denuncia del abogado Jorge Luis Vitale contra la presidenta, Cristina Fernández, por el manejo de los fondos de las obras sociales sindicales.

Reunión

Lijo y Rívolo estuvieron reunidos ayer luego de que el magistrado fuera nombrado a cargo de la causa Ciccone. Fuentes judiciales informaron que la reunión tuvo lugar en el despacho de Lijo, en el tercer piso del edificio de Comodoro Py. La reunión se dio antes de que el juez resuelva si decide apartar o no del caso a Rívolo, recusado por Nuñez Carmona, socio y amigo de Boudou. (DyN-NA)

¿Quién es Ariel Lijo ?

Las causas que manejó el magistrado

El juez Ariel Lijo es uno de los "nuevos" magistrados en Comodoro Py acostumbrado a las causas de trascendencia política y quien fuera nombrado por Néstor Kirchner (2004). Lijo investigó el atentado y muerte del sindicalista José Rucci, el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. También investigó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por la pelea que tuvo con un abogado durante una asamblea en Papel Prensa. Lijo ya tiene otras causas vinculadas con el vicepresidente, Amado Boudou, aunque en diferentes roles: por un lado, investiga la denuncia del compañero de fórmula de la presidenta, Cristina Fernández, contra el estudio jurídico del ex procurador general de la Nación, Esteban Righi, por presunto tráfico de influencias. Por el otro, tiene a su cargo el expediente por el que el periodista Christian Sanz y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten le imputan al presidente nato del Senado un presunto "enriquecimiento ilícito".