Boudou sumó cuatro denuncias por sus dichos en el Congreso

BUENOS AIRES.- El vicepresidente Amado Boudou recibió ayer tres denuncias judiciales, y ya acumula cuatro, para que se lo investigue por no haber denunciado, tal como reveló el jueves pasado, que el estudio de abogados del procurador general Esteban Righi le ofreció sus servicios para influir en los jueces federales y que el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, trató de sobornarlo.

Las denuncias fueron presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 y Boudou fue acusado de omisión de denuncia, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

Las presentaciones fueron hechas por los diputados de Ricardo Gil Lavedra (UCR), Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Udeso); por el ex legislador y la actual diputada de la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán y Alicia Terada, respectivamente, y por el abogado Ricardo Monner Sans.

La primera denuncia fue presentada el viernes pasado por el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, quien pidió que Boudou sea investigado por los delitos de sedición, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción.

Las denuncias quedaron radicadas ante los jueces federales Marcelo Martínez de Giorgi y Norberto Oyarbide, pero, por tratarse del mismo hecho, será tramitada por uno de ellos.

Boudou dijo el jueves pasado que del estudio de abogados "García, Labat, Musso y Righi" le ofrecieron sus servicios para tener contactos en la Justicia, mientras que sostuvo que Gabbi le pidió una coima para que el dueño de la empresa Boltd no lo "destruyera".

Los diputados de la UCR denunciaron que el vicepresidente "hizo clara mención a hipotéticos episodios delictivos perseguibles de oficio" y que "no los habría denunciado oportunamente ante la Justicia, como obligatoriamente le hubiese correspondido hacerlo en razón de su calidad de funcionario público".

Los legisladores recordaron que el Código Procesal Penal "les impone a los funcionarios o empleados públicos la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio, que conozcan en el ejercicio de sus funciones".

Por eso pidieron que sea investigado por omisión de denuncia, delito castigado con uno a seis años de prisión para los funcionarios públicos. Además hubo duras críticas de políticos. (DyN)