Por Álvaro José Aurane
07 Abril 2012
La claridad es la primera promesa de la demagogia, que nunca oferta responsabilidad. Para el demagogo, la mayor aspiración es alcanzar un mundo claro. Por eso diseña un presente donde el antagonismo es un modelo recurrente: ahí aparecen claramente divididos, para él y sus seguidores, los que quieren un proyecto nacional y popular, y los cipayos; los que apoyan a la gestión que quiere lo mejor para el pueblo, y los gorilas y los destituyentes; los nucleamientos de empresarios, medios, dirigentes e intelectuales que defienden los intereses de la gente, y las corporaciones.
Aspirar a un mundo responsable le da alergia a la demagogia. Por eso sólo habla de la democracia (al menos eso), pero no de la república. Por el contrario, acostumbra aborrecerla. Por ejemplo, cuando sostiene que el reclamo de calidad institucional es de derechas y de golpistas. Es que la democracia hace del voto un mandato total, mientras que la república ordena ese mandato: lo contiene para evitar desbordes. Lo distribuye en tres poderes iguales que deben controlarse entre sí. Porque en la política (como en la vida) lo opuesto a todo no es la nada, sino el límite.
Antónimos
Para el demagogo, lo opuesto a la claridad es la responsabilidad, no porque ella signifique opacidad sino porque implica complejidad. Y él, en la compleja responsabilidad, termina enredado. Así es como primero elogia los piquetes (una modalidad que se instaura en gobiernos anteriores al suyo), porque es el camino que el desplazado halla para hacerse visible. Pero después, frente a una rebelión fiscal por la suba de las retenciones a la exportación de granos, diferencia los piquetes de la pobreza de los de la abundancia. Y ahora, tras una década de poder, cuando los pobres o los trabajadores (para el 30% de los asalariados argentinos, "pobre" es sinónimo) hacen piquetes para protestar contra "el modelo", el oficialismo declara que son perjudiciales y desestabilizadoras.
Los enredos también se transfieren a los militantes y en los órdenes domésticos. Ayer, cuando la ministra de Seguridad, Nilda Garré, manifestó que tiene "mucho respeto" por el juez federal Daniel Rafecas, vituperado por Amado Boudou, los "cyber k" se aferraron a la crítica contra "la corpo" en las redes sociales: no tenían claro si había que seguir criticando al magistrado, o no.
La demagogia es, por naturaleza, claramente irresponsable. Y, al respecto, abril ofrece dos noticias. La buena: la Nación y la Provincia están abandonando ese estado político. La mala: no están saliendo de la demagogia para evolucionar, sino que ya ni siquiera proponen demagogia: se están desbarrancando de ella. El "bodouismo" -reducido a la persona del vicepresidente de la Nación- y el alperovichismo, por estas horas, no ofrecen claridad, ni mucho menos responsabilidad.
Dimensiones
Si el monólogo del presidente del Senado causó tanto impacto en los medios tradicionales y en los no convencionales (otra vez, las redes sociales) fue porque no todos los días se ve a un funcionario de la primera línea del poder despeñarse en tiempo real. Se equivocó. Desde hace tanto...
"La corpo" mutó a "la mafia", pero su ampliación se tornó inconmensurable. Eran los medios de comunicación acostumbrados, pero se sumaban otros. Porque el hecho tan inédito como gravísimo en la historia nacional de tener un vicepresidente en ejercicio allanado en una de sus propiedades, en el marco de una causa por supuesto tráfico de influencias para beneficio de la ex Ciccone (una firma conocida por los tucumanos hace una década, en los tiempos económicos y judiciales de los bonos mellizos), el gobernante lo redujo a "telenovela mediática". En "la mafia" confluyen no sólo medios sino también periodistas ("esbirros", según el "boudouismo"), y empresas privadas, y magistrados judiciales, y gobernantes de otros estados argentinos, y dirigentes políticos no solamente opositores sino también peronistas...
De pronto, la mafia comenzaba a adquirir dimensiones y fisonomías similares a las de todos los que no estaban sentados al lado del vicepresidente, que hablaba en la más absoluta soledad. Alguien debió decirle que cuando todos están equivocados, se hace hora de barajar la posibilidad de que acaso todos tengan razón.
Relatos
En la Argentina de jueces a disposición del poder político en caso de juicio político, la segunda autoridad nacional que no se pone a disposición de los tribunales dijo que la Justicia tiene baja calidad institucional. ¿Ahora es "progre" referir a ella? Si no van a abrir la discusión sobre la calidad institucional del Gobierno, el "boudouismo" dejó la demagogia para practicar el descaro.
De paso, nada aclaró Boudou acerca de las sospechas que pesan sobre él. Y como si no bastará, rezó un rosario de hechos delictivos que, a pesar de su obligación como funcionario público, jamás denunció en sede judicial.
Claro que el titular de la Cámara Alta no inaugura el ciclo de convocatorias a la prensa para hablar mal de quienes no opinan como él (esbirro, escoria, vodevil, cachafaz, bambolla y cachivache fueron algunas de sus injurias). Pero no menos cierto es que hay relatos y relatos. La Presidenta, guste o no lo que diga y lo que haga, toma los micrófonos bajo la consigna de defender su causa política. Su socio los usó para defenderse de una causa penal.
Despojado de claridades y de responsabilidades, la escena oficialista comienza a enseñar que el antikirchnerismo real (no el que disiente con su proceder, sino el que apuesta a perjudicarlo y a dañarlo en su legitimidad ante la opinión pública) no está afuera del Gobierno. Todo lo contrario...
Pavimentos
La soja por encima de los U$S 350 la tonelada es un potente tranquilizante económico para la Nación: ese es el "piso" de la previsión oficial para calcular cuánto retendrá a los exportadores. Con el precio arriba de U$S 500 (U$S 525 esta semana), la democracia pavimentadora de Tucumán encuentra en el "yuyito" a su padrino mágico. Sólo en marzo, a la Provincia le llegaron $ 15 millones más de los previstos para su programa de asfalto masivo.
Ese solo dato oscurece la pretendida claridad del justificativo oficial para el injustificado impuestazo que dio el alperovichismo: aumentó el 40% de la alícuota de Ingresos Brutos (pasó del 2,5% al 3,5%). El Gobierno lo aplicó en nombre de no paralizar las obras públicas. O sea, en nombre de continuar con el hormigonado de rutas y calles y con la construcción de escuelas y hospitales que no paga Tucumán sino la Nación. Obras que, además, están recibiendo, en algunos casos, mucho (pero mucho) más financiamiento que el que estimaban los cálculos más optimistas.
Se reivindican keynesianos los mismos gobiernos que palpitan públicamente una desaceleración económica y, a la vez, aumentan los impuestos, lo que a John Maynard Keynes le provocaría un infarto de irresponsabilidad. Y en el caso subtropical, ni siquiera está claro para qué. ¿O lo van a usar para pagarles a los jubilados el 82% móvil que la Justicia ordena vanamente que les liquiden?
Destinatarios
Lo peor no es ignorar el "para qué" del impuestazo, sino intuir su verdadero "para quién".
El impuestazo no es para favorecer a los pobres, sino para perjudicarlos. Ingresos Brutos (como su nombre lo indica) es un tributo distorsivo, que atropella a todos por igual. La suba de su alícuota encarece el costo de cada etapa de la producción (se paga Ingresos Brutos en compra de insumos, alquileres, boletas de la luz, depósitos bancarios y facturaciones), y por ende se traslada a los precios de los productos, incrementándolos. Inflacionándolos. Y esos encarecimientos son pagados por igual por los ricos y los pobres, los asalariados y los desocupados, los trabajadores y los jubilados.
El Estado ni remotamente redistribuirá riqueza con el impuestazo. La riqueza no se redistribuye con impuestos, sino generando productividad. No se reparte después de la instancia productiva, quitándole al que más produjo para darle al que menos (Robin Hood podrá haber sido simpático, pero vivía en la ilegalidad), sino aumentando la productividad para todos, alentando la radicación de inversiones con políticas impositivas decentes y no con presión fiscal que deja hipertenso al contribuyente. Cuando eso pasa, se genera trabajo legítimo y todos ganan más.
Lo contrario es este Tucumán de ficción: ya ni siquiera vale la pena discutir si, como pregona el alperovichismo, el desempleo es de sólo el 3%. Lo que sí debiera debatirse, y con gesto de alarma, es por qué somos una de las tres provincias con los sueldos más bajos de la Argentina.
Clasificaciones
Ahí comienza a esbozarse el identikit del "para quién" del impuestazo. El destinatario de la nueva y profunda metida de mano en el bolsillo de los tucumanos es el déficit alperovichista en políticas de crecimiento estructural de Tucumán. Mientras el oficialismo se empecina, al borde del ridículo, en llamar industria a los hoteles, los call center y los supermercados, el único milagro laboral es la empleomanía gubernamental. Incrementaron sólo durante el año pasado en casi un 15% la planta de empleados públicos permanentes, con 9.152 puestos que llevaron la planilla salarial fija de 60.000 a casi 70.000 cargos. Y faltan contar los contratados provinciales, más los planes sociales federales.
La demagogía promete liquidar la pobreza. El alperovichismo legisla y gobierna para que los pobres sigan pobres (y dependientes del asistencialismo estatal), pero, eso sí, viviendo mejor...
Una pregunta se instala con urgencia. Si los que gobiernan no califican ni para demagogos, entonces, ¿exactamente cómo qué deben ser clasificados?
Aspirar a un mundo responsable le da alergia a la demagogia. Por eso sólo habla de la democracia (al menos eso), pero no de la república. Por el contrario, acostumbra aborrecerla. Por ejemplo, cuando sostiene que el reclamo de calidad institucional es de derechas y de golpistas. Es que la democracia hace del voto un mandato total, mientras que la república ordena ese mandato: lo contiene para evitar desbordes. Lo distribuye en tres poderes iguales que deben controlarse entre sí. Porque en la política (como en la vida) lo opuesto a todo no es la nada, sino el límite.
Antónimos
Para el demagogo, lo opuesto a la claridad es la responsabilidad, no porque ella signifique opacidad sino porque implica complejidad. Y él, en la compleja responsabilidad, termina enredado. Así es como primero elogia los piquetes (una modalidad que se instaura en gobiernos anteriores al suyo), porque es el camino que el desplazado halla para hacerse visible. Pero después, frente a una rebelión fiscal por la suba de las retenciones a la exportación de granos, diferencia los piquetes de la pobreza de los de la abundancia. Y ahora, tras una década de poder, cuando los pobres o los trabajadores (para el 30% de los asalariados argentinos, "pobre" es sinónimo) hacen piquetes para protestar contra "el modelo", el oficialismo declara que son perjudiciales y desestabilizadoras.
Los enredos también se transfieren a los militantes y en los órdenes domésticos. Ayer, cuando la ministra de Seguridad, Nilda Garré, manifestó que tiene "mucho respeto" por el juez federal Daniel Rafecas, vituperado por Amado Boudou, los "cyber k" se aferraron a la crítica contra "la corpo" en las redes sociales: no tenían claro si había que seguir criticando al magistrado, o no.
La demagogia es, por naturaleza, claramente irresponsable. Y, al respecto, abril ofrece dos noticias. La buena: la Nación y la Provincia están abandonando ese estado político. La mala: no están saliendo de la demagogia para evolucionar, sino que ya ni siquiera proponen demagogia: se están desbarrancando de ella. El "bodouismo" -reducido a la persona del vicepresidente de la Nación- y el alperovichismo, por estas horas, no ofrecen claridad, ni mucho menos responsabilidad.
Dimensiones
Si el monólogo del presidente del Senado causó tanto impacto en los medios tradicionales y en los no convencionales (otra vez, las redes sociales) fue porque no todos los días se ve a un funcionario de la primera línea del poder despeñarse en tiempo real. Se equivocó. Desde hace tanto...
"La corpo" mutó a "la mafia", pero su ampliación se tornó inconmensurable. Eran los medios de comunicación acostumbrados, pero se sumaban otros. Porque el hecho tan inédito como gravísimo en la historia nacional de tener un vicepresidente en ejercicio allanado en una de sus propiedades, en el marco de una causa por supuesto tráfico de influencias para beneficio de la ex Ciccone (una firma conocida por los tucumanos hace una década, en los tiempos económicos y judiciales de los bonos mellizos), el gobernante lo redujo a "telenovela mediática". En "la mafia" confluyen no sólo medios sino también periodistas ("esbirros", según el "boudouismo"), y empresas privadas, y magistrados judiciales, y gobernantes de otros estados argentinos, y dirigentes políticos no solamente opositores sino también peronistas...
De pronto, la mafia comenzaba a adquirir dimensiones y fisonomías similares a las de todos los que no estaban sentados al lado del vicepresidente, que hablaba en la más absoluta soledad. Alguien debió decirle que cuando todos están equivocados, se hace hora de barajar la posibilidad de que acaso todos tengan razón.
Relatos
En la Argentina de jueces a disposición del poder político en caso de juicio político, la segunda autoridad nacional que no se pone a disposición de los tribunales dijo que la Justicia tiene baja calidad institucional. ¿Ahora es "progre" referir a ella? Si no van a abrir la discusión sobre la calidad institucional del Gobierno, el "boudouismo" dejó la demagogia para practicar el descaro.
De paso, nada aclaró Boudou acerca de las sospechas que pesan sobre él. Y como si no bastará, rezó un rosario de hechos delictivos que, a pesar de su obligación como funcionario público, jamás denunció en sede judicial.
Claro que el titular de la Cámara Alta no inaugura el ciclo de convocatorias a la prensa para hablar mal de quienes no opinan como él (esbirro, escoria, vodevil, cachafaz, bambolla y cachivache fueron algunas de sus injurias). Pero no menos cierto es que hay relatos y relatos. La Presidenta, guste o no lo que diga y lo que haga, toma los micrófonos bajo la consigna de defender su causa política. Su socio los usó para defenderse de una causa penal.
Despojado de claridades y de responsabilidades, la escena oficialista comienza a enseñar que el antikirchnerismo real (no el que disiente con su proceder, sino el que apuesta a perjudicarlo y a dañarlo en su legitimidad ante la opinión pública) no está afuera del Gobierno. Todo lo contrario...
Pavimentos
La soja por encima de los U$S 350 la tonelada es un potente tranquilizante económico para la Nación: ese es el "piso" de la previsión oficial para calcular cuánto retendrá a los exportadores. Con el precio arriba de U$S 500 (U$S 525 esta semana), la democracia pavimentadora de Tucumán encuentra en el "yuyito" a su padrino mágico. Sólo en marzo, a la Provincia le llegaron $ 15 millones más de los previstos para su programa de asfalto masivo.
Ese solo dato oscurece la pretendida claridad del justificativo oficial para el injustificado impuestazo que dio el alperovichismo: aumentó el 40% de la alícuota de Ingresos Brutos (pasó del 2,5% al 3,5%). El Gobierno lo aplicó en nombre de no paralizar las obras públicas. O sea, en nombre de continuar con el hormigonado de rutas y calles y con la construcción de escuelas y hospitales que no paga Tucumán sino la Nación. Obras que, además, están recibiendo, en algunos casos, mucho (pero mucho) más financiamiento que el que estimaban los cálculos más optimistas.
Se reivindican keynesianos los mismos gobiernos que palpitan públicamente una desaceleración económica y, a la vez, aumentan los impuestos, lo que a John Maynard Keynes le provocaría un infarto de irresponsabilidad. Y en el caso subtropical, ni siquiera está claro para qué. ¿O lo van a usar para pagarles a los jubilados el 82% móvil que la Justicia ordena vanamente que les liquiden?
Destinatarios
Lo peor no es ignorar el "para qué" del impuestazo, sino intuir su verdadero "para quién".
El impuestazo no es para favorecer a los pobres, sino para perjudicarlos. Ingresos Brutos (como su nombre lo indica) es un tributo distorsivo, que atropella a todos por igual. La suba de su alícuota encarece el costo de cada etapa de la producción (se paga Ingresos Brutos en compra de insumos, alquileres, boletas de la luz, depósitos bancarios y facturaciones), y por ende se traslada a los precios de los productos, incrementándolos. Inflacionándolos. Y esos encarecimientos son pagados por igual por los ricos y los pobres, los asalariados y los desocupados, los trabajadores y los jubilados.
El Estado ni remotamente redistribuirá riqueza con el impuestazo. La riqueza no se redistribuye con impuestos, sino generando productividad. No se reparte después de la instancia productiva, quitándole al que más produjo para darle al que menos (Robin Hood podrá haber sido simpático, pero vivía en la ilegalidad), sino aumentando la productividad para todos, alentando la radicación de inversiones con políticas impositivas decentes y no con presión fiscal que deja hipertenso al contribuyente. Cuando eso pasa, se genera trabajo legítimo y todos ganan más.
Lo contrario es este Tucumán de ficción: ya ni siquiera vale la pena discutir si, como pregona el alperovichismo, el desempleo es de sólo el 3%. Lo que sí debiera debatirse, y con gesto de alarma, es por qué somos una de las tres provincias con los sueldos más bajos de la Argentina.
Clasificaciones
Ahí comienza a esbozarse el identikit del "para quién" del impuestazo. El destinatario de la nueva y profunda metida de mano en el bolsillo de los tucumanos es el déficit alperovichista en políticas de crecimiento estructural de Tucumán. Mientras el oficialismo se empecina, al borde del ridículo, en llamar industria a los hoteles, los call center y los supermercados, el único milagro laboral es la empleomanía gubernamental. Incrementaron sólo durante el año pasado en casi un 15% la planta de empleados públicos permanentes, con 9.152 puestos que llevaron la planilla salarial fija de 60.000 a casi 70.000 cargos. Y faltan contar los contratados provinciales, más los planes sociales federales.
La demagogía promete liquidar la pobreza. El alperovichismo legisla y gobierna para que los pobres sigan pobres (y dependientes del asistencialismo estatal), pero, eso sí, viviendo mejor...
Una pregunta se instala con urgencia. Si los que gobiernan no califican ni para demagogos, entonces, ¿exactamente cómo qué deben ser clasificados?
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