Ofensiva argentina contra las petroleras por las Malvinas

BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional iniciará una ofensiva judicial, "dentro y fuera del país", contra empresas que realizan perforaciones y explotación de hidrocarburos en la zona de las islas Malvinas y contra firmas y bancos que les brinden apoyo logístico, servicios financieros, inversiones, asesoría y consultoría en general. Así lo expuso ayer el canciller Héctor Timerman, quien anunció que "la presidenta, Cristina Fernández, dispuso un plan de acciones legales del Estado en el país y en el exterior, contra actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en el Atlántico Sur, que incluirá denuncias penales, civiles y administrativas contra empresas que operan en la actividad de explotación y exploración petrolera.
Las medidas alcanzarán a empresas que son propietarias de pozos y plataformas petroleras, que "brinden apoyo logístico" y otras que "aportan apoyo financiero, inversiones y asesoramiento sobre inversiones", lo que incluirá denuncias penales y comerciales contra "bancos, accionistas, analistas y consultoras de riesgo" que hoy operan en el país y en el exterior.
Según lo anunció Timerman en el Palacio San Martín, la ofensiva del Gobierno comprenderá a empresas "que poseen ilegítimas licencias" otorgadas por Gran Bretaña para buscar petróleo" y "que operan en las bolsas de valores de Londres y Estados Unidos".
Al describir el "Plan de Acciones Legales", detalló que el Gobierno presentará denuncias penales y administrativas ante juzgados federales del país y organismos del Estado, entes reguladores y organismos internacionales. "Esta estrategia no se limitará a acciones desarrolladas en la Argentina; también se proyectará al exterior a través de mecanismos de cooperación judicial internacional", señaló después de precisar que se "implementarán medidas cautelares o de ejecución ordenadas por autoridades judiciales locales".
Argumentos
Al explicar los argumentos legales, Timerman señaló que "se trata de la defensa de la soberanía territorial y de los recursos naturales que son propiedad del pueblo argentino y que el Gobierno tiene la obligación de defender". En ese marco, señaló que la explotación y exploración de hidrocarburos que llevan a cabo firmas con licencias británicas "son acciones ilegales porque violan dos principios legales", entre los que mencionó: "la Ley argentina de Hidrocarburos" y "las resoluciones de las Naciones Unidas que obligan a las partes (Argentina y Gran Bretaña) a no adoptar ninguna medida unilateral sobre la zona, mientras no se resuelva la controversia por la soberanía".
En ese marco, anunció que "se remitirán notas de advertencia y asunción de riesgo a aquellas empresas y empresarios que podrían estar interesados en las ilegítimas actividades y a aquellas empresas que brindan servicios financieros, legales y asesoría y consultoría en general".   
Consultado sobre qué impacto espera el Gobierno en la próxima Asamblea de la ONU y en los países de la región, ante esta nueva avanzada, Timerman enfatizó que "esta batalla será diaria; este Gobierno no va a dejar pasar un solo día sin realizar una presentación judicial y en organismos internacionales, en defensa de los recursos que le pertenecen al pueblo argentino".

Reacción británica
Por otro lado, apenas se conocieron las nuevas medidas argentinas, desde el Gobierno británico se hizo saber que "la exploración de hidrocarburos es un emprendimiento comercial legítimo" y que "el Gobierno británico apoya el derecho de los habitantes de las islas Falkland (Malvinas) a desarrollar su sector de hidrocarburos", según fuentes de la gestión inglesa publicadas en portales internacionales y locales. "Este derecho es una parte integral del principio de autodeterminación, que está expresamente contenido en la convención internacional de derechos civiles y políticos",  señalaron las fuentes. (DyN)