28 Febrero 2012
BUENOS AIRES.- Un buen sistema de transporte y la transparencia en la gestión pública son dos de los principales faltantes en el inventario de progresos del kirchnerismo y acaban de confluir en el brutal accidente ferroviario en Once. "La corrupción mata" fue repetido con insistencia desde el trágico episodio del miércoles. Parece fruto de un razonamiento exagerado y simplista, pero hay un línea de puntos que une aquellos dos déficit de la última década.
Un hecho ilumina esa secuencia. El mismo día del accidente, el cuestionado juez Norberto Oyarbide favoreció a Ricardo Jaime al desistir de incorporar correos electrónicos incriminatorios como prueba contra el ex secretario de Transporte, en una de las causas que se le sigue por corrupción, ya que habría recibido dádivas entre 2003 y 2009.
Entre ellas hay viajes de placer pagados por Claudio Cirigliano cabeza del grupo que controla Trenes de Buenos Aires (TBA). Un documento elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) de 2008 dio cuenta de un "alto grado de deterioro de la infraestructura" ferroviaria por "falta de mantenimiento".
Mientras tanto se destinaban millonarios fondos en subsidios a TBA, pero el servicio nunca mejoró. Alguien en algún lugar del poder hizo la vista gorda. La familia Cirigliano tomó el control de la línea Sarmiento en 1995, justo en la mitad de la década menemista.
Ahora parece que el Gobierno inició el camino para avanzar sobre TBA. Podría ser a través de una intervención.
El titular de la AGN que produjo ese informe lapidario, Leandro Despouy, está por dejar su cargo. El 21 de marzo hará un informe de 10 años de gestión. En caso de no ser reemplazado por un dirigente de igual idoneidad y perseverancia, la oposición (el cargo pertenece a la UCR) habrá asestado otro golpe al debilitado sistema de controles y auditorías.
Sin estos instrumentos, algunas organizaciones civiles (Poder Ciudadano, Cippec, Directorio Legislativo) reman contra la corriente en su tarea y las causas por corrupción evidencian un lento avance en la Justicia.
Ahora quedó bajo la lupa la actuación del vicepresidente, Amado Boudou, en torno a la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica, que habrían efectuado allegados para favorecerse por contrataciones del Estado como la confección de papel moneda.
Ahora, Oyarbide entró en escena en el caso y podría pedir la unificación de las causas en su Juzgado. (NA)
Un hecho ilumina esa secuencia. El mismo día del accidente, el cuestionado juez Norberto Oyarbide favoreció a Ricardo Jaime al desistir de incorporar correos electrónicos incriminatorios como prueba contra el ex secretario de Transporte, en una de las causas que se le sigue por corrupción, ya que habría recibido dádivas entre 2003 y 2009.
Entre ellas hay viajes de placer pagados por Claudio Cirigliano cabeza del grupo que controla Trenes de Buenos Aires (TBA). Un documento elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) de 2008 dio cuenta de un "alto grado de deterioro de la infraestructura" ferroviaria por "falta de mantenimiento".
Mientras tanto se destinaban millonarios fondos en subsidios a TBA, pero el servicio nunca mejoró. Alguien en algún lugar del poder hizo la vista gorda. La familia Cirigliano tomó el control de la línea Sarmiento en 1995, justo en la mitad de la década menemista.
Ahora parece que el Gobierno inició el camino para avanzar sobre TBA. Podría ser a través de una intervención.
El titular de la AGN que produjo ese informe lapidario, Leandro Despouy, está por dejar su cargo. El 21 de marzo hará un informe de 10 años de gestión. En caso de no ser reemplazado por un dirigente de igual idoneidad y perseverancia, la oposición (el cargo pertenece a la UCR) habrá asestado otro golpe al debilitado sistema de controles y auditorías.
Sin estos instrumentos, algunas organizaciones civiles (Poder Ciudadano, Cippec, Directorio Legislativo) reman contra la corriente en su tarea y las causas por corrupción evidencian un lento avance en la Justicia.
Ahora quedó bajo la lupa la actuación del vicepresidente, Amado Boudou, en torno a la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica, que habrían efectuado allegados para favorecerse por contrataciones del Estado como la confección de papel moneda.
Ahora, Oyarbide entró en escena en el caso y podría pedir la unificación de las causas en su Juzgado. (NA)
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