Crece el gasto estatal por el abuso de drogas

El precio es altísimo. No sólo por los daños que deja en un organismo la droga. La desesperada necesidad de conseguir más y más dosis acarrea consecuencias devastadoras para las familias y para las comunidades enteras. El consumo cada vez mayor de sustancias legales e ilegales trae consigo tremendos costos para la sociedad. En los últimos años, el país registró un aumento continuo de los gastos asociados a las drogas.

Según un informe de Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Argentina gasta más de $ 14.100 millones al año en esta problemática, lo que corresponde a cerca de $ 390 per cápita. La magnitud relativa del problema representa un 3,69% del Producto Bruto Interno (PBI).

Según el estudio, llamado "Estimaciones de los costos del abuso de sustancias psicoactivas", el gasto asociado al consumo de drogas se duplicó en cuatro años. Los investigadores encontraron que la mayoría de estos gastos (el 63%) está relacionado a la pérdida de productividad en el trabajo, seguido por las erogaciones en atención de salud.

Al Estado le cuestan casi $ 9.000 millones las consecuencias laborales que tiene el consumo de drogas. Esto incluye el costo por ausentismo definitivo debido a muertes prematuras; también por ausentismo debido a problemas judiciales que tienen los consumidores y por faltas ocasionadas por enfermedades de trabajadores.

Hasta que no se ven los números parece imposible dimensionar la magnitud del drama de las drogas. No se puede creer que tenga tanto impacto: desde la atención en la salud, pasando por la deserción escolar o laboral, los accidentes de tránsito, la violencia doméstica, los casos judiciales hasta los intentos de suicidios.

La dependencia es lenta. El paso del coqueteo al abuso de una droga es muy sutil. Hasta que llega la primera ayuda suelen pasar varios meses e incluso años. En el medio, una persona va dejando muchas cosas en el camino: el trabajo, los estudios, una familia destruida, una causa en tribunales. Por eso, el tratamiento de un adicto abarca muchos aspectos y tiene un largo y extenso recorrido.

Los expertos en salud sostienen que para que haya una buena recuperación el período mínimo de terapia es al menos un año. Por mes, cada paciente le cuesta al Estado (sólo en concepto de rehabilitación) entre $ 800 y $ 1.100, si no requiere internación. Los costos se duplican o triplican en este último caso. A eso hay que sumarle el tratamiento psicológico que recibe la familia, si es que se ve afectada por la situación (ocurre en la mayoría de los casos), informaron fuentes del Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

Del total de gastos que le insume al Estado el consumo de drogas por año, la mayoría corresponde al uso del tabaco. Le sigue el alcohol y finalmente las drogas ilegales.

El "Paco", la basura que se obtiene en los procesos de elaboración de la cocaína es, sin duda, la droga ilegal que más le cuesta a la sociedad. Porque su consumo trae aparejada muchas enfermedades que requieren un prolongado tratamiento: desnutrición, tuberculosis, alteraciones neurológicas, entre otros, detallan los especialistas.

Poco más de la mitad de los gastos que le insume al Estado el abuso de sustancias ilícitas tienen que ver con la reducción de la oferta de drogas. Casi un 10% del dinero total se emplea para asistencia de adictos y un 32% de los costos está asociado con las pérdidas de productividad laboral que genera el consumo.

En el caso del cigarrillo la situación es muy distinta. El 95% del gasto por esta adicción (unos $ 5.500 millones) se relaciona a las consecuencias laborales: ausentismo por enfermedades o muertes prematuras. El alcoholismo también tiene un fuerte impacto en la productividad. Casi la mitad del dinero que cuesta esta enfermedad ($ 5.000 millones anuales) es por las huellas que deja el alcohol en el desempeño diario de las actividades.

8.952 millones
es el costo de la pérdida productiva El gasto por las consecuencias laborales asociadas al consumo de drogas son costos indirectos que una sociedad sufre por una disminución en la fuerza trabajadora, lo que repercute en la economía del país. La evaluación considera el ausentismo laboral por enfermedad, por causas judiciales o por la muerte.

4.379 millones
es el gasto directo del gobierno
Casi la totalidad de este dinero se emplea para la reducción de la oferta de sustancias, ya sea a través de campañas de prevención o por medio de operativos policiales antidrogas. En este presupuesto se incluye la preparación de operadores sanitarios hasta la instrucción de agentes especiales para la investigación del narcotráfico.

18,4 millones
es el costo por los daños a la propiedad
Estos gastos que tiene el Estado se asocian a los accidentes de tránsito con muertes vinculadas al consumo de alcohol y drogas ilegales. Según la investigación de la Sedronar en los diferentes centros de atención y en las comisarías, se determinó que ocurrieron en un año 960 hechos de este tipo en el país.

800 millones
es la erogación para la atención de la salud
Aquí se incluye lo que el Estado destina a los tratamientos de atención y rehabilitación de adictos tanto en centros de asistencia públicos como privados, ya que cuando no da abasto el sistema no tiene más opción que subsidiar los tratamientos en clínicas. También se destina dinero a la reinserción laboral del adicto.

539 millones
gasta el Estado por los que tienen causas judiciales y no trabajan
Este presupuesto incluye el costo por ausentismo laboral de personas condenadas por delitos asociados directa o indirectamente al consumo de drogas (5.473 individuos) y por aquellas arretadas por infracción a la ley de estupefacientes (83.290 personas).

875.711 días
completos de ausentismo laboral
Este es el impacto anual que deja una huella irreversible en la productividad del país. Las adicciones que más desencadenan faltas tienen que ver con el tabaquismo y el alcoholismo. El ausentismo se debe más que nada a enfermedades y a problemas judiciales. A eso hay que sumarle las muertes prematuras.