20 Diciembre 2011
BUENOS AIRES.- La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia pidió la inmediata citación a indagatoria de directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón en la causa por supuestos ilícitos en la venta de la empresa Papel Prensa.
El pedido de indagatoria presentado hoy ante el juez federal Julián Ercolini incluye, además, al ex dictador Jorge Videla, y a quien fuera su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
La secretaría, que actúa como querellante, quiere que, "sin más", Ercolini interrogue como imputados a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, Raymundo Juan Pío Podestá y Reinaldo Bandini.
Según un comunicado de la Secretaría, al escrito firmado por el titular del área, Eduardo Luis Duhalde y el subsecretario Luis Alén, se adjuntó un disco compacto con "la totalidad de los documentos entregados al Archivo Nacional de la Memoria por Carlos Osorio, director de la organización estadounidense National Security Archives".
El documento expuso que esos documentos llevaron a los jueces Arnaldo Corazza y Daniel Rafecas, y a la Cámara Federal porteña, a declarar que los hechos denunciados encuadran en el concepto de crímenes de lesa humanidad, cometidos por la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983.
La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como parte querellante "en virtud de las instrucciones impartidas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunciando que los propietarios de los diarios 'Clarín', 'La Nación' y 'La Razón' sostuvieron las posiciones de la Junta Militar genocida y sus funcionarios civiles".
El documento afirmó que los denunciados adoptaron esa conducta "incluso desde antes del asalto a las instituciones producido el 24 de marzo de 1976" y "apoyaron las acciones del Estado Terrorista y, asociados ilícitamente con el mismo, se apropiaron ilegalmente de la empresa Papel Prensa, utilizando amenazas y métodos extorsivos contra sus accionistas para forzarlos a ceder sus acciones".
El comunicado consignó que ese proceso "continuó con la detención ilegal de los accionistas y personas vinculadas con ellos, el sometimiento a torturas de los secuestrados ?que en el caso del doctor Jorge Rubinstein, le ocasionaron la muerte-, luego con la formación de un Consejo de Guerra en su contra, la interdicción de sus bienes y la privación de sus derechos civiles y políticos, al incluirlos en las llamadas Actas de Responsabilidad Institucional".
Luego, con la "puesta en marcha de la planta productora de papel para periódicos" los propietarios de Papel Prensa "sometieron al resto de los medios gráficos del país a través de la fijación del precio del insumo".
La querella indicó que "de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, relativos al "Caso Graiver", surge que "La Nación" y "Clarín" se habían beneficiado fácilmente de la venta de la planta "Papel Prensa", a precios extraordinarios.
Esos documentos, acotó la Secretaría, también aluden al temor de los propietarios de pequeños y medianos medios de comunicación, "debido a la decisión del gobierno de incrementar el impuesto al papel importado de un 10 % a un 45 %, lo que los forzaría a comprar el papel de muy superior costo y de menor calidad a la única empresa fabricante de papel de la Argentina, Papel Prensa".
La querellante recalcó que, según un informe "los propietarios de otros medios temían que los costos adicionales del papel los harían caer, y también apuntaban el potencial de ataques manipulativos a la libertad de prensa si todos los periódicos eran forzados a confiar en una fuente monopólica para el papel". (Télam)
El pedido de indagatoria presentado hoy ante el juez federal Julián Ercolini incluye, además, al ex dictador Jorge Videla, y a quien fuera su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
La secretaría, que actúa como querellante, quiere que, "sin más", Ercolini interrogue como imputados a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, Raymundo Juan Pío Podestá y Reinaldo Bandini.
Según un comunicado de la Secretaría, al escrito firmado por el titular del área, Eduardo Luis Duhalde y el subsecretario Luis Alén, se adjuntó un disco compacto con "la totalidad de los documentos entregados al Archivo Nacional de la Memoria por Carlos Osorio, director de la organización estadounidense National Security Archives".
El documento expuso que esos documentos llevaron a los jueces Arnaldo Corazza y Daniel Rafecas, y a la Cámara Federal porteña, a declarar que los hechos denunciados encuadran en el concepto de crímenes de lesa humanidad, cometidos por la dictadura cívico militar entre 1976 y 1983.
La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como parte querellante "en virtud de las instrucciones impartidas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunciando que los propietarios de los diarios 'Clarín', 'La Nación' y 'La Razón' sostuvieron las posiciones de la Junta Militar genocida y sus funcionarios civiles".
El documento afirmó que los denunciados adoptaron esa conducta "incluso desde antes del asalto a las instituciones producido el 24 de marzo de 1976" y "apoyaron las acciones del Estado Terrorista y, asociados ilícitamente con el mismo, se apropiaron ilegalmente de la empresa Papel Prensa, utilizando amenazas y métodos extorsivos contra sus accionistas para forzarlos a ceder sus acciones".
El comunicado consignó que ese proceso "continuó con la detención ilegal de los accionistas y personas vinculadas con ellos, el sometimiento a torturas de los secuestrados ?que en el caso del doctor Jorge Rubinstein, le ocasionaron la muerte-, luego con la formación de un Consejo de Guerra en su contra, la interdicción de sus bienes y la privación de sus derechos civiles y políticos, al incluirlos en las llamadas Actas de Responsabilidad Institucional".
Luego, con la "puesta en marcha de la planta productora de papel para periódicos" los propietarios de Papel Prensa "sometieron al resto de los medios gráficos del país a través de la fijación del precio del insumo".
La querella indicó que "de los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, relativos al "Caso Graiver", surge que "La Nación" y "Clarín" se habían beneficiado fácilmente de la venta de la planta "Papel Prensa", a precios extraordinarios.
Esos documentos, acotó la Secretaría, también aluden al temor de los propietarios de pequeños y medianos medios de comunicación, "debido a la decisión del gobierno de incrementar el impuesto al papel importado de un 10 % a un 45 %, lo que los forzaría a comprar el papel de muy superior costo y de menor calidad a la única empresa fabricante de papel de la Argentina, Papel Prensa".
La querellante recalcó que, según un informe "los propietarios de otros medios temían que los costos adicionales del papel los harían caer, y también apuntaban el potencial de ataques manipulativos a la libertad de prensa si todos los periódicos eran forzados a confiar en una fuente monopólica para el papel". (Télam)
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