Suspendido, mas no destituido

El 13 de abril de 1998, la Legislatura suspendió por 60 días hábiles a Antonio Bussi, acusado de "desórdenes de conducta y de falta de los deberes de su cargo". El vicegobernador Raúl Topa quedó a cargo del Ejecutivo. En un acto en la sede de FR, con voz firme, Bussi dijo: "hoy sufrimos por los traidores, pero mañana los estaremos pisoteando. Me he cansado de perdonar, he agotado mi imaginación, me he tragado mil cocodrilos por culpa de unos cuantos delincuentes". El 27 de mayo de 1998, la comisión Permanente de Juicio Político que presidía la justicialista Malvina Seguí lo acusó de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo y desórdenes de conducta. Se refería a la sustracción de sus declaraciones juradas, de manos del depositario legal, y a la falta de transparencia evidenciada al omitir dichas declaraciones. Se lo acusaba de haber poseído y poseer un patrimonio desproporcionado en relación con sus ingresos. Roberto Lix Klett, apoderado de Bussi, impugnó el informe por "parcial, tendencioso y falso". Resaltó que la pericia contable no tuvo en cuenta la herencia del gobernador suspendido. Tampoco se consideraron los tres primeros inmuebles adquiridos por Bussi en 1961, 1963 y en 1970. "Este error u omisión peca por determinar un patrimonio inferior, y establece erróneamente su origen en 1977", dijo Lix Klett. El juicio se prolongó hasta el 5 de junio y el general retirado no pudo ser destituido porque la mayoría opositora del tribunal de la Legislatura no alcanzó los dos tercios exigidos por la Constitución.