07 Noviembre 2011
MEGACAUSA. Rafecas investiga el secuestro, desaparición y torturas de 120 personas, de las cuales 30 nunca regresaron. FOTO TOMADA DE CIJ.GOV.AR
BUENOS AIRES.- El juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de 15 represores, acusados de más de un centenar de secuestros y torturas, entre otros delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura en el centro clandestino de detención conocido como "Puente 12" o "Protobanco".
La orden fue dictada en el marco de la "megacausa" del Primer Cuerpo del Ejército, y en ella se investigan los secuestros y torturas de unas 120 víctimas, de las cuales una treintena están desaparecidas, en el centro clandestino ubicado en Camino de Cintura y Richieri, y que funcionó entre 1974 y 1977.
Rafecas dispuso la detención de los ex comisarios de la Policía Bonaerense José Félix Madrid y Guillermo Horacio Ornstein, y los suboficiales José Sánchez, Ángel Salerno y Carlos Tarantino, todos detenidos por otras causas por violaciones a los derechos humanos.
Entre otros hechos, a los acusados se los responsabilizó por llevar a cabo un operativo ilegal en una casa del barrio de Palermo el 5 de noviembre de 1975, en el que fue asesinada María Teresa Barvich, y secuestrados Noemí Moreno (embarazada de siete meses), Norberto Rey, los hermanos Washington y Juan Carlos Mogorodoy, Blanca Becher y Griselda Lazarte.
Todos ellos estuvieron alojados en "Puente 12" en donde fueron víctimas de tormentos.
Rafecas también ordenó la detención de Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Antonio Guglielminetti, ambos detenidos en el marco de otra causa; de Hugo Idelbrando Pascarelli, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, y del ya detenido Miguel Etchecolatz, todos acusados de ser autores mediatos de esos delitos de lesa humanidad y por su actuación en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti"; ya que en "Protobanco" actuaba también la banda del fallecido Aníbal Gordon.
El centro clandestino "Puente 12" comenzó a funcionar en 1975 y allí hubo cautivos hasta febrero de 1977. En el lugar -tal cual acreditó el juez en su investigación- "se sometió a las víctimas a condiciones infrahumanas equiparables a torturas, tales como la sujeción e inmovilización, la prohibición del habla, el tabicamiento, la privación de agua y alimento".
Sobre las víctimas había una "prohibición de ir al baño, la exposición en desnudez, la amenaza constante con ser torturado físicamente, interrogatorios y en casi todos los casos, la aplicación de picana eléctrica, submarino, o golpes; mecanismos que se encaminaban a obtener la despersonalización de las víctimas". (NA-Télam)
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