Los controles sobre las divisas se volvieron armas de doble filo

BUENOS AIRES.- Un mayor intervencionismo estatal en áreas clave de la economía se vislumbra como uno de los ejes del segundo mandato de la presidenta, Cristina Fernández -tercero del kirchnerismo-, que arrancará el 10 de diciembre. La impresión surge clara tras la decisión de impedir que inversores y ahorristas sigan fagocitando reservas del Banco Central.

Convencida de que, si es preciso, el Estado debe interceder para inclinar la balanza, Cristina parece decidida a escuchar a sus colaboradores más estatistas. No dudó en prohibirle a millones de argentinos, mediante la AFIP, seguir cubriendo sus espaldas con el dólar.

Por ahora, el control de cambios frenó la salida de dólares y paralizó la minicorrida cambiaria. El Banco Central vendió sólo U$S 100 millones en la semana, cuando venía soltando unos U$S 750 millones semanales. Pero también disparó la tasa de interés que cobran los bancos, como consecuencia de una creciente cancelación de plazos fijos. La victoria inicial no hizo sino agudizar la desconfianza.

La Presidenta viene advirtiendo que la nueva realidad abierta en la Argentina no es una lucha de imparciales y aclara que no cumple un rol neutral en ese cruce de intereses. Sostiene incluso que su prioridad será la defensa de los sectores más vulnerables.

Señales de desconfianza
El problema es que la historia no la ayuda; porque al decidir cómo deben ahorrar los argentinos envía una señal de desconfianza. La búsqueda de refugio en el dólar por parte de millones de ahorristas no es un acto reflejo de esos tontos que suelen ser menospreciados por la verba de la militancia oficial. El Gobierno debería bucear en las razones de fondo por la que la fiebre por el verde había retornado meses antes de las elecciones.

Un cóctel de inflación alta y retraso cambiario forma parte de las razones por las que los argentinos resguardan lo poco que tienen en esa moneda. La evasión desempeña un rol en ese esquema, pero el relato construido por la propaganda oficial de que es la única razón por la que implementaron las medidas suena inverosímil, como los datos del Indec.

La razón de fondo por la que se adoptó esta medida sin precedentes -que convierte a la AFIP en administradora del volumen de dólares que pueden comprarse a diario- es que las reservas del BCRA empezaban a sentir la presión de una evaporación que iba hacia los U$S 3.500 millones por mes.

La falta de divisas de la exportación sojera -pilar indiscutible del modelo- contribuyó a conformar un cóctel que encendió alarmas en el Gobierno nacional. La Presidenta insiste en que ella debe articular los intereses de 40 millones de argentinos, y que no puede detenerse en los de un sector. Pero con su orden de establecer un "corralito cambiario" apuntó al corazón del ahorrista. Ahora un sector clave de la sociedad vuelve a sentir que queda a tiro de devaluación, que es otra forma de confiscación.

Hace medio siglo, los argentinos vienen sufriendo cada cinco o 10 años la confiscación de sus ahorros. Hace poco más de 20 años, algunos perdían parte de sus sueños por el Gobierno de Raúl Alfonsín, que no supo dominar la hiperinflación. Hace una década, con el corralito de Domingo Cavallo, la confiscación adoptó niveles de violencia nunca antes vistos en democracia, para favorecer a grupos financieros que hicieron un negocio descomunal.

Con esos antecedentes, ¿por qué no pensar que en un tiempo, cuando quizá no haya de dónde sacar fondos y sea necesario un ajuste, el Gobierno eche mano a una devaluación que termine con la ilusión de millones? En esos antecedentes de miserias y en este proceso de sorprendentes cambios de reglas de juego debería buscar Cristina la raíz de la desconfianza que su administración podría disparar si no repara a tiempo medidas controversiales que nunca se hubiese animado a tomar cuando salió a buscar lo que se tradujo luego en casi 12 millones de votos.