10 Octubre 2011
Sólo resta un paso administrativo para que el consorcio metropolitano encargado del manejo de los residuos sólidos urbanos llame a licitación para la conformación de una planta de transferencia y selección de la basura, en un predio de San Felipe.
Los integrantes de este organismo de administración esperan que el intendente, Domingo Amaya, promulgue una ordenanza aprobada durante la última sesión del Concejo Deliberante de la capital, que estableció una modificación en el Código de Planeamiento Urbano, a los fines de que el terreno en el predio a utilizar sea apto para desarrollar la actividad.
Así lo explicó el gerente operativo del consorcio, Julio Figueroa, quien adelantó que "ya están dadas las condiciones" para avanzar en el proyecto. "Estamos esperando la promulgación del intendente, porque era necesario modificar la denominación en el uso del suelo para que la Provincia nos ceda el predio en comodato y así, poder avanzar en el proceso licitatorio con las empresas interesadas en invertir en una planta de transferencia de los residuos sólidos", explicó Figueroa a LA GACETA
El ex ministro de la Producción durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003) señaló que el consorcio integrado por los municipios de capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí y Alderetes, ya cuenta con el certificado de apto ambiental para instalar la planta de transferencia.
Tareas limitadas
Al ser consultado sobre las denuncias de ambientalistas que aseguraban que en el predio de Pacará Pintado continuaban procesando residuos, Figueroa negó tales acusaciones y aseguró que en la planta perteneciente a Servicios y Construcciones La Banda SRL, "sólo reciben la basura y la clasifican", la que luego es trasladada a la planta de disposición final, en Overa Pozo (unos 50 kilómetros al este).
En noviembre del año pasado, los jueces Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Ávila ordenaron el cierre del predio y la eliminación de la basura allí depositada en un plazo de ocho meses. Luego, aclararon la sentencia y otorgaron un plazo para que la empresa concesionaria presente un plan de cierre, aunque mantuvieron la prohibición de que se arrojen allí los desechos del Gran San Miguel de Tucumán.
Según la empresa y la Secretaría de Medio Ambiente, Pacará Pintado funciona actualmente sólo como un centro de transferencia: es decir, la basura es clasificada y trasladada en camiones hasta la nueva planta de Overa Pozo. Sin embargo, ambientalistas temen que el predio aún funcione como centro de disposición de residuos sólidos urbanos.
Los integrantes de este organismo de administración esperan que el intendente, Domingo Amaya, promulgue una ordenanza aprobada durante la última sesión del Concejo Deliberante de la capital, que estableció una modificación en el Código de Planeamiento Urbano, a los fines de que el terreno en el predio a utilizar sea apto para desarrollar la actividad.
Así lo explicó el gerente operativo del consorcio, Julio Figueroa, quien adelantó que "ya están dadas las condiciones" para avanzar en el proyecto. "Estamos esperando la promulgación del intendente, porque era necesario modificar la denominación en el uso del suelo para que la Provincia nos ceda el predio en comodato y así, poder avanzar en el proceso licitatorio con las empresas interesadas en invertir en una planta de transferencia de los residuos sólidos", explicó Figueroa a LA GACETA
El ex ministro de la Producción durante el gobierno de Julio Miranda (1999-2003) señaló que el consorcio integrado por los municipios de capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Banda del Río Salí y Alderetes, ya cuenta con el certificado de apto ambiental para instalar la planta de transferencia.
Tareas limitadas
Al ser consultado sobre las denuncias de ambientalistas que aseguraban que en el predio de Pacará Pintado continuaban procesando residuos, Figueroa negó tales acusaciones y aseguró que en la planta perteneciente a Servicios y Construcciones La Banda SRL, "sólo reciben la basura y la clasifican", la que luego es trasladada a la planta de disposición final, en Overa Pozo (unos 50 kilómetros al este).
En noviembre del año pasado, los jueces Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Ávila ordenaron el cierre del predio y la eliminación de la basura allí depositada en un plazo de ocho meses. Luego, aclararon la sentencia y otorgaron un plazo para que la empresa concesionaria presente un plan de cierre, aunque mantuvieron la prohibición de que se arrojen allí los desechos del Gran San Miguel de Tucumán.
Según la empresa y la Secretaría de Medio Ambiente, Pacará Pintado funciona actualmente sólo como un centro de transferencia: es decir, la basura es clasificada y trasladada en camiones hasta la nueva planta de Overa Pozo. Sin embargo, ambientalistas temen que el predio aún funcione como centro de disposición de residuos sólidos urbanos.
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